Los funcionarios de Salto del Negro asumen funciones que cumplía la Guardia Civil con tan “solo un bolígrafo para defendernos”

Sensación de fragilidad e indefensión. Es lo que siente el personal funcionario de prisiones de la cárcel Las Palmas I (Salto del Negro), una de las que hay en la isla de Gran Canaria. La plantilla denuncia que desde el pasado 1 de noviembre, la Guardia Civil dejó de realizar la vigilancia exterior de la prisión y, desde entonces, son estos trabajadores los que tienen que realizar esta tarea para la que asegura que no cuentan ni con el suficiente personal ni con los medios de defensa adecuados. “Nos sentimos indefensos”, señalan funcionarios de esta cárcel. Y es que, a la hora de hacer frente a un posible incidente en la barrera de entrada “solo tenemos un bolígrafo como medio de defensa”, relatan.

Los sindicatos Acaip-UGT y CCOO han presentado varias quejas y escritos en los que advierten de que, según el artículo 63 del reglamento, la seguridad exterior de la prisión “corresponde a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”. En el caso de la otra cárcel que existe en la isla (Las Palmas II) aseguran que es la Policía Nacional la que realiza esta función. Desde la Delegación del Gobierno en Canarias explican que el cambio que se ha producido es “en el control de acceso” y no fuera del perímetro del centro. También subrayan que sí que se ajusta al Reglamento Penitenciario, ya que en su artículo 69 recoge que “se procederá al registro y control de las personas autorizadas a comunicar con los internos, así como de quienes tengan acceso al interior, salvo en las visitas oficiales de autoridades…” La plantilla, sin embargo, ha acatado la orden con indignación y hartazgo.

Uno de los principales problemas que apuntan es que no existe un protocolo de actuación entre las partes que trabajan en este centro: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, empresa de seguridad privada, y ahora, funcionarios. Aseguran que estos últimos no cuentan con la preparación suficiente ni medios y que es una “autoridad” la que debería realizar dichas funciones.

Según explican, desde principios de este mes tienen que hacer tres turnos que cubran las 24 horas del día y que el más largo es el nocturno, de diez horas. Para realizar este trabajo deben permanecer todo el tiempo tras la barrera y para poder acudir al servicio, por ejemplo, tienen que pedir permiso y que alguien cubra ese momento. El turno de noche aseguran que además es el más duro y en el que sienten mayor indefensión. A ello se le suma que la garita en la que deben trabajar estos funcionarios se encuentra a 43 metros de la puerta de entrada de la prisión, por lo que consideran que no está lo suficientemente cerca y no cuenta con condiciones de salubridad, ni aseo próximo. “No ha habido una evaluación del puesto ni se ha formado a los funcionarios para la atención y posible violencia que sufran”, denuncia CCOO en una de sus quejas.

Saturación y precariedad

Los cambios en las condiciones de trabajo de este personal se producen en un contexto en el que existe escasez de plantilla. La edad media de estos profesionales es de 44 años y en los próximos años se van a producir jubilaciones, por lo que la convocatoria pública de oposiciones no servirá para paliar esta situación. Estos cambios además no han sido negociados con el personal, por lo que “no hay evaluación de los riesgos laborales” del mismo. Tampoco se ha creado esa plaza en la RPT, que no está dotada presupuestariamente.

La cárcel de Las Palmas I cuenta con 1.190 presos, según cálculos de los representantes sindicales. De ellos, 840 se encuentran siempre internos y el resto en otras situaciones como la de libertad condicional. Los funcionarios de prisiones se dividen en personal de oficina, plantilla que se dedica a las comunicaciones familiares y quienes tratan directamente con los presos en los módulos. Dichas tareas se dividen en turnos para cubrir las 24 horas. En un día hay unos 30-35 funcionarios que realizan este trabajo, por lo que destinar a una persona solo para la función de control en el acceso supone emplear a tres personas en un día para este fin, por lo que ha habido que reestructurar al personal.

Hace solo unos meses, los funcionarios de prisiones llevaron a cabo una huelga en todo el país para reclamar mejoras y la ampliación de plantillas. Según denunció Acaip-ugt, en toda Canarias hay unas 168 plazas sin cubrir, 17 de personal sanitario. Además, desde 2008 ha mermado el poder adquisitivo de esta plantilla hasta en un 15,5%. En el caso concreto de Las Palmas I, el sindicato apunta que de 9 plazas de médicos, solo hay cubiertas cuatro y que una de ellas es una profesional en prácticas que podría marcharse el próximo año. Además, el salario de un médico es entre 500 y 600 euros inferior al de un centro del Servicio Canario de Salud.

Solo hay tres auxiliares de enfermería en esa cárcel de los seis puestos que existen y la sanidad en ese centro se ha convertido en “urgencias” porque no se puede emplear tiempo en prevención, por ejemplo. Así mismo, cuentan con tres cocineros de los cinco que deberían existir. Este cúmulo de carencias hace que el personal se encuentre saturado y denuncie el hartazgo en el que está sumido y, por ello, piden al Gobierno que reconsidere decisiones como la del pasado 1 de noviembre.