El TSJC anula la orden que regula la enseñanza a superdotados
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado la Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias por la que se regulaba la atención educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales. El Tribunal considera que la orden es discriminativa y que expulsa a los padres del proceso educativo.
En su sentencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC da la razón a la Fundación de Ayuda a los Niños Superdotados de Canarias (FANS) que denunciaba el texto por “chocar frontalmente con la legislación vigente en materia de protección del menor” y por constituir “una discriminación hacia el resto de los menores, un alejamiento de la realidad educativa, así como una quiebra de lo derecho de las familias a participar activamente en la educación de sus hijos”.
FANS alegaba en su demanda que “sólo se vincula la toma de decisiones a los funcionarios de la Consejería de Educación, sin tomar en consideración las opiniones de otros profesionales vinculados con el menor y no pertenecientes a la Administración”, así como que la intervención de los padres en el proceso educativo de sus hijos sería “nula, salvo para otorgar determinadas autorizaciones”.
Para la Fundación, la Orden tampoco contemplaba el “derecho del menor a ser oído ni la primacía del interés de éste sobre cualquier otro”.
Además, denunciaba que es a los cuatro o cinco años, y no a los a los seis, como establecía el texto del Gobierno de Canarias, cuando debe detectarse la superdotación intelectual para que dicha detección sea considerada “temprana”, entre otros asuntos.
Según el veredicto de la Sala, “la Orden en términos generales contiene previsiones correctas y medidas adecuadas para atender a la situación de los menores con altas capacidades intelectuales, pero yerra al no admitir una mayor y directa participación y audiencia de los padres y de los menores, lo que vicia el contenido de las actuaciones ulteriores”, por lo procede su anulación.
La Orden, del 22 de julio de 2005, había sido publicada el 1 de agosto del mismo año en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).
