Tendencia alcista de los procedimientos penales en Canarias
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Vicente Garrido, reveló este lunes que en Canarias, durante 2005, se incoaron un total de 217.134 procedimientos penales, lo que superó en un 5% los iniciados en el ejercicio anterior.
Vicente Garrido, en la presentación de la memoria de la Fiscalía correspondiente a 2005 ante la comisión parlamentaria de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico, destacó que aunque la criminalidad ha aumentado en Canarias respecto a 2004, “esta subida no es espectacular”.
“El aumento se debe, en muchos casos, a que antes era considerado como falta algo que ahora es delito”, subrayó.
El fiscal jefe detalló que la tendencia alcista de los procedimientos penales en 2005 se dio en mayor proporción en la provincia de Las Palmas, con un total de 117.549 procedimientos, lo que supuso un aumento de un 7% respecto a 2004.
En la de Santa Cruz de Tenerife se incoaron 99.585 procedimientos en 2005, un 2,11% más que en el ejercicio anterior.
Vicente Garrido destacó en la exposición de la memoria el número de juicios rápidos que se han producido en Canarias durante 2005 y que alcanzaron los 9.524 juicios, al tiempo que agradeció el esfuerzo que hacen los distintos funcionarios de las fiscalías.
El fiscal dijo que en Canarias había en 2004 un total de 87 fiscales; 47 para la provincia de Las Palmas y 40 para la de Santa Cruz de Tenerife, y que a fecha de hoy hay en el Archipiélago 91 fiscales; 49 en la provincia de Las Palmas y 42 en la de Santa Cruz de Tenerife.
“En enero de 2007 tendremos en Canarias 94 fiscales”, indicó Garrido, sin especificar cuantos en cada una de las provincias.
Sobre la evolución de la criminalidad, Garrido indicó que “existen un determinado número de hechos delictivos que no encuentran acomodo en las estadísticas, porque muchos no son objeto de denuncia, y otras veces un mismo hecho delictivo puede dar lugar a dos o tres elementos estadísticos”.
Garrido destacó en su memoria el incremento de los delitos en el ámbito familiar; “mientras que en 2004 se registraron 1.635, en 2005 alcanzaron los 2.097 delitos en el Canarias”.
Sobre la violencia de género, el fiscal jefe del TSJC señaló que este tipo de delitos residen en la desigualdad y que “son necesarios para atajarlos educación, prevención y aplicación penal de forma contundente”.
Respecto a la inmigración, Garrido dijo que puede provocar desarraigo y marginación, y resaltó el progresivo endurecimiento de la respuesta institucional y penal contra las mafias que trafican con seres humanos.
Corrupción, “un fenómeno de gran trascendencia social”
Sobre la corrupción y tras recordar que es un delito que se persigue desde hace años, el fiscal Jefe del TSJC señaló que “es un fenómeno de gran trascendencia social y nuestro compromiso es perseguir este tipo de conductas sea cual sea su autor”.
“El Ministerio Fiscal actuará con rigor (contra la corrupción), sujeto a la Constitución y con respecto a las garantías constitucionales, donde se incluye la presunción de inocencia”, indicó Vicente Garrido.
Julio Cruz, diputado Socialista, destacó el elevado número de juicios rápidos que se había producido en Canarias durante 2005 y el elevado número de fiscales con los que cuenta Canarias, pero criticó el también elevado número de juicios suspendidos durante el mismo periodo, 1.692.
Cruz pidió más recursos materiales y humanos para la Justicia para evitar la suspensión de juicios.
Sobre la corrupción, el diputado socialista dijo que se debe respetar las actuaciones del Ministerio Fiscal, “y sus actuaciones deben ser contundentes y decididas, sin escatimar recursos y esperamos que esos posibles delitos sean esclarecidos ante la opinión pública”.
Jorge Rodríguez, portavoz del PP, señaló en la memoria se asegura que desde el año 2000 se encuentra congelado el aumento de personal auxiliar que presta su servicio en la fiscalía, y esto me sorprende“.
Tras preguntar al fiscal jefe por el retraso del nuevo palacio de Justicia de Las Palmas, Jorge Rodríguez dijo que la situación de los menores en Canarias “dibuja un panorama pesimista, lo que indica la escasa disposición del Gobierno canario para atajar las situaciones que se asegura en el informe” (déficit de centros para menores con medidas judiciales).
Sobre el acoso escolar y la agresión al docente, el portavoz popular indicó que su grupo está planeando presentar una proposición no de ley en el Parlamento canario.
“En esa PNL pretendemos instar al Gobierno regional para que a su vez inste al Gobierno del Estado a modificar el código penal para que una agresión a un docente sea considerada como una agresión a una autoridad pública”.
Flora Marrero, diputada de CC, dijo sentirse preocupada por el incremento de la criminalidad en Canarias en 2005, que se ha aumentado en un 5% respecto a 2004.
Además, se refirió al desacuerdo que muchas veces existen entre las estadísticas judiciales y las policiales respecto a la criminalidad.
