Canarias traslada a Europa que no puede hacerse cargo de 800 menores

La consejera de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, trasladó esta viernes en Lanzarote a los máximos dirigentes del Ministerio de Justicia y al comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammemberg, que Canarias no tiene un problema económico con los menores inmigrantes, sino de gestión al no poder asumir “el sacar adelante” los 800 niños que actualmente están acogidos en los diferentes centros del Archipiélago.

La consejera del Gobierno regional, que estuvo en Lanzarote coincidiendo con la 28 Conferencia de Ministros de Justicia del Consejo de Europa, consideró que de la jornada de este viernes puede concluirse que Canarias ya no está sola al haber recibido de Hammamberg el mensaje de que el problema de los menores no acompañados, que ha sido uno de los temas tratados por los ministros europeos en Canarias, “es un problema europeo”.

Rojas acompañó a Hammamberg a un centro de acogida de menores en Arrecife, atendiendo a una petición del mismo Consejo de Europa (el organismo que reúne a 47 países europeos) de visitar esos centros para conocer la problemática real del Archipiélago.

Rojas manifestó que “España, Europa y Canarias por fin hemos podido sentarnos y hablar de los menores, y les hemos explicado que Canarias quiere ser la voz de estos niños en Europa”. Rojas insistió ante el secretario de Estado que el problema de Canarias “no es económico para sacar adelante estos niños, sino de limitación para dar de verdad un futuro a un número tan numeroso de niños como están llegando de África”.

Por ello, Rojas insistió en la petición canaria de que pueda absorber un número concreto de niños de los que llegan, y más allá de eso que el Estado, además de acelerar las repatriaciones en los casos en que se pueda, gestione su reparto entre las distintas comunidades autónomas.

En estos momentos, recordó Rojas, en los centros canarios hay un total de 800 menores no acompañados, y si bien el acuerdo con el Estado es que la comunidad autónoma ofrecerá plazas para 250, “estamos dispuestos a acoger hasta a 300”. Por ello, dijo Rojas, urge que el Gobierno central encuentre una solución para los 500 restantes que en estos momentos están en las Islas y sobre los que el Gobierno regional recuerda que no tiene capacidad para asumir aunque de facto lo esté haciendo.

“He encontrado mucha predisposición y me quedo con el hecho de que Canarias ya no se siente sola”, al haber encontrado del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa el apoyo al decir que “éste es un problema europeo”.

Comunidades insolidarias

“Canarias está por la labor de echar una mano, porque éste es un problema de todos”, trasladó Rojas al secretario de Estado de Justicia, el canario Julio Pérez, frente a los medios de comunicación. Ante la petición de incrementar las derivaciones de los menores hacia otras comunidades de la península, Pérez respondió que es preciso abordar este hecho, pero recordó que al ser la acogida de menores una competencia autonómica se depende de la solidaridad del resto de autonomías para poder proceder al reparto.

Pérez, que en un primer momento se mostró reticente a decir qué autonomías están siendo insolidarias, acabó situando a Madrid y La Rioja como parte principal de este problema. Las competencias, insistió Pérez, están en mano de las comunidades autónomas, y el Estado lo que procura es actuar en la línea de poner de acuerdo a las comunidades autónomas, “no de presionarlas” para que reciban algunos de los niños llegados al Archipiélago.

Pérez dijo que lo principal es la lucha contra la inmigración ilegal, y desde el Gobierno central se trabaja en esa línea, poniendo el ejemplo en la reciente ley que permitirá actuar contra los patrones de patera que se dirigen a las Islas aunque éstos sean detenidos en aguas internacionales, o con los convenios de repatriación.

Pérez recordó las dificultades existentes para el proceso de repatriación de los menores no acompañados, ante los problemas para conseguir realmente la reunificación familiar, y expuso que en estos momentos hay más de 700 expedientes de repatriación, muy minuciosos, en los que se escucha al niño, se le documenta y se busca localizar a su familia.

Se han podido ejecutar unas 100 repatriaciones, de ellas muy poquitas desde Canarias, pero seguiremos repatriando niños, hay que asumir cada uno su responsabilidad, repartir las responsabilidades, comprometer a toda Europa y tener la esperanza de que en el origen de todo, podamos mejorar África y que no tengan que llegar.

El Gobierno asegura que trabaja para agilizar las repatriaciones

El Gobierno trabaja “con la mayor agilidad” para iniciar en el más breve plazo la repatriación de menores inmigrantes con “todo el rigor y las garantías” precisas para que el retorno se produzca con “escrupuloso” respeto a la normativa internacional vigente sobre menores no acompañados.

Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, ha respondido de este modo en Almería a las declaraciones vertidas ayer por la Consejera andaluza de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, quien admitió desconocer el inicio de un proceso que la propia Rumí aseguró que empezaría en el mes de septiembre.

Ha explicado que el Gobierno sigue trabajando con “todo el rigor” que requiere un asunto “tan delicado” como es la devolución a sus países de origen de menores no acompañados, para iniciar el proceso en el más breve plazo posible con todas las garantías de que éste se produce conforme a derecho.

Rumí, sin manifestarlo de forma expresa, ha achacado el retraso que se está produciendo en el inicio de la repatriación de los 988 menores cuyos expedientes se han puesto a disposición del Estado a la complejidad de los procesos administrativos requeridos y a la implicación en el asunto de multitud de actores e instituciones.

Interrogada por los periodistas sobre la denuncia formulada por Amnistía Internacional, organización que aseguró este jueves que el Gobierno ha vulnerado derechos fundamentales de los menores inmigrantes expulsándolos del país bajo una supuesta reagrupación familiar, ha señalado que ni conoce ni entiende la denuncia.

A pesar de ello ha querido puntualizar que todo lo que ha hecho hasta la fecha la Administración en materia de menores inmigrantes se ajusta “con escrupuloso respeto” al derecho, a la ley y a todos los convenios firmados internacionalmente para garantizar los derechos de los menores.