Medio centenar de organizaciones lleva a Fiscalía la crisis del 'Marine I'
Los Verdes y alrededor de 50 organizaciones sociales presentaron este miércoles una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, en la que piden que se investiguen y depuren las responsabilidades del Gobierno “por su impresentable y bárbara gestión durante la crisis del buque de inmigrantes Marine I”.
En nombre de este medio centenar de organizaciones, Jesús Hidalgo, representante del colectivo por la Justicia y los Derechos Humanos Queda la palabra, aseguró en una rueda de prensa que, durante la gestión de esa crisis humanitaria que afectó a 369 inmigrantes, el Gobierno vulneró “de manera clara y flagrante varios convenios internacionales”.
“En primer lugar, el Gobierno incumplió el Convenio Internacional sobre búsqueda y salvamento marítimo (llamado Convenio SAR), suscrito por España en 1993, y que establece expresamente que los estados firmantes deben poner todos los medios a su disposición para auxiliar a las personas que estén en peligro en el mar, ”sea cual sea su nacionalidad o condición jurídica“.
Según este Convenio, los inmigrantes debían haber sido trasladados a un lugar seguro para recibir una evaluación médica inicial pero el Gobierno “los dejó dos semanas dentro del buque sin atender” y, posteriormente, los trasladó a un hangar en el que han vivido “como si fueran perros”.
Cuando los inmigrantes desembarcaron en Nuadibú (Mauritania), “España sobornó al Gobierno mauritano y por 650.000 euros consiguió que los inmigrantes se quedasen en ese país” que, no ha suscrito el Convenio SAR ni cumple las mínimas garantías en favor de los derechos humanos“, según Hidalgo.
Además, el Gobierno español también incumplió la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que establece que deben ejercer sus funciones en todo el territorio nacional.
Sin embargo, denunció Hidalgo, los inmigrantes del Marine I fueron desembarcados en Mauritania “fuertemente custodiados por policías españoles y mauritanos” y trasladados a un hangar, “similar a la barracas de un campo de concentración o a la cárcel de Guantánamo”, con la colaboración de la policía española.
De hecho, las fuerzas de seguridad del Estado ayudaron a interrogar a los inmigrantes para averiguar su origen y repatriarlos, aseguró.
Hasta la fecha, “el resultado conocido es que 22 inmigrantes de Birmania, 10 de Sri Lanka, y 3 de Afganistán fueron trasladados a Canarias, unos 35 subsaharianos fueron enviados ”contra su voluntad“ a Cabo Verde, y otros 23 que se han negado a facilitar su identidad, permanecen en Mauritania en una situación ”dantesca“, afirmó.
Asimismo, el Gobierno también ha incumplido la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y la Convención de la ONU contra la Tortura, que establece que no se puede extraditar a personas a estados en los que se violen los derechos humanos.
Al respecto, Hidalgo aseguró que “se han repatriado a varias personas con derecho de asilo” por estar perseguidas en su país de procedencia.
Estas organizaciones han presentado la denuncia para que se depuren responsabilidades pero sobre todo para poner coto a una situación “de connivencia entre todos los estados europeos” para evitar acoger a estos inmigrantes.
Jesús Hidalgo, que está en huelga de hambre desde el pasado 14 de marzo, reiteró que no abandonará esta protesta personal hasta que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, le reciba en La Moncloa para hablar de este tipo de crisis humanitarias como la del Marine I o el buque Happy Day.
