La ULL debe proveerse de una organización administrativa bien dotada y estructurada
La Audiencia de Cuentas de Canarias recomienda a la Universidad de La Laguna (ULL) que se dote de una organización administrativa debidamente estructurada y dotada para aumentar la eficacia en su actividad y aconseja a la institución académica que tome las medidas necesarias para potenciar la obtención de recursos propios para aminorar la dependencia financiera de los fondos públicos. En 2003 el presupuesto de la Universidad ascendió a 141,1 millones de euros, de los que el 87,2% provenían del sector público.
Así se desprende del informe de fiscalización de la ULL en el ejercicio 2003 que fue presentado este miércoles en comisión parlamentaria por el presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Rafael Medina Jáber. El documento fija que la actividad económico-financiera y el desarrollo del ciclo presupuestario llevado a cabo por la universidad en 2003 se ajustó a lo establecido en la normativa de aplicación.
No obstante y como excepciones en relación a la legalidad, Medina Jáber apuntó que la ULL no cuenta con una programación plurianual y la evaluación de gastos e ingresos en el ejercicio 2003 que se indican en los estatutos universitarios.
Asimismo, explicó que se incrementaron los créditos iniciales en 8,5 millones de euros destinados a gastos corrientes e inversiones que ha de asumir la institución docente “sin que conste la efectiva cobertura financiera para afrontar los mismos”. Además, el informe recoge que el presupuesto inicial se incrementó en 648.699 euros sin que constase la preceptiva aprobación del mismo por el Consejo Social de la ULL.
Modificaciones presupuestarias sin memoria
El informe indica también que no consta en ninguno de los expedientes de modificaciones presupuestarias la memoria que se contempla en las bases de ejecución del presupuesto.
Medina Jáber indicó que en el ejercicio 2003 la ULL no disponía de una Relación de Puestos de Trabajo del Personal Docente e Investigador, y señaló que la institución docente incumplió lo contemplado en la Ley Orgánica de Universidades y en la Ley Orgánica de Reforma Universitaria para la contratación de profesores asociados, al no contemplar el precepto que indica que dichos profesores serán contratados entre especialistas de reconocida competencia que acrediten ejercer su actividad profesional fuera de la universidad.
El informe recoge asimismo que a 31 de diciembre de 2003 la Universidad no contaba con un sistema de evaluación de la calidad docente, estimación que es preceptiva para determinar los méritos docentes necesarios para el pago al personal docente e investigador de los complementos en nómina denominados quinquenios.
Respecto a la situación económica-financiera, el documento de fiscalización indica que la liquidación del presupuesto de la ULL en 2003 “refleja adecuadamente” la ejecución de las cuentas. Sin embargo, recoge una excepción relacionada con los ingresos en los capítulos IV y VII e indica que la ULL registró un total de 792.165,30 euros de ingresos como derechos reconocidos que no se ajustan a los principios contables públicos.
Medina Jáber afirmó que, si se tiene en cuenta esta salvedad, el superávit de financiación del ejercicio ajustado ascendió a 2,5 millones de euros en vez de los 3,3 millones que es el que arroja el estado del resultado presupuestario presentado por la ULL.
El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias destacó entre las conclusiones del informe que la institución pública no cuenta con un plan estratégico en el que se enmarquen los objetivos a medio y largo plazo a seguir, aunque precisó que en las alegaciones formuladas por la ULL en junio de 2006 ésta manifestó que tiene elaborado un plan que se encuentra pendiente de su aprobación por los respectivos órganos del Gobierno de Canarias.
