Derecho al Techo reclama la creación “urgente” de espacios gratuitos de asesoramiento especializado en vivienda

Derecho al Techo ha denunciado este jueves que la mayoría de las personas afectadas por desahucios tras el rechazo de las derechas, Vox, PP y Junts, que votaron en contra de la prórroga de una moratoria y otras medidas del llamado 'escudo social', carecen de información básica sobre sus derechos, y que las sitúa en una “clara posición de indefensión frente a propietarios, inmobiliarias y grandes tenedores”. Por ello, la plataforma reclama a las instituciones competentes la creación de espacios públicos y gratuitos de información y asesoramiento especializado en vivienda.

El colectivo detalla en un comunicado que “la no aprobación de la prórroga del denominado escudo social (ómnibus) deja a miles de hogares en una situación de mayor vulnerabilidad e indefensión, justo cuando Canarias se enfrenta a uno de los momentos más críticos en materia de vivienda de las últimas décadas”.

Según Derecho al Techo, se estima que alrededor de 40.000 contratos de alquiler finalizarán en Canarias a lo largo de 2026, una situación que afectará directamente a más de 97.000 personas, obligadas a renegociar sus condiciones en un contexto de emergencia habitacional. Sin las medidas de protección que contemplaba la prórroga del escudo social, “muchas de estas personas quedan expuestas a subidas abusivas, desahucios y desplazamientos forzados”, recalca.

Además, la plataforma señala que los incrementos medios del alquiler podrían alcanzar hasta 2.267 euros más al año por hogar, situando a Canarias entre los territorios con mayor presión del mercado del alquiler del Estado.

Esta realidad se produce en un escenario marcado por salarios bajos, precariedad laboral, escasez de vivienda pública y una creciente especulación inmobiliaria. La retirada o no renovación de mecanismos de protección agrava aún más una situación ya insostenible y coloca a miles de inquilinas e inquilinos al borde de la pérdida de su vivienda.

Por todo ello, exigen a las administraciones públicas la creación “urgente” de espacios de información y asesoramiento especializado en vivienda, de carácter público y gratuito, que permitan a la población conocer sus derechos, las vías de defensa existentes y las alternativas ante situaciones de abuso o riesgo habitacional.

Asimismo, el colectivo explica que estos servicios deben implementarse de forma proporcional a la población, a nivel municipal o por distritos en los municipios de mayor tamaño, y contar con una difusión amplia y eficaz, tanto presencial como telemática, para garantizar que lleguen realmente a quienes los necesitan.

Por último, también reclaman que se actúe “de manera preventiva” para evitar desahucios, desplazamientos forzados y situaciones de sinhogarismo, especialmente ante la finalización masiva de contratos de alquiler y la ausencia de un marco estatal de protección suficiente.