Rojas dice que el Estado aplaza los acuerdos de dependencia con las comunidades
La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, informó sobre el aplazamiento, por parte del Ministerio de Educación y Política Social, de la toma en consideración de los acuerdos entre el Estado y las comunidades cutónomas, en el marco la Comisión Territorial del Sistema Nacional de la dependencia.
La Ministra de Educación y Política Social emplazó a las comunidades para el mes de octubre, debido a que los agentes sociales mostraron su disconformidad sobre la propuesta del Estado sobre la acreditación de los centros y principalmente sobre la capacidad económica del beneficiario.
Rojas apuntó que “desde el Gobierno de Canarias ya habíamos manifestado la necesidad de que el Estado reglamentara por decreto la capacidad económica del beneficiario para que no se establecieran diecisiete sistemas distintos, uno por cada comunidad. Al no hacerlo las comunidades autónomas nos vimos obligados a sacar adelante una normativa provisional para poder iniciar los trámites de la asignación de servicios o pago de prestaciones”.
Hay que tener en cuenta que en el marco de la capacidad económica se establece el porcentaje que pagará la persona dependiente para costear el servicio que precise. El Estado debe de establecer unos máximos y mínimos iguales en todas las comunidades, ya que la equidad es uno de los principios garantizados por la ley de dependencia. A falta de esos límites cada autonomía ha aplicado sus propios criterios, de tal forma que las personas dependientes pagan por los servicios de forma diferente según donde residan.
En la normativa de la Comunidad Autónoma de Canarias, la vivienda habitual no computa para establecer la capacidad económica del beneficiario “porque entendemos que se trata de un derecho fundamental de las personas, que en Canarias además conlleva el trabajo de toda una vida, muchas veces como fruto de la emigración”.
Los agentes sociales han hecho alegaciones a la propuesta del Ministerio en el mismo sentido, por lo que la Administración General del Estado ha decidido aplazar hasta octubre la toma en consideración de estos acuerdos.
Rojas también mostró su preocupación a la hora de “hacer confluir los dos sistemas actuales, el de la ley de dependencia y el sistema que hasta ahora se viene aplicando en Canarias, por el cual 8.002 dependientes ya están recibiendo servicios como ayuda a domicilio, centros de día y centros residenciales, pero que no quiere ser baremadas, porque el sistema canario es más beneficioso que el sistema estatal”. “Como indica la propia ley, las prestaciones económicas son subsidiarias a los servicios, de ahí la necesidad de crear nuevas infraestructuras, que en Canarias siempre resultan más caras que en el territorio continental, porque si no estaríamos desvirtuando el propio espíritu de la ley”.
En el marco de la ley de dependencia, la Comunidad autónoma ya ha otorgado 190 prestaciones económicas y se han asignado 42 plazas en centros de día y 55 asistencia residencia, para un total de 287 planes individuales de atención, “aunque no podemos olvidar las más de 8.000 personas dependientes asistidas en servicios atendidos fuera del ámbito estricto de la ley y por tanto con financiación autonómica”, apuntó la consejera.
Financiación
En la misma reunión se anunció el reparto de la financiación estatal correspondiente a 2008, que asciende a 241 millones de euros. Rojas hizo hincapié en que “a principios de año el Estado anunció un fondo de más de 871 millones de euros, pero el reparto a las Comunidades autónomas, que son las verdaderas encargadas de gestionar la ley, y las que sufren la presión de la ciudadanía, sólo van a disponer de alrededor de una cuarta parte de ese fondo, cuando en el presente año al derecho subjetivo de los grandes dependientes, se han sumado el de los dependientes severos nivel dos”.
La consejera de Bienestar Social manifestó que “si el año pasado ya era insuficiente los 7 millones de euros, los 9,1 millones de euros para la atención a un colectivo mucho mayor por la incorporación de las personas dependientes severos de nivel dos, son todavía más insuficientes, porque no podemos olvidar que la ley obliga al Estado a financiar el 50 % de los costes del Sistema y Canarias ya destina para la asistencia a los mayores dependientes y a las personas con discapacidad 115 millones de euros”.
Añade que Canarias tampoco está de acuerdo en los criterios de reparto, ya que la insularidad sólo puntúa con un 0,6 %, mientras que la superficie se valora con un 4 %, “por lo que Canarias sale perjudicada, además de que no se entiende qué tiene que ver la amplitud del territorio con la atención a las personas dependientes”.
Las comunidades autónomas también exigieron transparencia en el reparto de los fondos, ya que el pasado año se realizaron convenios, al margen del Consejo Territorial, con determinadas comunidades dotándolas de mayores fondos estatales. “Desde las Comunidades autónomas se entiende que además de vulnerar el principio de equidad entre los territorios, esta situación no debe de repetirse ya que no favorece la debida lealtad institucional”, subrayó.
