Trabajo obliga al Ayuntamiento de Mogán a cumplir la normativa de seguridad en las prácticas de tiro policial

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas ha exhortado al Ayuntamiento de Mogán a cumplir con la normativa en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales en la realización de las prácticas de tiro para los agentes de la Policía Local del municipio sureño.

El organismo estatal responde así a las reiteradas denuncias que ha formulado a lo largo de los últimos años el sindicato UGT sobre la carencia de medios de protección, en especial de chalecos antibalas, como la realización de estas prácticas fuera de las horas de servicio.

Tras girar visita a las dependencias municipales en agosto del año pasado y solicitar documentación tanto al Ayuntamiento como al servicio de prevención ajeno, Inspección de Trabajo constató que la evaluación de riesgos vigente no contemplaba los derivados de las prácticas de tiro, por lo que requirió su revisión. Un mes después, la empresa externa remitió una nueva evaluación que recogía la necesidad no solo de formar a los agentes, sino también de dotarles del material de seguridad oportuno, esto es, de orejeras y gafas de protección y chalecos antibalas.

La inspección remarca, además, que las prácticas de tiro deben considerarse horas de trabajo efectivo y que deben realizarse “preferentemente” dentro del horario de servicio, “sin perjuicio de las compensaciones que procedan”, con tiempo de descanso, cuando no puedan desarrollarse en ese periodo.

“Después de la lavada de cara de Inspección es cuando se están dando prisa en adquirir principalmente los chalecos de protección antibala, pero no por la seguridad que ofrecen para el servicio diario, sino para poder seguir realizando prácticas de tiro, algo realmente lamentable cuando en este municipio hemos tenido verdadera necesidad de protección desde hace tiempo”, señala UGT en un comunicado.

“La irresponsabilidad es tal que ni tan siquiera les preocupó (a la alcaldesa, Onalia Bueno, y al concejal de Seguridad, Mencey Navarro, ambos de Ciuca) que se haya producido un accidente en una de las prácticas anteriores, accidente del que parece ser no dieron traslado a la Inspección estando obligado a ello y restándole importancia en todo momento”, señala la organización sindical en un comunicado.

UGT había denunciado diversas irregularidades en materia de prevención de riesgos laboral, entre ellas la falta de los equipos de seguridad necesario y, más en concreto, de chalecos de protección antibalas, “y no solo para las prácticas de tiro”, sino como “elemento de seguridad para el servicio diario”.

El sindicato acusa a la alcaldesa y al concejal de Seguridad de haber actuado “con desprecio” hacia los agentes y de “endurecer las condiciones para la asistencia obligatoria a esas prácticas de tiro” cada vez que la organización elevaba una denuncia sobre estas condiciones, teniendo que asistir policías “en día libre, en horario nocturno e, incluso, intentándolo con alguno estando de vacaciones, todo ello incumpliendo el acuerdo de personal a la hora de compensar las horas de asistencia fuera de la jornada de trabajo”.

UGT recuerda que el concejal de Seguridad, Mencey Navarro, llevó el asunto a la mesa de negociación y solo una de las organizaciones, el Sindicato de Policías y Bomberos (SPPLB), apoyó la actuación municipal “a sabiendas del incumplimiento de la normativa de seguridad, la falta de evaluación de riesgo, la falta de equipamiento de protección individual y, lo que es peor, a sabiendas de que ya se había producido un accidente en una de las prácticas anteriores en la galería de tiro del Cuerpo Nacional de Policía, dejando claro que les interesa en mayor medida defender los intereses del político de turno y de la jefatura antes que la seguridad de los policías, ya que en todo momento critican y desprecian las denuncias de UGT”.

Esta central y CSIF han denunciado también, tanto verbalmente como por escrito, que SPPLB acude a esas mesas generales de negociación “sin derecho a voto, debido a su falta de representación sindical”. Para UGT, se trata de un comportamiento “poco ético y antisindical”, al igual que el hecho de que uno de los delegados de SPPLB perciba cada año más de 15.000 euros de complemento específico “a pesar de una sentencia que confirma su ilegalidad”. “Es lamentable y despreciable que no solo tengamos que defendernos de los abusos y desprecios políticos, sino que también tengamos que gastar energía en denunciar las actuaciones de otro sindicato y que, por supuesto, seguiremos denunciando hasta que devuelva todos los años que cobre irregularmente”, añade.

“Están suficientemente advertidos de que, en caso de que se produzca otro accidente en las prácticas de tiro policial con un resultado grave, desde luego no van a tener que dar explicaciones a la Inspección de Trabajo, probablemente se puedan ver dando explicaciones ante un juez”, concluye UGT.