La Policía Canaria esquiva competencias propias mientras asume otras que no tiene y se exhibe en municipios de CC
El traslado de menores con medidas judiciales ha abierto un nuevo frente de confrontación entre el Estado y Canarias. El delegado del Gobierno en las Islas, Anselmo Pestana (PSOE), remitió el pasado 21 de enero un escrito a la consejera de Seguridad del Ejecutivo regional, Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria), para informarle de que a partir del 1 de febrero la Guardia Civil y la Policía Nacional dejarán de asumir esas funciones que hasta ahora prestaban para suplir las carencias de personal de la Policía Canaria, a quien corresponde esa competencia.
La respuesta del Gobierno canario se puede resumir en dos ideas. Por un lado, ha acusado al Estado de “deslealtad” por haber planteado ese ultimátum en una carta y no a través de una reunión de la Junta de Seguridad, el órgano donde se establecen los mecanismos de cooperación entre los cuerpos estatales y el autonómico. Y, por otro, se ha negado a asumir esa competencia, que no niega que le corresponda, porque entiende que, a pesar del notable incremento de plantilla experimentado en los últimos años, aún no tiene efectivos suficientes.
Y ello a pesar de que la Dirección General de Seguridad del Gobierno de Canarias, con el subcomisario -ahora en excedencia- David del Pino al frente, ha presumido en los últimos tiempos del despliegue del cuerpo autonómico en esta legislatura, de su crecimiento y de una reestructuración mediante la que ha asumido funciones que no figuran entre las previstas en la ley de creación de la Policía Canaria, que data del año 2008. Entre ellas, un servicio propio de inteligencia, una oficina para “la captación de información de distintos medios y relacionado con diferentes ámbitos que sea de interés para los asesores políticos y mandos policiales”. Esta nueva unidad pende de la propia Dirección General de Seguridad, por lo que sus agentes están bajo las órdenes del propio Del Pino, un cargo de designación política.
“La Policía Autonómica de Canarias ha pasado de ser una policía no entendida y ninguneada a una policía respetada en la actualidad. Y en eso ha tenido que ver la transformación tanto interna como de cara a la ciudadanía, con los diferentes mecanismos que hemos puesto en marcha”, decía el director de Seguridad en diciembre del año pasado en una entrevista en un medio local de La Palma, isla de la que procede la consejera de Seguridad y en la que la Policía Canaria ha reforzado su presencia, con el envío de seis agentes de forma permanente de martes a viernes a tres municipios, Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte (todos ellos gobernados por CC), en tareas de seguridad ciudadana.
Antecedentes
Hasta la fecha se han celebrado tres Juntas de Seguridad de Canarias para coordinar la actuación de la Policía Autonómica de Canarias y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las Islas. Y al menos desde 2011, según las actas a las que ha tenido acceso este periódico, se ha abordado el tema del traslado de menores tutelados (con medidas judiciales de internamiento o reforma).
La primera de ellas se celebró en julio de 2010, con la presencia de Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE), entonces ministro del Interior, y de Paulino Rivero (CC) como presidente del Gobierno de Canarias. Por aquel entonces, la Policía Canaria había echado a andar con apenas un centenar de agentes, aunque la previsión, manifestada en aquella reunión, era alcanzar un máximo de “1.700 efectivos”. El ministro señaló en ese encuentro que “lo razonable” es que la Policía Canaria “asumiera en un principio sus competencias propias”, las previstas en el artículo 19 de la ley de creación del cuerpo, “aunque entendiendo que, a la par, vaya desarrollando alguna de las concurrentes”.
Esas funciones se limitan a la vigilancia y protección de personas y dependencias de la comunidad autónoma, a velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes regionales o a las tareas de inspección y “ejecución forzosa”, así como a tareas de seguridad ciudadana. Las áreas sobre las que debe prestar “especial atención” la Policía Canaria, en virtud de las competencias transferidas a la autonomía, son el medio ambiente y los recursos naturales, la ordenación del turismo, la inspección del transporte terrestre interurbano y el marítimo interinsular o el patrimonio cultural, además de colaborar con las instituciones en la tutela de menores, de migrantes y en salvamento marítimo.
