La Fiscalía ordena el cierre de un centro de menores ''casi en ruinas''
El Cabildo de Gran Canaria cerró este pasado martes el centro de protección de menores Laurisilva, en Telde, después de que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) instara a su clausura por considerar que carecía de las condiciones dignas de salud, higiene y habitabilidad, pues estaba casi en “ruinas”.
La fiscal Inés Herrero, responsable de la sección de Protección de Menores de la Fiscalía del TSJC, confirmó la noticia publicada por el periódico Canarias7 sobre la clausura del centro, en el que residían 17 menores en régimen de acogida inmediata, tres de los cuales eran chicas extranjeras y otros que se habrían fugado.
El número de fugados no pudo ser precisado por la fiscal, quien indicó que la orden de cierre se produjo tras una inspección ordinaria que se practicó el pasado lunes y martes al centro, situado en Ojos de Garza, y que gestionaba la organización no gubernamental Mensajeros de la Paz tras un convenio con el Cabildo.
La falta de cristales en algunas ventanas de las habitaciones del centro desde el pasado mes de septiembre son algunas de las numerosas deficiencias que se advirtieron, así como la existencia de puertas rotas, falta de bombillas, cableado eléctrico al aire, suciedad notable y carpintería metálica oxidada.
El centro carecía de mobiliario adecuado, como armarios para la ropa de los menores, que estaba amontonada en el suelo. Tampoco disponía de mesas de estudio, libros de lectura, ordenadores o DVD para que se desarrollaran las labores de educación y tutela.
La fiscal añadió que la comida que se servía era deficiente y que en los terrenos de alrededor del inmueble se acumulan escombros y basura, en lugar de existir una zona ajardinada para los menores. Éstos han sido realojados en otros centros de la isla.
Inés Herrero explicó que Laurisilva es un centro de acogida inmediata y que el plazo de permanencia de los menores, una vez que ingresan, es de tres meses, aunque se superaba “con mucho”. Durante esos tres meses se debe valorar su situación para determinar si procede la reintegración familiar o declarar la situación de desamparo.
En ese caso, se les ingresa en un centro de acogimiento, agregó la fiscal, quien indicó que el Cabildo de Gran Canaria presentó el martes un informe a la Fiscalía en el que se señalaba que se estaban haciendo las acciones oportunas para adecuar un centro de acogida inmediata de menores adolescentes a la mayor brevedad posible.
El consejero de Asuntos Sociales del Cabildo de Gran Canaria, Pedro Quevedo, se reunirá este miércoles con la organización no gubernamental Mensajeros de la Paz, indicaron fuentes de la corporación.
Por otra parte, la Consejería de Bienestar Social del Gobierno canario informó de que el pasado mes de marzo la Dirección General de Protección del Menor y la Familia, que se encarga de la tutela de los menores, remitió un informe al Cabildo para que subsanara las deficiencias detectadas en Laurisilva tras una inspección efectuada en el centro. En este informe se señalaba que, de lo contrario, habría que cerrarlo, agregaron las fuentes.
La fiscal señaló que, cuando desde el Cabildo se concierta un convenio con una organización para la gestión de un centro de estas características, éste queda sin efecto en caso de que se incumplan las condiciones que se precisan para la debida atención de los menores.
Inés Rojas asegura que se buscarán soluciones a la situación de Laurisilva
La consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, dijo este miércoles que entre todas las administraciones se buscará una solución para el centro de protección de menores Laurisilva, en Telde, Gran Canaria, después de que la Fiscalía del TSJC instara a su clausura.
La Fiscalía instó al cierre de este centro por considerar que carecía de las condiciones dignas de salud, higiene y habitabilidad, pues estaba casi en “ruinas”, y este miércoles la consejera declaró en los pasillos del Parlamento regional que si el centro no reúne las condiciones se está en el derecho de tomar la decisión de cierre.
Inés Rojas se mostró convencida de que el Cabildo de Gran Canaria corregirá la situación, y agregó que se pondrá en contacto con la corporación insular para ver qué problemas tiene el centro y subsanarlos.
El Gobierno de Canarias tiene la tutela de los menores acogidos en ese centro y el Cabildo de Gran Canaria la gestión del mismo, recordó la consejera, quien insistió en que entre todos se buscará una solución.
