La mitad de las personas que viven en la calle en Canarias llevan más de tres años sin hogar: “Es más difícil salir que entrar”

En el Centro de Baja Exigencia de Cáritas en Las Palmas de Gran Canaria, Bonilla habla y mientras lo hace bambolea levemente la cabeza de un lado al otro, al mismo tiempo que deja escapar pequeñas muecas, la mayoría de ellas burlonas. El hombre, de unos 50 años, lleva más de dos décadas en situación de sinhogarismo en Canarias encadenando noches en locales nocturnos, pisos, albergues, terminales de banco y el gélido pavimento de la calle. Pero incluso cuando tiene que recordar cuál fue la causa de todo, revela una pequeña sonrisa irónica. “Me dio por beber”, dice.

Su rutina estos días es fácil de recordar. Desayuno, paseo por la capital grancanaria, “alguna horilla en la biblioteca”, almuerzo, otro paseo más y una partida al dominó por la tarde, si hay suerte. En esos ratos, juntarse con amigos parece una buena idea. Aunque también pueden convertirse en la primera piedra de un nuevo tropiezo. “Hablas con ellos, te emocionas, tomas una copa, dos…”, cuenta Bonilla, que no termina la frase. Él prefiere ser más simbólico. Confiesa que su libro preferido (o por lo menos el primero que se le ha venido a la cabeza) es Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez.

Esther Delgado, trabajadora social del área de Vivienda de Cáritas, le acompaña durante la entrevista. Explica que Bonilla formó parte del Proyecto Esperanza, un programa específico que ayuda a personas y familias con problemas de adicción. Sin embargo, muchos sufren recaídas y vuelven a la casilla de salida. “Esto es así. Es muy complicado, sobre todo para quienes llevan mucho tiempo en situación de calle, si no tienes una entidad que te apoye es muy difícil salir”, lamenta.

En Canarias, la mitad de las personas sin hogar (49,94%) se halla en esa condición desde hace más de tres años, según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre sinhogarismo, hecha pública este mes de octubre tras más de una década desde la última actualización. Los datos detallan que el Archipiélago es la segunda comunidad autónoma con el porcentaje más alto en este sentido, solo por detrás de Murcia (51,13%). Y vienen a revelar que cuando algún residente de las Islas se queda sin techo, difícilmente podrá encontrar uno de manera estable en los próximos cursos.

Las razones de por qué acabaron así son múltiples. Según el mismo sondeo del INE, la víctima pudo haber sufrido violencia en su antiguo hogar (11,38%), por hospitalización (3,13%), por problemas de adicción (9,81%), por abandonar un centro de menores (2,14%), por separarse de su pareja (15,21%), por tener que empezar de cero tras emigrar (6,62%), por cambiar de localidad (6,62%), porque el edificio donde vivía estaba en ruinas (1,97%), porque estuvo privado de libertad (8,82%), porque le desahuciaron (9,34%), porque no pudo pagar más el alquiler (8,42%), porque perdió el trabajo (4,93%) o porque se le acabó el contrato de alojamiento (2,32%).

En la calle, ya no importa de qué forma llegaste a ella. A Bonilla, de hecho, le vienen recuerdos muy vagos al respecto. Que si “se me fue la cabeza; que si ”no sabía“; que si ha pasado todo muy rápido. Relata su historia como si no hubiera ni una pizca de dramatismo en ella, como si se hubiera adaptado al lado más oscuro de la incertidumbre. Hace unos años volvió a recaer después de tener que hacerse cargo de su pareja, a la que un dolor de en las piernas le impedía caminar. Bonilla no aguantó el estrés y los nervios. Y retornó al alcohol.  ”Yo tengo voluntad. Pero cuando más seguro te sientes, es cuando metes la pata y se te vira la tortilla. Es más difícil entrar que salir“, afirma.

En casos como el de Bonilla, la denominación común suele ser la de “sinhogarismo crónico”, haciendo alusión a una especie de estado de forma permanente del que ya nadie puede librarse. Para Elena Matamala, investigadora en sinhogarismo de larga duración y trabajadora social en la Fundación Salud y Comunidad, en la Comunidad Valenciana, esta definición reproduce las respuestas asistencialistas de las instituciones y obvia que padecer de la ausencia de una vivienda es un capítulo transitorio que puede durar días, meses o años. Pero que debe contar con la respuesta de las administraciones.

