IU pide que se investigue la dejación de funciones del fiscal-jefe
El fiscal-jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Vicente Garrido, debe ser investigado por la Fiscalía General del Estado por lo que Izquierda Unida Canaria considera “una grave dejación de sus funciones”, al haber hecho caso omiso del informe que le remitió la fiscal delegada en Tenerife para la Protección del Medio Ambiente, Inmaculada Violán.
Izquierda Unida pedirá que el Servicio de Inspección Fiscal investigue esta inactividad del fiscal-jefe del TSJC mediante un escrito, firmado por Gaspar Llamazares, en el que expondrán los hechos y que será dirigido al Fiscal General del Estado, Conde Pumpido. “Creemos que ha habido una dejación de funciones muy grave y preocupante, que no es asumible”, afirma el candidato al Congreso por IUC, José Pérez Ventura.
“Si el escrito prospera, a Vicente Garrido se le debe abrir un expediente informativo que podría concluir en un expediente sancionador”, agrega.
Pérez Ventura, afirmó este viernes a CANARIAS AHORA, que Garrido no ha impulsado ningún procedimiento penal tras las denuncias que en febrero de 2009 diversas formaciones políticas y formaciones ecologistas interpusieron contra el intento de inicio de obras del polémico puerto de Granadilla. El fiscal coordinador de Sala de Medioambiente, en Madrid dio traslado de esas denuncias a la fiscal delegada de medioambiente en Santa Cruz de Tenerife, que las acumuló en una sola en al apertura de las diligencias preliminares.
La fiscal delegada realizó un informe que Pérez Ventura califica de “contundente”, que remitió al fiscal-jefe del TSJC. “Se trata de un informe en el que se proponía, con elementos más que suficientes, ejercer la acción penal contra las personas denunciadas entonces, entre ellas, Domingo Berriel, pero Vicente Garrido no ha hecho nada al respecto”, sostiene.
“Nosotros, como denunciantes que fuimos, no hemos tenido conocimiento en todo este tiempo de que las diligencias preliminares abiertas por la fiscal delegada hayan sido archivadas, ni tampoco se nos ha notificado el inicio de ninguna acción penal. De esas denuncias no se sabe absolutamente nada. Entendemos que hay motivos más que suficientes para ejercer acciones contra Domingo Berriel por la alteración de los informes realizados por técnicos y científicos en beneficio del puerto de Granadilla”, añade Pérez Ventura.
El candidato de IU afirma que “se ha actuado de una manera irresponsable”, lo que le parece aún más “escandaloso” al tratarse de un caso como el del Puerto de Granadilla, “en el que, además, los adjudicatarios de las obras son empresarios que a su vez están vinculados a casos de corrupción tan notorios como es el caso Las Teresitas”.
Connivencia con los poderes empresariales
“No es tolerable”, prosigue, “que ante la denuncia que interpusimos nosotros y ante el informe, que es solido, el fiscal-jefe mire para otro lado. Hay que romper con esta dinámica de connivencia por parte de determinados altos cargos del Ministerio Público y de la Judicatura con los poderes empresariales canarios”.
Según Pérez Ventura, llueve sobre mojado. Recordó que también fue escandalosa la pasividad del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y del fiscal-jefe cuando en el transcurso de una investigación policial se interceptó una conversación entre el presidente del Gobierno Paulino Rivero, y el alcalde Arona, Alberto González Reverón, en el que el primero solicitaba un trato de favor para una sobrina suya.
“Solo por el hecho de esa petición se debería haber iniciado acciones penales por presunto tráfico de influencias, pero no se hizo nada. Tampoco se ha resuelto aún la presunción de inconstitucionalidad que planteó Ben Magec hace dos años por la descatalogación de los sebadales. Nos preocupa la forma de actuar de la Fiscalía del TSJC y también nos preocupa la forma de actuar del propio Tribunal”.
