Los miembros de la Unión Europea ya ofrecieron medios para reforzar Frontex
Hasta el pasado 27 de marzo, los países de la UE habían ofrecido 21 aviones, 24 helicópteros, 109 buques, 3 radares móviles y 167 equipos diversos para vigilancia y control de fronteras. Los ofrecimientos se consideran ya suficientes por lo que “no se necesitan más equipos” y ahora toca pasar a la fase organizativa, con el nombramiento de responsables en cada país comunitario para gestionar el uso de ese material, añadieron las fuentes.
El llamamiento para que los 27 aportaran material y equipos fue hecho en enero por el comisario europeo de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini, y en una primera tanda los países comunitarios ofrecieron 8 aviones, 13 helicópteros y 48 buques. El director de Frontex, Ilkka Laitinen, señaló entonces a los ministros que necesitaba doblar para esta primavera el volumen de medios a su disposición, lo que ya se ha conseguido de sobra.
Los ministros de Justicia e Interior de la UE analizarán la puesta en marcha de esa fase en la segunda jornada del Consejo que celebrarán el jueves y el viernes próximos en Luxemburgo. En la reunión también está previsto analizar el proceso de puesta en marcha de los equipos de intervención rápida de la UE para incrementar la vigilancia de fronteras contra la inmigración ilegal.
El objetivo es que el Parlamento Europeo apruebe en su sesión de mayo el reglamento para la creación de esos equipos (llamados RABIT por sus iniciales en inglés) y que el Consejo de Ministros lo adopte definitivamente en junio.
Un proceso “dudoso y discutible”
Por su parte, el Fiscal de Extranjería, Joaquín Antonio Sánchez-Covisa, abogó este martes por reformar el Reglamento de la Ley de Extranjería “para favorecer la intervención de los letrados y ampliar la asistencia jurídica” de los menores repatriados sin acompañamiento.
En declaraciones a los periodistas tras participar en una reunión de todos los fiscales de Extranjería de España, Sánchez-Covisa aseguró que uno de los aspectos que más preocupan a los fiscales especializados en inmigración es el proceso de repatriación de menores no acompañados, que es “dudoso y discutible”. Sánchez-Covisa abogó por ampliar la asistencia jurídica, “al menos de los menores que tienen cierto grado de madurez”, y por buscar los instrumentos del ordenamiento jurídico que sirvan para “reforzar las garantías” de protección de los derechos de los menores extranjeros.
En la reunión de este martes, explicó Sánchez-Covisa, los fiscales también analizaron otro de los problemas “más trascendentes y perentorios” de la profesión: la situación de los centros de internamiento. En ese sentido, explicó que hay que mejorar la coordinación y la comunicación entre los fiscales dedicados a revisar el estado de esos centros y reclamó un servicio informático “moderno, acorde con las necesidades del siglo XXI y capaz de unificar los criterios y la información” de todos los fiscales implicados“.
Todos estos instrumentos, afirmó, son importantes para poder asegurarse de que los centros de internamiento cumplen la ley, los plazos, y requisitos exigidos en los traslados, entre otras cosas.
Rumanía y Bulgaria
Además, los fiscales trataron otros dos asuntos más: la normativa aplicable a los ciudadanos de Bulgaria y Rumanía (países de reciente incorporación a la Unión Europea) y a la organización del Ministerio Fiscal para mejorar las relaciones y la coordinación de todo el colectivo y unificar los criterios de actuación y los protocolos. Sobre este último punto, avanzó que la Fiscalía General publicará una instrucción que pondrá fin a la confusión y los problemas organizativos de las fiscalías.
Sánchez-Covisa explicó además que en los próximos meses, los fiscales volverán a reunirse para tratar otros temas relacionados con los delitos contra los ciudadanos extranjeros y la problemática de los condenados extranjeros (la posibilidad de sustituir la pena impuesta en España por la expulsión), entre otros asuntos.
