Las indemnizaciones del Obispado de Canarias a docentes ya suman 100.000 euros
Dos nuevas sentencias del Tribunal Superior de Justicia canario elevan a unos 100.000 euros la indemnización que deberá pagar el Obispado de la Diócesis de Canarias a varios docentes de religión por vulnerar sus derechos fundamentales, según la Confederación Canaria de Trabajadores.
El sindicato, en una rueda de prensa, dio a conocer hoy estos nuevos fallos de la Sala de lo Social, que condenan al Obispado a indemnizar a la profesora Nereida del Pino Díaz con las cantidades de 6.000 euros y 30.000 euros, según sendas sentencias, por los daños morales sufridos al ser despedida por ejercer su derecho a la huelga en 2001.
En las dos sentencias del TSJC se condena a la Consejería de Educación a la readmisión de Nereida del Pino Díaz, informó la citada Confederación, que también dio a conocer una tercera sentencia del Juzgado de lo Social Número 4 de la capital grancanaria a favor del profesor Martín Domingo, tras ser despedido en 2007.
En ella se condena a la Consejería a su readmisión y a pagar los salarios pendientes y de manera solidaria condena al citado departamento autonómico y al Obispado de Canarias a indemnizar con 3.000 euros por los daños morales ocasionados.
Rafael Ramírez, profesor de religión y miembro de la Confederación, destacó que los dos nuevos fallos del TSJC se suman a los producidos recientemente, que también condenaban a indemnizar al Obispado de Canarias por daños morales, por lo que estimó en cerca de 100.000 euros las cantidades a pagar.
Francisco Navarro, miembro también de la Confederación, subrayó de estos últimos fallos del TSJC el hecho de que se condene a la Iglesia a pagar por los daños morales sufridos por este colectivo que ha sido objeto de “persecución” desde su participación en la huelga del año 2000 para reclamar un sueldo como el del resto del profesorado.
Navarro recordó que quince profesores de religión fueron despedidos en Canarias por significarse en esas movilizaciones y que en el caso de Nereyda del Pino Díaz o de Araceli Gómez los han sufrido siete años de manera consecutiva.
Juanto a Díaz y Gómez otros cuatro docentes en las Islas continúan siendo objeto de despidos, señaló Ramírez, que es junto a Martín Domingo otro de ellos.
Navarro subrayó que tanto el Gobierno canario como la Iglesia Católica se “parapetan” en los acuerdos suscritos entre el Estado español y la Santa Sede en 1979 para “justificar lo injustificable” y reclamó de nuevo su revisión.
Calificó de “muy grave” la actitud del Ejecutivo canario, pues en él no “surten efectos” estos fallos, que le condenan a contratar de nuevo a los profesores por haber sido objeto de despido nulo y no resuelve el problema.
En Cataluña, con sólo una sentencia que condenó al Obispado y a la Administración por un despido nulo de un profesor que exigió una reducción horaria, el Ejecutivo pidió a la Iglesia que justificara los despidos, pues de lo contrario no los admitiría, apuntó Ramírez.
