El Gobierno canario exige medidas contraincendios permanentes
El Gobierno de Canarias pedirá al estatal que se destinen al Archipiélago de forma permanente algunas de las unidades contraincendios desplazadas a las Islas para luchar contra el fuego esta semana, por entender que la lejanía de su territorio lo “exige y requiere”. José Miguel Ruano, consejero de Presidencia anunció que el Ejecutivo “pide la permanencia de, al menos, dos helicópteros y sus correspondientes brigadas forestales”, que, en las épocas del año de menor alarma, se dedicarían a labores de prevención y entrenamiento, por entender que su envío a las Islas sólo cuando se produce un incendio no es operativo.
Ruano hizo estas declaraciones al término de una reunión deliberante del Consejo de Gobierno regional celebrada sin previo aviso para analizar los graves incendios declarados en Gran Canaria y Tenerife, así como el hallazgo del cadáver de una adolescente desaparecida hace una semana.
Una reunión tras la que el Gobierno canario quiso matizar que, si bien está satisfecho de cómo se han coordinado con la Administración del Estado las tareas de lucha contra el fuego, no está conforme con el hecho de que haya que esperar a la llegada de aeronaves con base en la Península al menos hasta 40 horas después porque aseguró no están operativas en el Archipiélago.
El Consejo también decidió plantear al Gobierno central que, tras los incendios de Gran Canaria y Tenerife, colabore con la Comunidad Autónoma en la elaboración de sendos planes destinados a subsanar los daños provocados por el fuego: uno contra la erosión del suelo, que evite que se agraven las secuelas de los siniestros en el monte y en los terrenos agrícolas, y otro de dinamización económica.
Éste iría destinado a contrarrestar las pérdidas sufridas, en materia de infraestructuras principalmente, por agricultores, ganaderos y empresas de las zonas afectadas, con medidas que ayuden también a la recuperación de establecimientos turísticos o parques temáticos cuyas instalaciones destrozaron las llamas, dijo Ruano.
El consejero canario afirmó que, a fin de hacer realidad esas iniciativas, la Comunidad Autónoma reclamará al Estado que, “más allá del compromiso político expresado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, intentemos acordar un marco de relaciones” en el que se definan las acciones conjuntas a acometer para reparar los daños de ambos siniestros. Dos incendios que figuran “entre los más voraces y duros de los últimos años” en el Archipiélago, en la medida en que se han extendido desde el monte a zonas habitadas, pero ante los cuales el Gobierno de Canarias valora el hecho de que se hayan controlado “en pocos días” y, sobre todo, el “éxito importante de que no se hayan producido víctimas humanas”.
Del balance de los daños avanzó que se empezará a efectuar cuando los fuegos se extingan definitivamente, algo que dijo se logrará “en unos días”, si bien dijo que se anticipará parte del trabajo durante sendas visitas que distintos responsables autonómicos efectuarán a las zonas afectadas por las llamas, este viernes en Gran Canaria y el sábado en Tenerife. Con ellas se pretende definir “toda la tipología” de daños sufridos por los distintos damnificados, particulares o no, de los siniestros, a fin de facilitar luego el proceso de concesión de las ayudas prometidas para todos ellos por distintas administraciones.
Ruano destacó que el Consejo decidió, por otra parte, expresar su agradecimiento a todo el personal que ha participado en la lucha contra el fuego, así como a las comunidades autónomas de Madrid, Galicia y Andalucía por ofrecer el envío de medios para colaborar en esas labores.
Penas a la altura de las circunstancias
Por otro lado, el Gobierno de Canarias reclamó también este jueves que “se aplique estrictamente la legislación penal” a los autores de los incendios de Gran Canaria y Tenerife, ambos intencionados según el Ejecutivo, que cree que al juzgarles se debe recordar que “han puesto en riesgo la vida de muchísimas personas”.
Asímismo, al término de una reunión del Consejo de Gobierno autonómico, José Miguel Ruano declaró al respecto la demanda del Ejecutvo regional de “que el Ministerio Fiscal sea implacable” con quienes provocaron esos siniestros, que, en conjunto, obligaron a desalojar de sus casas a casi 14.000 personas entre las dos islas.
Ruano, también recalcó que, en el caso de los causantes de esos fuegos, debe tenerse en cuenta no sólo que hayan dañado el medio ambiente o diferentes propiedades, públicas o privadas, sino que, a consecuencia de sus acciones, “se ha puesto en riesgo la vida de muchísimas personas”. Personas entre las que subrayó que figuran no sólo los numerosos profesionales o voluntarios que trabajan en las tareas de extinción, sino, sobre todo, los miles de habitantes de las zonas a las que llegaron las llamas.
Por todo lo expuesto, Ruano reiteró el deseo del Gobierno Autónomo de que se sea “implacable” en el castigo de los autores de esos fuegos. De ellos, por ahora sólo está identificado el del siniestro de Gran Canaria, un vigilante forestal de 37 años empleado por meses, Juan Antonio Navarro Armas, que dijo prendió el fuego ante la próxima finalización de su contrato y que se encuentra ya en prisión.
Respecto a los hipotéticos causantes del fuego de Tenerife, de cuya autoría no se han averiguado datos certeros de momento, el consejero dijo sólo que el Gobierno comparte la opinión repetida por distintas autoridades de que fue intencionado, sobre todo por el hecho de que se inició en un área donde “todos los años se registran incendios provocados” que antes habían podido ser atajados a tiempo.
Decreto ley para recuperar lo perdido
El Gobierno celebrará este viernes un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar un decreto ley que permitirá a los afectados por los incendios en Canarias recuperar “todo aquello que hayan perdido”, según señaló José Luis Rodríguez Zapatero.
Será un decreto ley con ayudas fiscales y laborales que, además, irán destinadas a restablecer algunas infraestructuras dañadas por los incendios de Gran Canaria y de Tenerife. Si bien se han producido otros en algunas zonas boscosas de La Palma y La Gomera. Los fuegos, en total, han arrasado 31.500 hectáreas y han obligado al desalojo de 12.000 personas.
Las administraciones canarias, una vez controladas las llamas en las Islas, se aprestan a cuantificar los daños. Estos daños, en gran medida, serán subsanados por el decreto ley que este viernes aprobará el Consejo de Ministros y que entrará en vigor el próximo lunes, sólo para paliar las consecuencias de los incendios en el archipiélago.
El presidente del Gobierno, con motivo de sus visitas a Tenerife y Gran Canaria, anunció este pasado miércoles dicha medida, que permitirá a los afectados recuperar “todo aquello que hayan perdido”. Para tal fin, el decreto incluirá bonificaciones fiscales, ayudas a quienes hayan perdido su empleo, fondos para restablecer las infraestructuras afectadas y prestaciones a quienes se hayan quedado sin vivienda a causa de las llamas.
Las ayudas, además, serán complementarias con las que decreten los cabildos insulares y el Gobierno canario. “Será un decreto ley amplio, que contemplará todas las posibilidades de los daños causados, todos los supuestos” y sin límite presupuestario, tal y como explicó Rodríguez Zapatero.