La segunda Junta de Seguridad se celebró el 7 de febrero de 2011 con los mismos protagonistas. Y ahí ya se acordó que la Policía Canaria debía asumir el traslado de menores con medidas judiciales. En aquel encuentro se pactó que comenzaran con los traslados interurbanos en la isla de Gran Canaria y con los traslados de carácter urbano en el municipio de San Cristóbal de La Laguna. El cuerpo autonómico debía acometer solo los desplazamientos hasta la Fiscalía, los juzgados o los servicios anatómicos forenses, excluyendo los traslados a centros hospitalarios “o de cualquier otro tipo que impliquen la prestación continuada de un servicio de custodia”.
“A lo largo del año 2011 podrán aumentarse los servicios en función de la disponibilidad de efectivos del Cuerpo General de la Policía Canaria y previa evaluación de los requerimientos que conllevan los servicios ya asumidos”, recoge el acta de aquella reunión.
El compromiso de la consejera
Para la tercera Junta de Seguridad habría que esperar ocho años. La reunión tuvo lugar el 17 de enero de 2019, en las postrimerías del primer mandato de Fernando Clavijo, que asistió a ese encuentro junto a otros representantes del Ejecutivo regional, como José Miguel Barragán, que entonces era consejero de Presidencia, o la propia Nieves Lady Barreto, que en esa legislatura también ostentaba competencias en materia de Seguridad. Por parte del Estado acudió el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
En esa ocasión, Clavijo habló de un “proceso de crecimiento” en la Policía Canaria “tras superar el periodo de crisis económica”. La previsión era que a finales de ese año se incorporaran 57 nuevos agentes, incrementando la plantilla hasta los 156, y que de forma progresiva se fuera incrementando hasta alcanzar los 300.
En el transcurso de esa reunión, la consejera Barreto expuso “la voluntad y el compromiso” de la Policía Canaria “para asumir en exclusividad el traslado de menores una vez disponga de recursos humanos suficientes, conforme a los acuerdos alcanzados en Junta de Seguridad”. Para ello, pactaron constituir un grupo de trabajo liderado por la Delegación del Gobierno “para realizar un estudio pormenorizado de los recursos humanos y materiales necesarios para el ejercicio de esa función”.
La reunión de finales de 2023
Desde esa fecha no se ha vuelto a convocar la Junta de Seguridad. Sin embargo, según revela Pestana en su escrito a la consejera Barreto, el 28 de noviembre de 2023 se celebró una reunión en la sede de la Delegación del Gobierno de Canarias con la participación del director general de Seguridad del Ejecutivo regional y los máximos representantes en las Islas de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la que “se fijó como fecha para asumir dichas funciones la de marzo de 2024”. “Ese acuerdo no consta en ningún lado”, contestó la consejera canaria de Seguridad, que negó haber participado en esa reunión.
“Es posible que (Nieves Lady Barreto) no estuviera, pero estaban el director general de Seguridad y el jefe accidental de la Policía Canaria (...) Se decidió cordial y lealmente”, replicó Pestana en una entrevista en Onda Cero este martes. El delegado del Gobierno de Canarias explicó que en marzo de 2024 el director de Seguridad pidió una prórroga por el retraso en la incorporación de unos 70 agentes y que entonces se pactó que las funciones fueran asumidas en exclusiva por la Policía Canaria en junio: “Ha pasado más de un año y medio. Hemos sido muy pacientes”.
Pestana señaló que el escrito remitido a la consejera no era una petición, sino “un recordatorio de haberes”. “En las reuniones habituales en órganos jurisdiccionales (en la que participan fiscales, magistrados...) se ha trasladado que es absurdo que la Policía Canaria no ejerza competencias propias, detrayendo de la seguridad ciudadana, del patrullaje, a los cuerpos competentes en esa materia (la Policía Nacional y la Guardia Civil), cuando tiene cuatro veces más medios que cuando hablamos en esa reunión”, manifestó el delegado del Gobierno.
Incremento de plantilla y nuevas unidades
Según los últimos datos difundidos por el Ejecutivo regional, la Policía Canaria cuenta en la actualidad con unos 300 efectivos a los que prevé sumar próximamente a los 141 aspirantes que han obtenido plaza en el último y polémico proceso selectivo que ya investiga la Fiscalía Provincial de Las Palmas. La Delegación del Gobierno estima que para realizar los traslados de menores se necesitan solo entre cuatro y seis agentes.
Al tiempo que desatiende sus obligaciones en materia de traslado de menores bajo el pretexto de que no dispone aún de suficientes efectivos, la Policía Canaria ha asumido en esta última legislatura funciones que no figuran en la ley de creación del cuerpo. Por un lado, ha creado una Oficina de Información para implementar un servicio propio de inteligencia con dependencia jerárquica del director general, un cargo de designación política. Tal y como informó este periódico en 2024, el subcomisario en excedencia David del Pino adscribió para esta función a dos agentes de la Policía Canaria (bajo dependencia hasta entonces de la jefatura) a la Dirección General, a sus órdenes y en su centro de trabajo.
