El Ayuntamiento de Telde, condenado a readmitir a los trabajadores
El Juzgado de lo Social número 9 de La Palmas ha dictado una sentencia por la que condena al Ayuntamiento de Telde a indemnizar o a readmitir a los trabajadores de la empresa Hermanos Santana Cazorla que dejaron de prestar el servicio de mantenimiento de las vías públicas cuando el Consistorio resolvió la resolución del contrato suscrito el 4 de febrero de 2005.
Según el fallo judicial, dictado el pasado 11 de julio, el magistrado Óscar González Prieto estima demanda interpuesta por 14 trabajadores de Santana Cazorla al considerar improcedente su despido y condena al Ayuntamiento a readmitirlo en su puesto de trabajo “en las mismas condiciones” o a indemnizarles con cantidades que van desde 1.710 a 7.350 euros según los casos. La sentencia exige de responsabilidad a la empresa adjudicataria del servicio y carga toda la culpa en la Institución municipal.
El magistrado basa su condena en el que el Ayuntamiento incumplió el convenio colectivo general del sector de la construcción que obliga a la subrogación del personal de contratas de mantenimiento de carreteras. En este caso, el Ayuntamiento de Telde asumió la ejecución de los trabajos tras finiquitar la concesión a Santana Cazorla, pero no se subrogó al personal, por lo que, el titular del Juzgado de lo Social número 9 de Las Palmas de Gran Canaria, entiende que se ha producido un cese improcedente. Por este motivo, absuelve de cualquier responsabilidad a las entidades Hermanos Santana Cazorla y Conazsal SL.
Polémico contrato
La empresa Santana Cazorla presentó un escrito el 21 de diciembre de 2007 en el Ayuntamiento de Telde en el que solicitó la rescisión del polémico contrato del mantenimiento de vías públicas del municipio, acuerdo suscrito con el anterior pacto local formado por PP y AFV-Ciuca y que fue anulado por la Justicia.
La compañía, que dejó de prestar servicios el pasado 21 de enero, pidió la anulación del multimillonario contrato realizado en 2004 por el anterior grupo de gobierno para gestionar el servicio de mantenimiento y reparación de las vías por 170.000 euros al mes hasta 2011.
Santana Cazorla justificó la rescisión por “incumplimiento del contrato de la administración municipal” y argumentó que el Consistorio sólo abonó las siete primeras certificaciones al mes de 2005, pero, “sin causa alguna que lo justifique”, no pagó de la octava a la 30 (desde octubre
