Cinco aeropuertos canarios, afectados por la huelga en Groundforce

CCOO, UGT y USO han convocado una huelga indefinida para los trabajadores de tierra de Groundforce a partir del lunes 30 de marzo, que se realizará en tres franjas horarias diferentes y afectará a los 12 aeropuertos españoles, entre ellos cuatro en Canarias, donde opera la compañía, tras atrasar la convocatoria tres días ya que, en principio, arrancaba este mismo viernes.

De esta forma, esta huelga se llevará a cabo entre las 5.00 y las 7.00 horas, entre las 11.00 y las 17.00 y entre las 22.00 y las 00.00 horas de cada día, de manera indefinida.

La huelga afecta a los servicios de handling (asistencia en tierra) en los aeropuertos de Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia, Palma de Mallorca, Ibiza, Málaga, Gran Canaria, Tenerife (Norte y Sur), Lanzarote, Fuerteventura y Bilbao.

En concreto, según ha informado la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias, la huelga afectará en las islas a una plantilla de unos 1.000 trabajadores.

Al respecto, el sindicato ha añadido que al afectar a un servicio “clave” en la operativa aeroportuaria como el handling, el conflicto adquiere “especial relevancia en el archipiélago por el peso del tráfico aéreo en la economía regional y por el volumen de trabajadores implicados”.

La convocatoria responde al “incumplimiento por parte de la dirección de la empresa de los compromisos salariales recogidos en el convenio colectivo”, según los sindicatos, quienes señalan que la empresa interpreta de manera unilateral los artículos del convenio, lo que “en la práctica, está suponiendo una pérdida directa de poder adquisitivo”.

CCOO, por su parte, denuncia que la empresa está utilizando una interpretación restrictiva del artículo 96 del convenio “para dejar sin efecto lo establecido en el artículo 94, que asegura la actualización salarial conforme a la inflación acumulada desde 2022”.

Asimismo, CCOO acusa a la dirección de haber aplicado recortes en las subidas salariales pactadas para determinados grupos profesionales, “lo que constituye un incumplimiento directo del convenio colectivo vigente y genera desigualdades injustificadas dentro de la propia plantilla”.