La Fundación O’Belén, denunciada por presuntos malos tratos a menores, gestiona un centro en Canarias

La Fundación O'Belén, denunciada por presuntos malos tratos a menores en el informe que realizó hace unos días el Defensor del Pueblo, gestiona también el centro de protección Cango, en el municipio tinerfeño de Tacoronte. Entre otras anomalías, el dictamen atribuye a esa organización, en varias dependencias que administra en la Península, encierros en celdas de aislamiento, veto a la correspondencia privada y malas condiciones de higiene en las habitaciones.

Además del centro de Tacoronte, la fundación O'Belén gestiona en la Península cuatro centros para menores con problemas de conducta, dos en Castilla La Mancha, uno en Madrid y uno en Castellón, siendo los tres primeros los que han recibido mayor crítica en el informe del Defensor del Pueblo.

Tal y como denuncia este jueves el diario El País, en el centro de Picón del Jarama (Madrid), gestionado por O'Belén, “se castiga a los niños a través de las contenciones (dejar al joven inmóvil en el suelo), obligándoles a estar desnudos en cuclillas o encerrándoles durante días, aunque se autolesionen u orinen encima”.

El Defensor del Pueblo dedica numerosas páginas de su informe al centro de Picón del Jarama, en Madrid, comunidad acusada de “inacción” en la corrección de las irregularidades que expone esta figura institucional. También el centro de Nuestra Señora de La Paz en Cuenca recibe críticas, sobre todo centradas en su sala de contención: “un cubículo forrado de goma que debido a su iluminación y color negro produce una privación sensorial añadida”.

Según expone El País, los testimonios de los jóvenes que han permanecido en estos centros son “estremecedores”. Algunos relatan cómo, en Casa Joven, eran castigados en celdas sin ventanas, si golpeaban la puerta les apagaban la luz durante 12 horas. El castigo por llegar tarde al comedor era “no comer” y no les dejaban recibir llamadas ni correspondencia. “Era peor que una cárcel”, asegura uno de los chicos. Algunos trabajadores de estos centros han manifestado que a los muchachos se les sometía a un aislamiento “total y absoluto”, que era “inexplicable”.

El informe canario

En el informe oficial remitido por la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias al Defensor del Pueblo no se hace expresa referencia a anomalías de funcionamiento en el centro tinerfeño de Cango, a pesar de que tampoco se ahonda en las inspecciones que el departamento del Ejecutivo regional ha realizado en este centro.

El estudio del Defensor del Pueblo, que recoge la información que la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias remite a esa institución, deja constancia de que la red de centros de atención a menores “es muy insuficiente” en el Archipiélago. A pesar de ello, señala que dicha carencia quedará corregida con la próxima puesta en funcionamiento de dos nuevos centros: uno para menores con trastornos de conducta, previsto para 2008, que contaría con 20 plazas en Las Palmas de Gran Canaria; y otro de iguales características en La Laguna.

El escrito del Defensor del Pueblo deja claro que estas instituciones son competencia de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, si bien no tiene conocimiento de las inspecciones que se han realizado en los centros de menores, ya que en el informe facilitado por el Ejecutivo “no se hace referencia a las mismas”.

El centro terapéutico de Tacoronte, destinado a la protección de menores con problemas en su entorno más próximo, es el único en las Islas para el tratamiento con problemas graves de conducta y está cofinanciado por el Gobierno de Canarias.

Este centro cuenta con ocho plazas, a pesar de que en la fecha en que se realizó el informe del Defensor del Pueblo, se encontraban en él 10 menores. “Se trata de jóvenes de entre 12 y 17 años tutelados por la Administración, que presentan trastornos graves, habiéndose agotado con ellos todos los recursos posibles y alternativos”, precisa el dictamen.

“Se citan como ejemplo”, agrega el documento, “los comportamientos agresivos y muy disruptivos, las fugas frecuentes tanto del centro escolar como del hogar residencial, la falta de habilidades sociales e interpersonales, las conductas graves de desobediencia, los problemas de adaptación social, personal, familiar, escolar, ocupacional, la violencia recurrente y negativismo desafiante, la destructividad, la baja tolerancia a la frustración, impulsividad, y la falta de autocontrol emocional y conductual”, según la información que remite el Gobierno canario al Defensor del Pueblo.