El Gobierno canario interviene para que la gestora del 1-1-2 pague las nóminas, retrasadas por “falta de liquidez”

Sala del 112 Canarias

Alexis González

Las Palmas de Gran Canaria —

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Uno de los pilares fundamentales en la crisis sanitaria del coronavirus, los trabajadores que prestan servicios esenciales de asistencia telefónica en el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno canario, aún no ha cobrado sus nóminas de marzo. El impago ha obligado a intervenir al Ejecutivo regional para solventar cuanto antes el conflicto creado en el servicio 1-1-2 Canarias por la empresa Grupo Norte, adjudicataria del servicio desde 2017.

La alarma saltaba este sábado mediante un post en redes sociales de empleados del 1-1-2: “La empresa Grupo Norte, que tiene subcontratado el servicio de atención telefónica de urgencias y emergencias 1-1-2 Canarias, desde el 1 de Febrero de 2017 nos comunica hoy [por este viernes] 3 de Abril, que no tiene liquidez para pagarnos la nómina y hasta la fecha no sabe cuándo podrá hacerlo”.

La empresa pública responsable, Gestión para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC) ha explicado a Canarias Ahora que supo el viernes de esa comunicación de Grupo Norte a sus empleados.

Su respuesta oficial ha sido que “dada la gravedad de la situación y la importancia del trabajo que desempeñan estos profesionales en el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, GSC se ha puesto en contacto con Grupo Norte para solucionar el problema de forma inmediata y, tras las gestiones realizadas, se nos ha garantizado que el próximo lunes se realizará el pago de las nóminas a los trabajadores”.

Este periódico ha intentado en vano, también a través del GSC, ponerse en contacto directo con Grupo Norte, para conocer las razones de este retraso en las nóminas y de cuándo tiene previsto cumplir sus obligaciones con los trabajadores del 1-1-2.

Sin embargo, fuentes gubernamentales explican que desde la Comunidad Autónoma se han librado todos los pagos a la empresa adjudicataria Grupo Norte, porque de lo contrario incurrirían en irregularidades. “Se le paga seguro porque las administraciones tienen el pedido medio de pago, que si no cumplen, nos castigan”, apunta una fuente del Ejecutivo.

Cuestión aparte es lo que haga esa empresa adjudicataria con esos pagos públicos para cubrir un servicio público. Si los destina a su tesorería para cubrir otros agujeros de impagos de otros clientes y hacer equilibrios en sus cuentas, o si los dedica íntegramente a pagar a sus empleados por el servicio que está cobrando. La ley no obliga a que sea un destino finalista.

A lo largo de estas tres semanas de crisis sanitaria, confinamiento y desconcierto de la población sobre su propia salud, los trabajadores del 1- 1-2 han difundido sus reivindicaciones para dotar de más medios y de más personal a la asistencia telefónica de urgencias y emergencias. El trabajo se ha visto desbordado por la cantidad de llamadas realizadas por gente preocupada por sus síntomas. Tanto, que finalmente hubo de habilitarse otro teléfono exclusivo para casos de coronavirus, el 900 661 112.

El servicio telefónico de urgencias 1-1-2 ha sido también determinante en los últimos episodios críticos vividos en las Islas, como los incendios de Gran Canaria en agosto pasado, o de esta misma isla y de Tenerife en pleno mes de febrero, cuando la mayor de las calimas que se recuerdan en el Archipiélago tiñó de naranja el cielo y puso en peligro por alergias y asma a buena parte de la población. Y después llegó el virus…

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