El nuevo bono social eléctrico tropieza con la burocracia y el colapso en los ayuntamientos canarios
El nuevo bono social eléctrico, que fija descuentos de entre el 25 y el 50% en la factura de la luz para los hogares vulnerables, ha tropezado con la burocracia y el colapso en los servicios sociales de los ayuntamientos. El Gobierno español anunció el jueves, ante las dificultades detectadas para tramitar estas ayudas, que ampliaba en seis meses, de abril a octubre, el plazo para que los demandantes puedan presentar la documentación que acredite que cumplen los requisitos para mantener esta bonificación destinada a paliar la pobreza energética. En Canarias son más de 102.000 las familias que deben adaptarse al decreto aprobado por el Gobierno central en octubre de 2017, según datos facilitados por el Ejecutivo autonómico.
Esta prórroga supone un respiro para miles de familias a quienes la fecha límite del 10 de abril comenzaba a ahogar con la amenaza real de perder el derecho de acceso al bono, lo que les obligaría a volver a la casilla de salida y comenzar de nuevo los trámites. Y es que casi medio año después de la aprobación del decreto, las administraciones afectadas por el cambio normativo siguen sumidas en la incertidumbre sobre su aplicación. El Gobierno de Canarias ha delegado competencias de gestión en los municipios mientras los ayuntamientos lanzan mensajes de auxilio para evitar cargar aún más los ya saturados servicios sociales.
Según datos proporcionados a Canarias Ahora por Unelco-Endesa, la principal operadora eléctrica de las Islas, hasta esta semana sólo 8.000 de esas 102.000 familias habían solicitado la renovación del bono social. Fuentes de la compañía reconocen que el ritmo de presentación de solicitudes es “bastante lento” y dicen tener constancia del colapso que están sufriendo los departamentos de servicios sociales de las administraciones para poder tramitar los documentos. El Gobierno de Canarias, a través del Comisionado para la Inclusión Social y la Lucha contra la Pobreza, cifra en algo más de 2.000 el número de consumidores que hasta febrero se habían adaptado a la nueva norma.
El Ejecutivo regional ha conformado un grupo de trabajo, que incluye a los viceconsejeros de Industria y Asuntos Sociales, al mencionado comisionado y a un representante de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), para abordar la implantación del nuevo decreto. También los cuatro principales ayuntamientos de las Islas (Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Telde y San Cristóbal de La Laguna) han convocado una reunión para el próximo 5 de abril con el objetivo de “analizar el nuevo escenario” que se dibuja para las corporaciones locales.
Fuentes sindicales de uno de esos ayuntamientos, el de Las Palmas de Gran Canaria, aseguran que los trabajadores no han recibido de momento “ninguna directriz” para la elaboración de los certificados sociales y de circunstancias especiales que requieren las eléctricas para gestionar el bono y que, debido a ello, durante las últimas semanas han tenido que lidiar con “la frustración” de personas que acuden a las oficinas municipales en busca de la documentación y a las que no pueden dar respuesta. Desde La Laguna, la concejala de Asuntos Sociales, Flora Marrero, afirma que la corporación aún sigue trabajando con el antiguo sistema, a través del convenio firmado con las eléctricas. Otros ayuntamientos canarios que sí están elaborando los informes sociales que deben presentar los ciudadanos a las eléctricas ya sufren el colapso y las colas en las oficinas municipales, según diversas fuentes consultadas por este periódico.
La Casa del Funcionario, una asociación que agrupa a trabajadores del sector público, presentó el pasado 8 de marzo una denuncia ante la Dirección General de Consumo del Gobierno de Canarias en la que habla de “falta de respuesta” de la administración y “una posible obstrucción” al derecho de acceso al bono social. En este escrito, el colectivo recoge el caso de una ciudadana que acudió a la Consejería de Asuntos Sociales del Ejecutivo regional a solicitar el certificado que acredite las circunstancias especiales que la hacen merecedora del descuento. Desde el Gobierno le informaron de que los órganos competentes para tramitarlos son los ayuntamientos. Sin embargo, siempre según la denuncia, en los servicios sociales comunitarios del Consistorio de Las Palmas de Gran Canaria también le negaron este documento alegando falta de competencia.