“Quizá no estamos dando salidas adecuadas y por eso tenemos a personas que pueden pasar 20 años en la calle o morir en ella”, apunta la experta.

Los datos del INE ilustran que en el Archipiélago hay 947 sin techo en centros de acogida y albergues, una cifra que apenas se acerca a las estimaciones realizadas por asociaciones que luchan por el acceso a una vivienda digna, como Provivienda. Según su máximo responsable en Canarias, Fernando Rodríguez, lo normal es que ese valor sea hasta tres veces más grande al tener en cuenta los casos de quienes malviven al raso en las calles de la comunidad. Solo en Tenerife, sin ir más lejos, un equipo de investigación de Cáritas identificó a 1.784 individuos en situación de exclusión residencial extrema, ya sea sobreviviendo en edificaciones en ruina, cuevas o barrancos.

Los resultados no pillaron desprevenido a Rodríguez. La tasa de lanzamientos en las Islas durante el tercer trimestre de 2022, esto es, la suma de desalojos ejecutados por impago de alquiler, hipoteca u otros, es de 23,6 por cada 100.000 habitantes, el registro más alto de toda España por delante de Cataluña (22,1), Murcia (22,1) y Baleares (21,8). “En cuanto pierden el empleo, la vivienda y no tienen ningún tipo de apoyo familiar, acaban en situación de sinhogarismo”, remacha.

Cada vez más jóvenes, mujeres y trabajadores se ven obligados a ello. Son la “punta del iceberg” de un problema de dimensiones gigantescas en donde los procesos en la mitad de los casos se vuelven cíclicos.

Matamala, que ganó el premio Juan Serraller de la Fundación Atenea por su tesis Sinhogarismo de larga duración: trayectorias vitales e intervención institucional, comenta que la mayoría eterniza la desgracia porque no ve salida. Porque no encuentra soluciones. Algunos logran hacerse con una habitación alquilada, pero los precios están cada vez más altos y no aguantan el ritmo. Otros reciben después de muchos años un piso en pésimas condiciones. Hay quienes pasan una temporada en rehabilitación, pero recaen a los pocos meses. “Tenemos que poner el foco en el acceso a la vivienda y que esta se prolongue en el tiempo. De lo contrario, lo que tenemos son ejemplos de personas que se mantienen en la calle porque no hay más opciones, porque estamos en una sociedad que no integra, sino al contrario, lo que genera es exclusión”, razona la trabajadora social.

Una de las iniciativas que más peso ha ganado en los últimos años es la llamada Housing First, un proyecto que pretende sacar a las personas en situación de calle ofreciéndoles un hogar en primer lugar. Lo demás, dicen sus creadores, ya vendrá luego. La ciudad de Houston, en Estados Unidos, ha sido capaz de rescatar a 25.000 hombres y mujeres de esta forma, según publicó The New York Times este verano. El sinhogarismo en Finlandia se ha reducido en un 300% gracias a ello, de acuerdo al gobierno del país escandinavo. El Ejecutivo español, por su parte, ha financiado programas de este estilo en 12 municipios, entre ellos Madrid, Barcelona, Sevilla y Santa Cruz de Tenerife, donde en cinco años se ha duplicado el número de afectados por exclusión residencial severa.

“Lo que se plantea es empezar por la vivienda. Tradicionalmente, el enfoque de atención a las personas sin hogar se resume en que estas deben hacer unos cambios en su vida para poder ganarse el acceso a una casa, como si fuera un premio. Pero seguimos viendo situaciones que se prolongan en el tiempo, que sigue habiendo población viviendo en la calle. Entonces, ¿por qué no empezamos ofreciéndoles un hogar y a partir de ahí vemos si hay cambios o no?”, cuestiona Matamala.

Los resultados de la metodología, recientemente empleada en nuestro país entre 2015 y 2020, muestran que la tasa de retención del alojamiento a los 18 de meses entre los beneficiarios del Housing First, unos 150, se sitúa por encima del 95%, según un estudio elaborado por Provivienda y Hogar Sí en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En clave sanitaria, las conclusiones son aún mejores. Al principio del programa, el colectivo mencionado generaba un gasto de atención médica por persona de 376,25 euros al mes, pero al cabo de año y medio, esa cifra cayó a los 230,3 euros. “Se produce una importante reducción del coste para las personas del grupo Housing First como consecuencia de la recomposición cualitativa hacia el acceso a servicios más normalizados a los que hace la población general, en detrimento de las hospitalizaciones e ingresos de urgencia”, precisa el informe. En comparación, una comunidad también de personas sin hogar, pero que continuó alojándose en albergues o centros de baja exigencia, pasó de 237,41 euros a 279,88.