La justificación que dio entonces es que la reforma del Estatuto de Autonomía aprobada en 2018 incluía en su artículo 148 una referencia genérica a las competencias de Canarias en “el establecimiento de políticas de seguridad, sin perjuicio de las funciones de los Cuerpos de Seguridad del Estado”. En enero de 2024 la Dirección General de Seguridad publicó la reestructuración de la Policía Canaria, con nuevas unidades y un incremento de la carga administrativa que desarrollan los propios agentes.
Policía judicial
Por otra parte, en estos últimos años la Policía Canaria se ha extralimitado en sus funciones como colaboradora de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ámbito de la policía judicial.
En junio de 2024, un acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) requirió a la consejera de Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, para que impartiera “las órdenes precisas a fin de que el Cuerpo de la Policía Canaria limite su actuación al ejercicio de las competencias que tiene legalmente atribuidas y, en consecuencia, se abstenga de remitir atestados a los juzgados de instrucción actuando como policía judicial, debiendo actuar siempre en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, atendiendo al marco legal y estatutario vigente”.
Sin embargo, el Gobierno regional parece haber pasado por alto esa advertencia del órgano de gobierno del alto tribunal canario, que fue ratificada por el Consejo General del Poder Judicial. En octubre del año pasado, se abordó el mismo asunto en la denominada Comisión Provincial de Coordinación de la Policía Judicial en Santa Cruz de Tenerife, de la que forman parte la presidenta de la Audiencia Provincial, el fiscal jefe o la magistrada decana.
“La presidenta recuerda a los representantes del Cuerpo General de la Policía Canaria el cumplimiento de lo acordado por la Sala de Gobierno en el año 2024, lo que refrendan el fiscal jefe y la magistrada juez decana”, señala el acta de esa comisión, a la que ha tenido acceso este periódico.
En esa comisión, los representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil dijeron tener conocimiento de la realización de “prácticas de investigación propias de la policía judicial” por parte de funcionarios de la Policía Canaria, tales como “remitir oficios policiales a compañías de transporte marítimo y aéreo, con el propósito de que estas faciliten datos sobre personas y vehículos”. En esos oficios se hace constar que la unidad solicitante es “la Oficina de Policía Judicial del Cuerpo General de la Policía Canaria- Grupo de Investigación”, lo que, a juicio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “conduce a error a las empresas privadas que, desconocedoras de las funciones de los diferentes cuerpos policiales, facilitan los datos requeridos”.
A principios de ese mismo año, la única diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, planteó varias enmiendas para reformar la legislación y permitir que la Policía Autonómica pueda ejercer como policía judicial, no solo en colaboración con los cuerpos del Estado. La llamada Unidad de Policía Judicial de la Policía Canaria está conformada por unos cinco agentes en la actualidad.
Seguridad ciudadana
En relación con las funciones de Seguridad Ciudadana, la ley de 2008 encomienda a la Policía Canaria aquellas que “de acuerdo con su naturaleza puedan corresponderle en virtud de las competencias que se atribuyen a la comunidad autónoma”. Una de las quejas del delegado del Gobierno en Canarias es que la negativa del Ejecutivo regional a asumir sus competencias en el traslado de menores con medidas judiciales está detrayendo efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para esta función que sí le corresponde.
La Dirección General de Seguridad se ha prodigado en los últimos meses en diversos medios de comunicación con el objetivo de exhibir la labor que está realizando la Policía Canaria en esta materia en La Palma. Desde hace cerca de dos años, seis agentes del cuerpo se desplazan de manera permanente de martes a viernes a tres municipios de esa isla para patrullar sus calles. Se trata de Los Llanos de Aridane, el Paso y Tazacorte, localidades gobernadas por CC.
Esas labores las realiza en otros municipios de islas no capitalinas pero de forma ocasional, en función de necesidades puntuales de colaboración de las policías locales o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En el caso de Tenerife, según las fuentes consultadas por este periódico, también es habitual que se destine a patrullar por el norte de la isla, principalmente en La Orotava (también gobernada por CC), a los agentes sobrantes de los denominados puestos fijos. Esto es, de los destinados a la vigilancia y protección de personas, órganos, edificios, establecimientos y dependencias de la comunidad.