Los menores con medidas judiciales aumentan un 421% en sólo cuatro años
El número de menores con medidas judiciales aplicadas en Tenerife se ha incrementado en un 421% entre 2001 y 2005, según el diagnóstico de la situación social de la infancia y la familia, incluido en el Plan Insular del Cabildo. Dicho informe señala igualmente un ascenso del 78,61% de la cifra de jóvenes con medida de riesgo y de un 7,44% en situación de desamparo o guardia.
El porcentaje de menores de edad a los que se les ha aplicado una medida de protección en la Isla es del 1%, llegando actualmente a un total de 610 menores residentes, si bien ha habido un incremento del 7% de adolescentes acogidos en centros y hogares en los últimos años. Por otro lado, otros 353 menores extranjeros no acompañados están acogidos en la Isla en centros dependientes del Cabildo (118) y del Gobierno de Canarias (235). Además, el informe reconoce un fracaso en las políticas educativas de los centros de acogida, ya que revela que los adolescentes que llevan en ellos más de cinco años y se acercan a la mayoría de edad “no han desarrollado habilidades sociolaborales” para poder insertarse con normalidad en la sociedad de forma autónoma.
La consejera socialista Teresa Cruz Oval considera que este dato viene a demostrar que “estamos prestando asistencia, no educación, de tal forma que creamos seres dependientes de la administración”. Cruz Oval compareció este lunes en rueda de prensa con el presidente del Grupo Socialista, Antonio Martinón, para hacer una valoración del Plan Insular de Atención al Menor y la Familia, que el Cabildo aprobó en Consejo de Gobierno el pasado 18 de julio, y presentar las modificaciones que pretenden introducir en el mismo con el fin de “ofrecer las soluciones a las necesidades” de toda la población infantil y juvenil de la Isla.
Los socialistas dedicaron a este documento, en el que la Institución insular lleva trabajando los seis últimos años, adjetivos como “viciado, desfasado y abocado al fracaso” porque, a su juicio, sólo se centra en los menores que ya tienen una medida de protección, en lugar de perseguir una política preventiva de aplicación a todo el colectivo y su entorno familiar. Además, sólo aborda la problemática social, dejando fuera la sanitaria o educativa y “no establece relaciones de colaboración con otras administraciones, sino de competencia”. Además, critican que el diagnóstico se basa en “datos caducos”, ya que la mayoría de los aportados se refieren a 2003 o 2001, y en otros casos, ni siquiera se aporta una referencia temporal.
No obstante, el documento establece como objetivo número uno el “desarrollo de la familia para que asuma la satisfacción de las necesidades de los menores y procure su desarrollo integral” e incluye propuestas de servicios de prevención básica dirigidos a menores y familias sin problemática detectada, entre los que se encuentran las escuelas infantiles o programas de ocio.
Para los socialistas, estas propuestas son insuficientes, porque “no prevén nada para prevenir los problemas detectados ni se adentra en cómo se debe atender a los que ya los sufren”.
Un 18% de analfabetos
Siguiendo con la radiografía de la población tinerfeña, el diagnóstico revela que el 6,3% de los mayores de 16 años está desempleado y que el 41% de ellos no tiene niveles educativos equiparables a la antigua Enseñanza General Básica y un 19% sólo tiene estudios primarios. El 18% de la población tinerfeña es analfabeta.
Asimismo, describe el entorno de los menores con indicadores como que el número de familias monoparentales en la Isla es del 16,1%, el doble de la media nacional (el 8%) y superior a la canaria, que se sitúa en el 12%. El 21% de la población insular que vive por debajo del umbral de la pobreza es menor de edad, mientras que en el 24% de los hogares de Tenerife hay pobreza moderada.
El incremento de embarazos no deseados entre los jóvenes, la inexistencia de centros especializados en atención a la salud mental y la inexistencia en el Norte y Sur de la isla de servicios de urgencias pediátricas son otros de los problemas aportados para los que, según el PSOE, el Plan Insular no aporta soluciones. Tampoco lo hace, en su opinión, a los fenómenos del absentismo y el fracaso escolar, por encima de la media canaria, ni a la conflictividad.
El crecimiento de la inversión insular dedicada a esta área es, según Cruz, “irresponsable”, porque sólo se destina al gasto corriente de la Unidad de Infancia y Familia.
Por todo ello, los socialistas han solicitado una comparecencia plenaria sobre este plan ?que no ha sido expuesto a información pública ni facilitado a la oposición insular, denunciaron-, al que pretenden incorporar, vía moción un conjunto de modificaciones basadas en sus propuestas.
Propuestas socialistas
La primera de ellas es que el diagnóstico que se hace incluya también la situación sanitaria y educativa de los menores. La segunda, que se haga en colaboración con los ayuntamientos y entidades de las Islas que trabajan con este colectivo, algo que el plan asegura se ha hecho así. La tercera, que suponga un impulso a la prevención y que éstos se pongan en marcha mediante convenios con los ayuntamientos.
Defienden igualmente que el Cabildo haga una “apuesta decidida” por los servicios públicos, delegando su prestación a instituciones “sólo en los casos en los que esto es posible” y que se establezca en estos casos “un control de calidad efectivo”.
Solicitan además la creación de una red de centros socio educativos para niños de 0 a 3 años, dado que, según refleja el propio informe, en la actualidad la Isla sólo dispone de un 38,79% de las plazas que están establecidas como objetivo para 2008, 4.145. También, piden que se haga una apuesta contra el absentismo y el fracaso escolar y que se dé un apoyo decidido a las actividades extraescolares en todos los centros.
Los socialistas proponen que el Cabildo “ejerza de gobierno insular para crear servicios especializados, como las urgencias pediátricas en el Norte y Sur de la Isla y una red de centros de atención a menores con problemas de salud mental, ya que ahora ”deben recibirla fuera“.
De forma general, reclaman una apuesta por “políticas positivas dirigidas a todas las familias y al conjunto de la población menor de edad y no sólo a las que tienen problemática”, como aseguran que hace el Plan.
