CCOO denuncia al Grupo ALSA ante la Inspección de Trabajo por no aclarar cómo compensa en Canarias los cursos a sus chóferes

Comisiones Obreras (CCOO) ha presentado una denuncia formal ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social contra Gumidafe, empresa de transporte de viajeros perteneciente al Grupo ALSA, especializada en ofrecer servicios de transporte regular, discrecional, escolar, turístico y para eventos especiales como bodas o excursiones en Gran Canaria.

La reclamación se ha interpuesto tras lo que el sindicato califica como una “negativa reiterada de facilitar información” sobre cómo se compensan las 35 horas destinadas al curso obligatorio de renovación de la licencia profesional de conducción (conocido técnicamente como CAP).

Desde CCOO recuerdan en un comunicado que esta formación es un requisito legal e indispensable para que el personal de conducción pueda ejercer sus funciones profesionales. Por ello, el sindicato defiende que el tiempo dedicado a este curso debe poseer “la consideración de tiempo efectivo de trabajo” y, en consecuencia, ser debidamente reconocido y compensado, especialmente en los casos en que los empleados tuvieron que realizarlo fuera de su jornada laboral ordinaria o durante sus periodos de inactividad.

La representación laboral asegura haber recibido numerosos quejas y consultas de la plantilla en las últimas semanas. Tras solicitar formalmente a la dirección de Gumidafe una aclaración sobre el criterio de compensación aplicado, denuncian que la compañía ha optado por no responder, privándoles de una información que consideran “esencial para el ejercicio de sus funciones”.

Ante este escenario, CCOO ha decidido acudir a la vía administrativa a través de la Inspección de Trabajo, advirtiendo que no descartan iniciar futuras acciones “administrativas, judiciales o sindicales” para defender los derechos de la plantilla. Además, han trasladado la situación a la dirección del Grupo ALSA en la Península para mantenerles informados de lo que ocurre en las islas.

El sindicato concluye la misiva cuestionando con dureza las prácticas sociolaborales del operador de transportes tras su implantación en el archipiélago: “A la vista de lo ocurrido, creemos que el cambio sí ha llegado, pero no del lado correcto”, lamentan, al tiempo que aseguran que seguirán utilizando todas las vías legales a su alcance para exigir transparencia, respeto y el cumplimiento estricto de la legislación vigente.