Sin soluciones para frenar el desahucio de Ernesto
Ernesto Paso no descansa, “estaba preparando un escrito para el banco explicándoles cuál es mi situación”, nos dice nada más descolgar el teléfono.
Este grancanario de 31 años sufre una discapacidad del 55% provocada por un accidente laboral después de recibir el alta de forma prematura cuando todavía recibía un fuerte tratamiento para superar una leucemia aguda, no para de recibir llamadas de las administraciones, “no hacen más que llamarme para decirme que tenga paciencia”, asegura.
Paciencia es lo poco que le queda a Ernesto. Desde hace meses malvive con una pensión de 460 euros después de que se le agotara una ayuda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que sufragaba el alquiler íntegro de su vivienda.
Tras una reunión con el concejal de Urbanismo, el consistorio capitalino le planteó una solución, a su juicio, poco fructífera, “me ofrece una ayuda de 6 meses buscando yo un alquiler, pero con la repercusión que esto está teniendo y con mi estado de salud, nadie quiere alquilarme una vivienda”, asegura Ernesto. También le plantean la posibilidad de intentar negociar con la propietaria del piso, pero no confía en ello, ya que el contrato arrendatario fue rescindido por el juez, “lo más probable es que se oponga teniendo en cuenta que no ha tenido escrúpulos incluso para intentar embargar mis enseres personales reclamándome la cantidad adeudada”. Al parecer, la propietaria de la vivienda alega que necesita el piso para un hijo suyo en situación de desempleo.
El Ayuntamiento asegura que la última palabra la tiene el Instituto Canario de la Vivienda y que ellos ya han informado acerca de la situación que sufre Ernesto, pero desde el Instituto alegan que en este momento no disponen de una vivienda que reúna los requisitos de eliminación de barreras arquitectónicas. “He hablado con Inés Rojas que me promete una solución, pero esa solución nunca llega”, expone Ernesto.
De momento no se quedará en la calle, después de que el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Las Palmas de Gran Canaria le concediera la prórroga de un mes para el lanzamiento de la vivienda.
El joven nos cuenta que, el Juez, en su decreto del día 11 de febrero no sólo concede el aplazamiento del desahucio en un mes, además, comunica el deber de protección de la salud de los ciudadanos que compete a cualquier poder público, “si el acto de lanzamiento pudiera poner en riesgo el delicado estado físico del demandado y teniendo en cuenta además el Art. 704 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”. El juicio se ha aplazado hasta el 14 de marzo. “Ahora la decisión la tiene el juez”, asegura Ernesto con la voz debilitada.