Tres categorías de consumidores vulnerables
El Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, establece tres categorías de consumidores con derecho al bono social: el vulnerable (con descuento del 25% en la factura), el vulnerable severo (40%) y el vulnerable severo en riesgo de exclusión (hasta el 50%). Para renovar el bono social eléctrico o solicitarlo por primera vez es necesario, además de rellenar un formulario disponible en las páginas web de las empresas comercializadoras, presentar una serie de documentos que varían en función de las circunstancias del demandante (niveles de renta, pensiones, familia numerosa, discapacidad…)
En el caso de aquellas personas que necesiten acreditar circunstancias especiales (discapacidad, víctimas de violencia de género o víctimas del terrorismo), el decreto estatal contempla que el certificado sea emitido “por los servicios sociales del órgano competente o del que designe la Comunidad Autónoma”. En Canarias, el Ejecutivo ha delegado en los ayuntamientos y estos, a través de la Fecam, ya se han opuesto a que se sobrecarguen aún más los servicios sociales de los municipios.
“El decreto exige una aplicación inmediata y en él no queda suficientemente claro quién tiene las competencias. No está claro el procedimiento”, señalan fuentes oficiales del Comisionado para la Inclusión Social y la Lucha contra la Pobreza.
“No nos corresponde llevar esa carga social, deberá venir de otras administraciones. No podemos emitir esos certificados cuando, por ejemplo, el Gobierno ya tiene los datos de Dependencia. Debe haber otros mecanismos”, sostiene José Manuel Molina, presidente de la Comisión de Asuntos Sociales de la Fecam. El también alcalde de Tegueste explica que el Gobierno de Canarias, Endesa y la Fecam están trabajando en un borrador para establecer un protocolo de implantación del nuevo bono social eléctrico y precisa que el Ejecutivo ha admitido algunas de las alegaciones que han presentado los municipios con el objetivo de aliviar las áreas de asuntos sociales, aunque de momento evita precisar en qué se concretan porque el documento “aún está en manos de los técnicos”.
En la misma línea, desde el citado comisionado del Gobierno canario han solicitado a las eléctricas una mayor flexibilidad para que, por ejemplo, los ayuntamientos o los servicios sociales del Ejecutivo no tengan que elaborar un certificado sobre discapacidad cuando ya existe una resolución administrativa que acredita que el demandante tiene reconocido un cierto grado.
Más allá de las disputas por las competencias, Gobierno y ayuntamientos coinciden en afirmar que las ayudas de emergencia social “van a cubrir las necesidades” de las familias más vulnerables en caso de que existan dificultades en la aplicación del bono social. “Siempre ayudaremos a través de esta vía”, afirma José Manuel Molina, que explica que la Fecam mantiene en vigor un convenio con el Gobierno de Canarias por el que este transfiere a los ayuntamientos 2,6 millones de euros al año (600.000 euros de crédito extraordinario y dos millones de crédito extraordinario) para unas ayudas de emergencia social que los municipios pueden repartir según sus propios criterios, aunque una buena parte de los fondos se destinan a evitar cortes de luz por impagos.
Efecto perverso del bono social
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha denunciado los “efectos perversos” del nuevo bono social aprobado por el Gobierno en octubre. El decreto establece que los ayuntamientos deberán asumir el 50% de las facturas para impedir los cortes de suministro eléctrico a los consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión en caso de que no puedan afrontar los pagos. Con este sistema, “las eléctricas tendrán a quien culpar en caso de corte de suministro (los servicios sociales que no quisieron pagar la factura) y los servicios sociales que atienden ya a más de ocho millones de personas al año recibirán toda la presión de la demanda, además de verse obligados a compartir información de ciudadanos con unas empresas privadas que activarán estos servicios públicos cuando estimen oportuno”, vaticina.
Las directoras y gerentes sociales consideran que algunos consumidores se verán en la disyuntiva de “pagar la factura con un decuento del 40% o dejar de hacerlo y que los servicios sociales lo asuman”. Esta asociación estima que el decreto tendrá un importante impacto presupuestario en ayuntamientos y comunidades autónomas que cuantifica en 300 millones al año en todo el Estado y entre 21 y 24 millones en Canarias y coincide con los ayuntamientos en que ocasionará “una sobrecarga de gestión imposible” para los servicios sociales y los profesionales, “ya exhaustos”.
En una nota difundida tras la aprobación del decreto, la asociación también critica que el Gobierno “discrimine positivamente algunas circunstancias”, bonificando, por ejemplo, a todas las familias numerosas con independencia de us ingresos, mientras que otras “más castigadas”, como las monoparentales o aquellas personas que viven solas, “no son tenidas en cuenta”.
