Alcaide se queja de la lentitud en la resolución de asuntos judiciales
El Diputado del Común, Manuel Alcaide, afirmó este martes que la tardanza en la resolución de asuntos judiciales hace que en muchos aspectos no exista una tutela judicial efectiva y consideró que los retrasos producen graves estragos y perjuicios a los ciudadanos.
Alcaide, que este martes entregó en el Parlamento de Canarias la memoria anual de la institución correspondiente a 2006, se mostró partidario de acometer una reforma “en serio” para acelerar la tramitación de los asuntos judiciales ya que, dijo, no se puede tolerar que un tribunal de lo contencioso administrativo tarde hasta tres años en señalar y resolver un juicio.
El Diputado del Común destacó que sin embargo son los órganos judiciales los que cooperan de una manera más importante y directa con esta institución al facilitar la información requerida.
Alcaide explicó que la justicia es el segundo motivo de las quejas que los ciudadanos dirigen al Diputado del Común, después de la función pública y trabajo, materias sobre las que hay que quejas tanto de los funcionarios como de los ciudadanos.
Concretó que en 2006 se presentaron ante esta institución unas 1.600 quejas, también referidas a asuntos como política territorial, educación o sanidad.
Indicó que el Diputado del Común no está contento con las administraciones, aunque reconoció que se trata de organismos complejos lo que a veces produce tardanza en la resolución de quejas y al respecto recordó que la última queja que está viva en esta institución data del año 2003.
No obstante señaló que las administraciones no tienen la conciencia clara de lo que es el Diputado del Común, denominación que dijo, no le gusta y preferiría que se llamara Defensor del Pueblo canario.
Indicó que en la memoria de este año aparece la calificación de obstruccionistas para algunos ayuntamientos y señaló que hay algunas administraciones que no contestan, por lo que habría que darle cuentas al Ministerio Fiscal.
Alcaide señaló que se está requiriendo a los alcaldes para que contesten y en caso contrario se les advierte de que pueden incurrir en hechos penados en el Código Penal.
Respecto a los menores, Alcaide dijo que las principales quejas que se producen son de oficio y recordó que este asunto es muy grave, sobre todo por los menores extranjeros no acompañados.
En este sentido destacó la dificultad que supone recibir a casi mil menores, muchos de ellos llegados en patera, y a los que hay que darles asistencia y señaló que a pesar de que la idea era que fueran trasladados a la Península, en Canarias todavía quedan unos 800 chicos, a los que además de ropa y comida, hay que facilitarles una educación.
Explicó que este año han abierto un estudio específico sobre los discapacitados al entender que se trata de un colectivo importante y recordó que en la sede del Diputado del Común en La Palma se está realizando una obra para permitir el acceso de personas con alguna discapacidad.
Asimismo se refirió a las jornadas que organizan todos los años contra el ruido y que en su opinión tienen poco éxito porque consideró que “gente no está por la labor” de reducir el nivel de ruidos que perturban.
Indicó que con estas jornadas se quiere incitar a los ciudadanos a ser conscientes del daño que causa el ruido.
El presidente del Parlamento, Gabriel Mato, dijo que el Diputado del Común es una institución muy importante que hay que potenciar porque, en su opinión, es preciso proteger a quien es el encargado de velar por los derechos de los ciudadanos.
Mato dijo que hay que intentar que las administraciones colaboren más con esta institución ya que, recordó, una de las quejas más habituales es que la administración no responde al Diputado del Común con la celeridad debida, lo que dificulta su trabajo.
