Los vecinos se 'atrincheran' en Cho Vito
Unos 300 vecinos se han comenzando a concentrar en la localidad costera de Cho Vito, en el municipio de Candelaria, tras la decisión este lunes de la jueza del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Santa Cruz de Tenerife de levantar la suspensión cautelar de los derribos de 23 de las 31 viviendas declaradas ilegales por la Ley de Costas por invadir dominio público marítimo terrestre.
La decisión fue adoptada en la mañana de este lunes, después de la reunión que mantuvo la letrada con los abogados de la Demarcación provincial de Costas y de los vecinos afectados, que presentaron unos 1.600 folios de documentación, informó Tomás González, uno de los portavoces de los afectados.
Asimismo, confirmó que en la zona se han personado durante este lunes efectivos de la Guardia Civil y ya se han comenzado a realizar las labores de vallado de las vías y retirada de vehículos para facilitar la entrada de la maquinaria que procederá a los derribos, previstos por el auto judicial para este martes.
“Impotencia y rabia”
“Impotencia y rabia es lo que sentimos, de aquí no nos van a mover y ya hemos dicho que seremos parte de los escombros”, advirtió González, quien precisó que los vecinos están haciendo acopio de comida y agua para pasar la noche en la zona, junto a numerosas personas que se están acercando al lugar.
González precisó que desconoce a qué hora podrían comenzar a trabajar las maquinarias e indicó que los vecinos permanecerán en vigilia y que nadie ha desalojado las viviendas ni ha sacado enseres. “Ahora mismo hay niños, mujeres embarazadas y personas mayores, y que sea lo que Dios quiera, lo que hemos dicho nosotros siempre es que nos sacarían con los escombro y eso es lo que va a pasar”, advirtió.
Precisó que en la zona hay como unas 300 personas “y siguen llegando”, entre ellas los 7 concejales de los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Candelaria, quienes este lunes propusieron la convocatoria de un pleno urgente, una de las “pocas opciones posibles” que quedaban, pero que ha sido rechazada por el alcalde de la localidad, Gumersindo García, según explicó el portavoz de los vecinos afectados.
“Nosotros no nos fiamos, porque las vallas se comenzaron a colocar antes de saberse el fallo judicial”, indicó González, quien explicó que las labores de derribo podrían comenzar en cualquier momento, ya que durante este lunes se ha procedido al desalojo de los coches y a la señalización y vallado de la zona.
También explicó que se han desplazado a la isla efectivos de dos Grupos Rurales de Seguridad de la Guardia Civil, ante lo que recordó que las personas que residen en Cho Vito “somos 31 familias, no somos ni etarras ni hemos matado a nadie”.
En cuanto a la decisión de la jueza, apuntó que este fin de semana han estado trabajando “a tope” y han recopilado unos 1.600 folios de documentación “muy completa, que mis dudas tengo que una juez se la haya podido ver en una hora y media”, afirmó.
“En principio la intención es resistir a las palas y si nos mueven seremos partes de los escombros”, reiteró González, quien precisó que incluso han acondicionado alojamiento para medios de comunicación que quieran pasar la noche de vigilia con los afectados y “que sean testigos claros de cómo muere un pueblo que ha luchado durante tres años y medio con la mayor dignidad del mundo, sin causar daño a nadie y diciendo la verdad”, apuntó.
Ratificación del auto judicial
Cabe recordar que esta decisión adoptada este lunes por la jueza, llega después de que la semana pasada fuera admitida a trámite la petición de suspensión cautelar de los derribos presentada por los vecinos, tras acceder al auto judicial que los confirmaba para este martes 7 de octubre.
Con la decisión de este lunes la jueza se ratifica en la decisión adoptada en ese auto judicial emitido el 23 de abril de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Santa Cruz de Tenerife notificando a la Abogacía del Estado la autorización para la entrada y posterior demolición de las 23 viviendas situadas en la playa Cho Vito.
Según ha aclarado el Ministerio de Medio Ambiente, las otras seis construcciones han sido excluidas porque constituyen primera vivienda, según consta en el listado de demandantes de vivienda social facilitada por el Ayuntamiento de Candelaria.
De acuerdo con el auto judicial, se indica que el plazo máximo fijado para que la administración proceda a la entrada ejecución forzosa y subsidiaria de la recuperación del dominio público marítimo-terrestre es de seis meses a partir de la fecha de notificación a la Administración, por lo que las actuaciones de entrada de domicilio y demolición deberán estar completamente terminadas antes del 30 de octubre de 2008.
El Ministerio aclaraba la semana pasada, en un comunicado, que una vez “analizados todos los informes y respetados todos los plazos que la legalidad exige”, la Subdirección General de Sostenibilidad de la Costa ha concluido que no existe “ni un solo indicio que permita relacionar a los ocupantes de la playa de Cho Vito con un poblado marinero, ni se demuestra la existencia de valores etnográficos, ni siquiera se concreta algún tipo de valores, ni se recopila información documental alguna sobre dichas construcción que permitan reconsiderar la obligación de recuperar el uso público del dominio marítimo terrestre para hacerlo accesible a todos los ciudadanos de forma libre, pública y gratuita, como establece la Ley de Costas”.
