Seis colegios de profesionales en Canarias critican que se limite la concurrencia y la participación en la licitación de obras
Seis colegios de profesionales han criticado que las administraciones “abusan” del uso de medios propios en la redacción de proyectos y en la ejecución de obras, y de ese modo se limita la concurrencia y la participación públicas en la licitación de trabajos y servicios.
En concreto, se trata de los colegios profesionales de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Santa Cruz de Tenerife; de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Santa Cruz de Tenerife; de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas; de Ingenieros de Telecomunicaciones; de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife y de Arquitectos de Canarias.
En un comunicado, los colegios profesionales aseguran que esa actuación de las administraciones tiene consecuencias en el encarecimiento de los trabajos, que no se reducen los plazos de ejecución y que se aumenta la subcontratación.
Las organizaciones critican que el empleo de empresas públicas como medios propios por parte de las diferentes administraciones, tanto en la redacción de proyectos como en la ejecución de obras, implica la posibilidad de encargar directamente, sin ningún tipo de licitación pública, cualquier actuación, ya sea asistencia técnica, proyecto u obra que la Administración pretenda acometer.
La figura del “encargo” por parte de la Administración a esas empresas se está utilizando de manera “abusiva, según los colegios profesionales, que indican que la mayor parte de las veces es consecuencia de l”a incapacidad“ de la administración pública para acometer en tiempo y forma procedimientos de licitación en el marco de la Ley de Contratos del Sector Público, y ese ”encargo“ es un recurso que debería emplearse de forma excepcional y no habitual.
En todo caso, añaden, recurrir a ese procedimiento, amparado por la ley, debe hacerse de manera “justificada y probarse como la forma más ventajosa” para acometer los trabajos por parte de la Administración.
En la nota, aseveran que la mayoría de las justificaciones que se realizan en la actualidad se sustentan en el retraso temporal para llevar a cabo procedimientos de licitación por falta de recursos humanos en los servicios de actuación administrativa, contratación, servicios jurídicos, servicios técnicos y un “largo etcétera”.
“La falta de músculo humano no es razón suficiente para abusar de una forma de ejecución que deja de lado la capacidad, el mérito, la concurrencia pública y el poder conseguir las mejores ofertas del mercado con la mejor relación calidad-precio, despreciándose así la esencia de una licitación que es conseguir la propuesta más ventajosa para la Administración”, señalan.
En este sentido, cuestionan qué es lo más ventajoso para la administración y en lo que se “basa el mayor porcentaje de justificaciones para encargar los trabajos a un medio propio”. Como ejemplo, exponen que ejecutar una obra mediante encargo a un medio público supone, de entrada, un incremento del presupuesto del proyecto entre el 20% y el 30%, mientras que en una licitación las empresa ofertarían unas bajas que reducirán el precio de adjudicación del orden del 15%.
“Por la misma obra, la Administración va a pagar 125 por lo que podría haber contratado por 85, lo que supone casi el 50% de incremento del coste de la obra cuando la realiza un medio propio. Y eso siempre y cuando no se aprueben nuevas tarifas, lo que conllevaría volver a regularizar el contrato. Por tanto, no se le está dando el mejor uso al dinero público, que es una de las obligaciones de la Administración”, detalla el comunicado.
Respecto a los plazos, los colegios profesionales consideran que los encargos “en el mejor de los casos, se dilata una vez y media sobre el que podría desarrollar una empresa constructora”. Según la nota, “esto ocurre porque los turnos, rendimientos o los horarios reducidos de trabajo”, que “no son los de una empresa privada, en las que el adelanto en la ejecución y la organización de los recursos supone una ganancia económica para la empresa”. Así que “tampoco está claro que haya una reducción de plazo hasta la puesta a disposición de una obra debido al mayor tiempo de ejecución”.
Sobre la calidad de los trabajos, los colegios profesionales dicen que los medios propios son empresas generalistas y hay actuaciones que requieren de un conocimiento técnico elevado que sí tienen expertos en esas materias, por lo que “están en clara desventaja técnica con obras realizadas por empresas especializadas”.
Además, los colegios profesionales añaden que las empresas públicas se ven obligadas a subcontratar la ejecución casi total de una determinada actuación al carecer de medios propios.
“En resumen, la Administración solventa su falta de eficiencia y diligencia a la hora de redactar los pliegos para la licitación de obras y servicios encargándolos directamente a unas empresas públicas que no disponen de los medios suficientes para la ejecución de los mismos, además de dañar a los sectores de la construcción y de la consultoría” resumen los colegios profesionales.
Aunque matizan que los recursos públicos pueden ser una figura necesaria en un momento dado y que tiene su espacio en el apoyo a la Administración en la consultoría y en la ejecución de obras, los colegios profesionales insisten en criticar “el uso abusivo de este recurso”.
“No se puede emplear sine die, no todo vale, no se puede justificar que en todos los casos el empleo del medio propio es lo más ventajoso para la Administración por reducir los plazos de licitación. Para poder licitar todas las actuaciones que acomete la Administración hace falta un impulso desde las estructuras organizativas de la misma. Se ha de apoyar a los servicios dotándolos de medios materiales y recursos humanos. Se debe proteger la libre concurrencia, la libre competencia, la presentación de ofertas realmente ventajosas para la Administración, tanto técnicamente como económicamente, y en los mejores plazos que una empresa sea capaz de desarrollar las actuaciones y no disimular la ineficacia mediante el uso y el abuso de empresas públicas como medio propio”, remarcan los colegios profesionales.
0