Bufetes internacionales sugieren a las víctimas demandar a Boeing
Hasta cuatro bufetes internacionales de abogados se han puesto en contacto con familiares de las víctimas del accidente aéreo del pasado 20 de agosto en Barajas para ofrecerles sus servicios de cara al cobro de posibles indemnizaciones. Entre las acciones que apuntan estos especialistas en litigios derivados de catástrofes aéreas sugieren, para el caso del JK-5022, demandar también al fabricante del avión, la compañía americana Boeing, que en 1999 adquirió McDonnell Douglas.
Los bufetes, expertos en este tipo de litigios, se han dirigido a los familiares de las víctimas para indicarles que pueden cobrar desde 106.684 euros por fallecido en aplicación del Convenio de Montreal, sin plantear demanda judicial, pero que esa cantidad puede verse notablemente incrementada si se acude a los tribunales de justicia, particularmente a los americanos.
Como pago por sus servicios, los contratos que proponen estos despachos establecen el 25% de la suma neta conseguida antes de la presentación de una demanda judicial, y del 33% de lo que se obtenga tras esa demanda. Es lo que se conoce como cuota litis, no permitida en España. Por eso estos abogados siempre firman con sus clientes acuerdos regidos por leyes de algún Estado norteamericano, particularmente de la Corte Superior de California.
Allí, en Estados Unidos, tienen su sede los fabricantes del MD-82, el avión siniestrado, así como los fabricantes de los motores de ese modelo de McDonnell Douglas, la Pratt & Whitney, y otras compañías que despacharon subcomponentes para este modelo de avión.
No es que los bufetes especializados ya conozcan las causas del accidente y se inclinen por el fallo en el motor izquierdo y otros componentes del aparato. Es que su experiencia en decenas de catástrofes aéreas les enseña que suelen concurrir diversas circunstancias que conducen a responsabilidades compartidas entre la compañía aérea (error humano) y los fabricantes de las aeronaves (fallos técnicos).
En documentos cuidadosamente redactados, los bufetes de abogados con sede en Estados Unidos y en el Reino Unido explican a los afectados por la tragedia de Barajas que son capaces de alcanzar “una banda económica cuyo punto de partida es más elevado que el contemplado en España, si bien menor que en Estados Unidos. A menudo lo denominados como paquete indemnizatorio del Atlántico Medio”, dice uno de esos bufetes.
“Podríamos negociar un paquete indemnizatorio que refleje no sólo que Spanair pagaría bajo el régimen de responsabilidad Montreal [en referencia al Convenio de Montreal, que obliga a las compañías a pagar sea o no sea culpable del accidente], sino además indemnizaciones más elevadas en una corte estadounidense contra las empresas USA responsables”, se puede leer en uno de los folletos informativos entregados a los familiares de los fallecidos.
Las indemnizaciones medias en Estados Unidos, afirma este mismo bufete de abogados con sede en Londres y en California, “pueden ser hasta diez veces más elevadas que las de la UE”.
Eso lo saben los fabricantes de aviones norteamericanos, y lo sabe la National Transportation Safety Board (NTSB), que ha designado a un experto en seguridad área, John Novell, para dirigir las investigaciones del accidente del avión de Spanair. Junto a él, ese equipo lo forman asesores de la Federal Aviation Authority (FAA), de Boeing y Pratt & Whitney.
Sin inclinarse por hipótesis definitiva alguna, al menos uno de estos despachos internacionales de abogados se detiene mucho a analizar las teorías y versiones expuestas alrededor de un posible fallo del motor izquierdo del MD-82 accidentado, sin descartar incluso que “el aborto del primer despegue, unido al funcionamiento en tierra de los motores con temperaturas elevadas en Madrid, pudiera haber agravado un problema en los motores no diagnosticado”.
