Un abogado en el tanatorio
El principio de “buena fe” que, según el Estatuto General de la Abogacía, debe presidir las relaciones entre cliente y letrado, se ha convertido en objeto de debate con la irrupción, tras el accidente de Spanair, de bufetes norteamericanos dispuestos a obtener rentabilidad de la tragedia.
Así lo sugieren los requerimientos que el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha enviado a tres de los despachos que han cruzado el Atlántico para ofrecer sus servicios a los familiares y las víctimas del siniestro, que causó la muerte a 154 personas, en su intento de llevar el caso a los tribunales de Estados Unidos.
Ribbeck Law, The Gallagher Law Firm y Podhurst Orseck, procedentes de los estados de Illinois, Connecticut y Florida, respectivamente, son los bufetes advertidos por el CGAE para que se abstengan de utilizar “métodos contrarios a la Ley y a la ética profesional en la búsqueda de clientes”.
La ética y las normas deontológicas constituyen, según ha contado la experta en Derecho Internacional Nazaret Romero, dos de los ámbitos en que “difieren” la jurisdicción española y la estadounidense, que permite a sus letrados algunas prácticas prohibidas en nuestro país.
Es el caso de la libre publicidad, ya que mientras en EEUU se permite a los bufetes anunciarse con promesas de indemnizaciones multimillonarias, en España el artículo 25 del Estatuto de la Abogacía exige una publicidad “digna, leal y veraz, con absoluto respeto a la dignidad de las personas”.
Según Romero, se trata de “alcanzar un equilibrio entre las normas deontológicas y la Constitución Española”, aunque admite que éste es un objetivo “ambiguo, sujeto a interpretación y a cada caso concreto”.
“Conozco y respeto a abogados que van al tanatorio y dan su tarjeta a los familiares, pero eso se podría denunciar”, explica Romero, para quien la publicidad debe someterse a unos “límites éticos”, ya que están en juego “la sensibilidad y el derecho a la intimidad”.
El abogado que representó a muchas de las familias de las víctimas de un accidente aéreo ocurrido en Málaga en 2001, Manuel Temboury, afirma que “en España la ley no prohíbe de forma expresa ponerse en contacto con las víctimas, aunque sí hay restricciones respecto a cómo se hace y cómo se obtiene información sobre ellas”.
De hecho, el CGAE ha recordado a los bufetes norteamericanos que es “contrario a las normas deontológicas” ofrecer servicios “a víctimas de accidentes o desgracias, a sus herederos o a sus causahabientes, en el momento en que carecen de plena y serena libertad para la elección de abogado por encontrarse sufriendo”.
Romero advierte de “un posible abuso” en las campañas de presentación realizadas en Madrid y Las Palmas de Gran Canaria por algunos bufetes estadounidenses, que sólo pueden ejercer en España si se asocian con un abogado o despacho español.
Sólo uno de los bufetes requeridos, Podhurst Orseck, ha contratado los servicios de un despacho español, Fernando Scornik Gerstein, para que asista “a sus clientes en las gestiones que van a necesitar para llevar el caso a EEUU”, explica Saturia Ortega, abogada de Scornik.
Ortega advierte de que “no es lo mismo convocar un reunión informativa abierta a todo el mundo, como hicimos con Podhurst, que invitar sólo a víctimas y familiares. El asesoramiento sí es ejercicio profesional y los abogados estadounidenses no están habilitados para ejercer en España”.
Según Romero, esos abogados también tendrán que acreditar su competencia para actuar en EEUU y, si se demuestra que han cometido abusos en España, “habría que valorar qué tipo de sanciones se contemplan para el intrusismo profesional y la competencia desleal”.
