La Justicia regula el uso de la videoconferencia
El Gobierno de Canarias, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía han acordado un protocolo para recular el uso de la videoconferencia en los juzgados y tribunales, lo que permitirá mayor agilidad en los procesos y un ahorro económico importante al evitar desplazamientos.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, José Ramón Navarro; el fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido; y los consejeros de Justicia y Políticas Sociales de la comunidad autónoma, Francisco Hernández Spínola e Inés Nieves Rojas, han suscrito el protocolo, que favorecerá, sobre todo, a los menores de edad.
El protocolo establece las instrucciones para un uso más racional y eficaz del sistema de videoconferencia en la Administración de Justicia en Canarias, con el objetivo de conseguir una mayor generalización en su uso, un mayor grado de homogeneidad en los criterios utilizados y una mejor coordinación. Según la Consejería de Justicia, todas las sedes judiciales están dotadas del sistema de videoconferencia.
Hernández Spínola ha resaltado que “las nuevas tecnologías en las oficinas judiciales contribuyen a una indudable mejora de su gestión, a una actualización en su funcionamiento y a un incremento de sus niveles de eficiencia, además de posibilitar una mayor interoperabilidad entre las distintas administraciones con competencias en Justicia”.
El uso de la videconferencia, ha añadido el consejero, “constituye sin duda un abaratamiento de los costes del servicio público de la Administración de Justicia sin que ello implique merma alguna de la seguridad y confianza en el sistema”.
Las dos consejerías, así como el TSJC y la Fiscalía, coinciden en la trascendencia y utilidad de la videconferencia al facilitar la rapidez, eficacia y economía que todo procedimiento judicial requiere, posibilitando la práctica de actuaciones judiciales cuando los que intervienen en las mismas no se encuentren físicamente presentes en el mismo lugar.
Hernández Spínola ha subrayado que el uso de la videoconferencia cobra especial relieve en un contexto geográfico como el de la Canarias al tratarse de un territorio fragmentado. A ello, ha indicado, hay que sumar el distanciamiento de las islas con el territorio peninsular, la afluencia constante de población turística flotante y el fenómeno migratorio.
La apuesta del Gobierno por las nuevas tecnologías, ha continuado el consejero, ha permitido dotar del sistema de videoconferencia a las sedes judiciales evitando el desplazamiento constante entre islas de partes, testigos y peritos judiciales, especialmente de médicos forenses y traductores-intérpretes.
Preservación de intimidad
Rojas ha subrayado que se trata un instrumento “imprescindible para procurar en muchas ocasiones la preservación de la intimidad de los menores en sus comparecencias, particularmente cuando actúan como testigos”.
En general, además, facilita que se proteja la libre y espontánea declaración de víctimas, testigos o peritos, sometidos a la presión del desenvolvimiento de procesos especialmente complejos o conflictivos. Así mismo, la videoconferencia garantiza la aplicación de la protección prevista en la ley en los casos en que exista peligro grave para la persona, libertad o bienes de las personas protegidas, según Rojas.
