Canarias, entre las comunidades que menos ayuda a las familias
El lugar de residencia de las familias está provocando “desigualdades” e “injusticias”, ya que dependiendo de la comunidad donde vivan recibirán más o menos ayudas, aunque la apuesta por este segmento de la población ha sufrido una “regresión”, según un informe del Instituto de Política Familiar.
El estudio Las ayudas a la familia de las Comunidades Autónomas pone de manifiesto la “dejadez” de las administraciones en este ámbito, “característica de todos los partidos políticos” que gobiernan en las comunidades, señaló el presidente de esta asociación, Eduardo Hertfelder.
Navarra, Castilla y León, Cataluña y Madrid son las que más ayudan a las familias, mientras que Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura y Asturias las que menos. Las dos últimas no dan ninguna ayuda directa.
Todas las comunidades disponen de algún tipo de medidas, pero no son “universales”, es decir dirigidas a todas las familias. El 47% de las comunidades las destinan sólo a familias con situaciones específicas, como partos múltiples o familias numerosas.
Además, dos de cada tres imponen límites de renta en las ayudas directas y fiscales “que impide a la mayoría de las familias acceder a las ayudas”, el 70% no actualiza las prestaciones directas y más de la mitad tampoco revisa las deducciones fiscales.
Tener el primer o el segundo hijo no da derecho a ninguna ayuda directa autonómica por nacimiento en el 65% y en 3 de cada 4 comunidades tampoco se conceden ayudas para excedencias por cuidado de hijos pequeños, ni para guarderías.
El estudio explica que una familia que tuviera dos hijos podría recibir el primer año (por ayudas de nacimiento, cuidado y excedencia) 7.671 euros en Castilla y León, 6.300 en el País Vasco, 4.320 en Baleares, 3.967 en Navarra, 2.400 en Cantabria, 1.200 en Cataluña, 720 en Galicia, 200 en Madrid y ninguna cantidad en el resto de las comunidades.
Entre las propuestas para abordar estas carencias, el Instituto de Política Familiar propone un Pacto Solidario por la Familia para que todas las administraciones autonómicas implanten unos “mínimos” que eviten “la discriminación e injusticia existente en la actualidad” y la puesta en marcha de una ley o, al menos, un Plan Integral de apoyo a la familia.
Recuerdan que ninguna comunidad autónoma tiene Consejerías de familia específicas (Galicia y Cataluña la han eliminado) y en tan sólo cuatro la tienen compartida (Aragón, Castilla y León, Madrid y La Rioja).
En el último año se ha producido un “moderado avance” en siete comunidades (Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Murcia, País Vasco y La Rioja) que han establecido alguna nueva ayuda, de las que sólo en Madrid, La Rioja y País Vasco han sido de carácter general.
