La vida después de los ERTE

El pasado viernes comenzaron las reuniones para negociar la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que han sostenido a una gran cantidad de trabajadores desde el inicio de la pandemia. Canarias es una de las comunidades que más se ha apoyado en este salvavidas. En diciembre eran 79.206 residentes de las Islas los que seguían bajo un paraguas que si nada se tuerce se alargará más allá del 31 de enero, la fecha en la que acaba la actual extensión. Sindicatos, empresarios y Gobierno se han sentado con buenas intenciones y todo apunta a que habrá ERTE hasta final de mayo. Cuando esa página llegue, se espera que el plan de vacunación haya alcanzado a un porcentaje muy alto de la población y los tambores de reactivación económica resuenen en todos los sectores. A partir de ahí, incertidumbre. 

La transición que más se teme es la de quitar una T a la ecuación: pasar de los ERTE a los ERE debido al músculo que ha perdido el mercado laboral. Sin embargo, acometer un ERE no es nada fácil. Mucho menos en el Archipiélago, donde la propia naturaleza de su mercado laboral se lo impide en multitud de ocasiones. El artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores regula un doble criterio para este trámite. Por un lado, el número de trabajadores afectados (si la empresa cuenta con menos de 100 personas el umbral es de 10 despidos, y si la compañía alberga entre 100 y 300 empleados los ceses deben afectar al menos al 10% de la plantilla). Y por otro, la duración. La fulminación de los contratos tiene que producirse en un plazo de 90 días. Según el Directorio Central de Empresas, el 95,66% de las empresas canarias reúne a menos de diez trabajadores. Esta cifra, entre otras cosas, refleja que Canarias agrupa una mayoría de “empresas débiles” que no cumplen con los requisitos para efectuar expulsiones masivas, según indica Alejandro Pérez, abogado laboralista.

“Para que pueda darse un ERE se tienen que cumplir unas condiciones específicas, y en Canarias son muy pocas empresas las que cumplen eso. La mayoría son débiles, por lo que no creo que se trate de una vía que se vaya a explotar tanto como podría ocurrir en la Península”, explica Pérez, quien considera que existe otros rasgos particulares del Archipiélago como la temporalidad de los contratos, las externalizaciones o la alta presencia de falsos autónomos que hacen de las Islas un lugar casi inviable para los ERE. “La calidad del empleo en Canarias conlleva a que este paso sea más difícil de dar que en otros sitios”. 

Ante esta coyuntura las empresas están valorando la posibilidad de abrirse paso por vías alternativas que permitan los finiquitos colectivos. Desde febrero de 2020 se han destruido más de 40.000 empleos en Canarias y el paro ha aumentado en un 30%. Las estrategias pueden ir desde dosificar las expulsiones para no superar el umbral de ceses en el plazo de tres meses (de hacerlo, el despido se declararía nulo) a rescindir los contratos temporales que no computan para el ERE. Eso sí, esto de echar a los trabajadores por la puerta de atrás se trata de una “práctica habitual”, recuerda Pérez. 

Preguntado por si ha recibido consultas de compañías que planean ejecutar un ERE, Jose María Mañaricúa, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, asegura que no se han producido llamadas de tal tipo y que ese escenario, de haberlo, no se haría público. El empresario sostiene que no se sabe lo que pasará en los próximos meses, con la tercera ola del virus extendiéndose por toda España y la recuperación económica lejos de ser una realidad. “Estamos peor que en el último cuatrimestre de 2020. Hay menos ocupación que en los meses de octubre, noviembre y diciembre”. 

Para Mañaricúa las empresas tienen que seguir con el respaldo del Estado y el acceso a los créditos para poder endeudarse y aguantar el chaparrón. El presidente de la patronal recuerda que no se pueden ejecutar ceses mientras los empleados se encuentran en ERTE. Y que aquellos enmarcados en los ERTE de fuerza mayor no serán despedidos durante los seis meses posteriores a que finalice esta herramienta. 

“Está claro que habrá empresas que tendrán que destituir. Pero el objetivo de preservar las compañías en esta crisis debe hacerse con los mayores trabajadores posibles. El problema económico viene por un problema sanitario. El paro se irá acrecentando. Pero no depende de nosotros ser un destino turístico”, subraya Mañaricua, que defiende una vacunación exprés en Canarias para convertirse en una zona segura para los turistas. “Para nosotros lo más importante es que Canarias vacune a su población lo más rápido posible. Eso sería una imagen de fortaleza y daría seguridad a nuestros trabajadores. Que después de los grupos de riesgo, sean los empleados de la hostelería los vacunados”. 

Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, destaca el papel que tendrá la vacunación para recuperar el terreno perdido, pero prefiere poner el foco en la demanda que habrá tras más de un año de parálisis y cómo saldrán del impasse touroperadores y aerolíneas. Hasta entonces, dice, “no es el momento de hablar de fulminaciones masivas”, sino de que el Estado siga estirando las ayudas. “Los mecanismos para que no se destruya el empleo tienen que seguir encima de la mesa. Nosotros entendemos que los ERTE deben ampliarse en tiempo y cobertura. No hay otra solución”. En 2020, España invirtió más de 30 mil millones de euros en los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo.

Este curso es el “año de la recuperación”, según ha esbozado el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres. El Ejecutivo autonómico prevé un rebote del PIB del 17,3%, más que ninguna otra comunidad autónoma. Y también recibirá una gran parte del pastel del fondo europeo de reconstrucción, cerca de 630 millones de euros en dos años. Desde la Consejería de Economía creen que la reactivación será lenta, pero todo dependerá de la evolución de la epidemia. Por ello sostienen que “habrá que ir implementando políticas no solo de protección de las empresas, sino también de estímulos (…) darles confianza que desde todos los poderes públicos se van a ejecutar políticas que ayuden a transitar la crisis”.

Para el día, semana o mes en que comience a despertar el ánimo de la economía y la protección del Estado se haya esfumado, Pérez advierte que sería “una ironía” despedir por causas económicas o previstas. Y hace hincapié aquí, porque la regulación actual, implantada por el Partido Popular (PP) en 2012, permite exterminar contratos en caso de atisbar una recesión. “Si para entonces la previsión es que la rueda económica se reanude, todas esas expulsiones podrían declararse como fraude”.