Inés Rojas ''pierde 600.000 euros por no aplicar la Dependencia''
El PSC, a través de un comunicado suscrito por la diputada Francisca Luengo, asegura que la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias ha privado a los dependientes canarios de 602.000 euros en 2010 por no trabajar ni aplicar la Ley de Dependencia, “pese a los excelentes profesionales existentes”, y augura que este ejercicio se perderá una cantidad igual “si sigue boicoteando la Ley”.
Francisca Luengo recuerda que la titular del área, Inés Rojas, firmó en julio de 2010 junto con el resto de comunidades autónomas el acuerdo marco de financiación de la Ley de Dependencia para el periodo 2010-2013, que incluye tres fondos económicos, entre el que destaca el denominado de cumplimiento de acuerdos dotado con 30 millones de euros.
Afirma que Canarias no ha recibido un solo euro porque ese dinero que prevé la Ley sólo se cobra si la Consejería cumple el acuerdo y aplica la Ley. “Ocurre que Inés Rojas no ha hecho ni una cosa ni otra, al no a dictar en 2010 tres disposiciones autonómicas de desarrollo de la Ley en Canarias”, precisa.
La diputada socialista se pregunta si otras comunidades autónomas lo han hecho por qué Canarias no. “Dicho incumplimiento no es gratis, al contrario, la mala gestión de la consejera nos sale carísima a los canarios y especialmente a los dependientes, a los que se les ha privado de 602.000 euros”, subraya.
“Es muy fácil ir a Madrid”
Luengo señala que “es muy fácil ir a Madrid y luego repartir a su antojo, pero cuando en Madrid les dicen 'te daré según trabajes', es evidente que vienen con los bolsillos vacíos”.
“La consejera de Bienestar Social no verá nunca un plus de productividad por aplicar la Ley de Dependencia, mientras que otras comunidades sí”, enfatiza Francisco Luengo.
Según la parlamentaria socialista, esto ocurre porque la consejera tiene un concepto decimonónico de los derechos sociales de las personas. “Todavía se cree que le está haciendo un favor a los dependientes”, destaca.
Por último, considera que la consejera vive instalada en el concepto de la beneficencia y le exige que se modernice, que no siga castigando a los dependientes y acepte de una vez que los que sufren tienen derecho.