El estudio defiende la iniciativa Housing First como “una respuesta institucional de calidad a la que es eficiente dedicar financiación, con una importante ventaja comparativa respecto de otras alternativas”. El primer paso, claro está, es contar con vivienda social. “Lo que suele ocurrir, es que si tú tienes la seguridad que te ofrece un hogar, el resto de las esferas de tu vida mejoran. Entonces, en vez de empezar la casa por el tejado, empezamos por los cimientos. Así es más fácil que las personas enfermen menos, hagan un menor uso abusivo de las urgencias, lleven una alimentación saludable…”, señala Matamala.

El problema en Canarias es que mucha vivienda social, precisamente, no hay. Entre 1981 y 2019, en la comunidad se terminaron 504.719 pisos. De ese total, solo 55.152, es decir, el 10,92%, son hogares de protección oficial, el segundo porcentaje más bajo de todo el Estado, según datos del Observatorio de Vivienda y Suelo. Para hacernos una idea, en Navarra, en el mismo periodo de tiempo, ese registro alcanza el 42%, casi cuatro veces mayor.

El Boletín Especial de Vivienda Social de 2020, publicado por el citado organismo, también desglosa en detalle cuánto ha invertido cada autonomía en vivienda en los últimos veinte años. En 2002, el Gobierno canario apoquinaba 52,3 euros por habitante en este sentido, mientras que en 2019 ese valor descendió hasta los 42 euros. Se trata de uno de los ejecutivos regionales que más ha gastado en políticas en este ámbito; buena noticia. Pero también es uno de los que más ha rebajado la cuantía destinada en dicho periodo, un 19,69%; no tan buena. En Baleares, como imagen totalmente contraria al Archipiélago, la inversión se ha incrementado un 367,82%.

El Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 menciona en varias ocasiones a las personas sin hogar en su texto de más de 208 páginas, pero no recoge ninguna iniciativa concreta que plantee soluciones. Lo que más se acerca es el proyecto Canarias Prohogar, que tiene por objeto “promover el acceso a la vivienda a las personas y a las unidades de convivencia que hayan perdido o estén en riesgo de perder su domicilio habitual”. La Consejería de Derechos Sociales del Gobierno autonómico matiza que “más que programas desde dentro, se apoyan otros a través de financiación”, como el denominado Guaguaseo, basado en una guagua que ofrece baño, ducha y atención médica en su interior.

Las medidas actuales para acabar con el sinhogarismo están focalizadas en el tercer sector y en las acciones municipales, defienden los expertos consultados. Los ayuntamientos más importantes de las Islas lanzan por separado sus propias estrategias de atención integral, lo que genera cierto desfase entre comarcas y deja poco espacio a la autocrítica. Según Matamala, casi todos estos planes se basan en el asistencialismo, en que hoy te cuidan desde el sur de la isla, pero mañana desde el norte y pasado desde el este. Y eso va provocando, por un lado, dependencia en la víctima, y, por otro, falta de tacto en la administración, que poco a poco desconfía de la recuperación de esas personas.

“Muchas veces el cuestionamiento es más hacia la persona. Decimos: si continúa en la calle es porque quiere. Pero no analizamos los recursos que ofrecemos. Y a lo mejor tenemos que replantearnos el modelo de atención, porque el actual no está funcionando”, subraya la trabajadora social. Una tesis publicada en 2015 por Guillem Fernández y titulada El acceso a la vivienda social de las personas sin hogar, especifica todos los obstáculos que frenan el acceso a una vivienda social para las personas sin hogar en España, partiendo desde el más evidente (escasez de oferta).

Para más inri, la pandemia lo ha empeorado todo. La inflación, además, apenas ha levantado el pie del acelerador. En 2019, Cáritas atendió a 24.785 residentes en Canarias; en 2022, a 53.186. Así, es muy probable que Bonilla, a quien le gusta dar paseos por Las Palmas de Gran Canaria, continúe observando a gente que, como hizo él tantas veces, pasa las noches entre cartones en un banco. “Cuando veo a gente así me entra una cosa más rara que el carajo”, concluye él, probablemente lamentando las veces que tuvo que hacerlo por obligación, pero agradeciendo que ahora al menos tiene un espacio donde refugiarse.