Las aguas de Teidagua no son tan transparentes

Teidagua, S.A. es una entidad de economía mixta, con capital público y privado, utilizada por los Ayuntamiento de La Laguna y Tacoronte para la gestión indirecta de servicios públicos locales de prestación obligatoria, en este caso los de captación, tratamiento, abastecimiento y distribución domiciliaria de agua potable, saneamiento, depuración y reutilización de las aguas, según lo establecido en el artículo 25 y 26 Texto Refundido de la Ley de Bases de Régimen Local.

Su capital social se reparte de la siguiente manera: Canaragua Concesiones, S.A. 49,70 %, Ayuntamiento de La Laguna 40,26 % y Ayuntamiento de Tacoronte 10,04 %, por lo que está clasificada dentro del sector público del Ayuntamiento de La Laguna, entidad ante la que tiene que responder en primera instancia y a efectos de sus presupuestos y cuentas anuales, así como de sus respectivos informes de estabilidad.

Los servicios que presta Teidagua cumplen con todos los preceptos que establece el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales para que su cobranza sea por medio de una tasa y no de un precio público como se viene haciendo en los últimos años. Una sentencia de 23 de noviembre de 2015 del Tribunal Supremo fulmina la discusión doctrinal sobre la posibilidad de que este servicio se pueda seguir cobrando como precio público, con independencia de que lo preste la administración directamente o una sociedad mercantil municipal o privada en régimen de gestión indirecta.

Que el recibo del agua en La Laguna se le cobre a los usuarios de una forma o de otra no es una cuestión baladí. El precio público debe cubrir como mínimo el coste real del servicio y de ahí para arriba se puede incrementar en la cantidad que estime la Junta General y el Pleno municipal, mientras que una tasa lo debe hacer por el máximo de su coste real y no debería generar beneficios.

Analizando los datos que aparecen en el portal de transparencia de Teidagua, nos encontramos que tuvo un balance positivo en sus cuentas de resultados de 2.289.524,77 en 2014 y de 2.258.878,08 € en 2013, que consolidaron un reparto de dividendos por importe de 2.264.799,01 € en 2014 y 2.016.687,88 € en 2013, lo que demuestra que los precios o tarifas abonados en los municipios de Tacoronte y La Laguna han sido superiores a los que se deberían haber cobrado si se hubiese establecido una tasa.

Como consecuencia de la política empresarial diseñada, si analizamos la rentabilidad obtenida, nos encontramos que un capital social (recursos aportados por los socios) de 4.128.938,70, generan una rentabilidad en 2013 del 48,84% (2.016.687,88€) y en 2014 del 54,85% (2.264.799,01€), lo que garantiza la reposición de la inversión en menos de dos años, algo desmesurado que para sí quisiera cualquier empresa que tuviese que sobrevivir en el sector privado en un régimen de libre competencia.

En el caso del socio privado de Teidagua, una empresa foránea filial de Aguas de Barcelona y de la multinacional Grupo Agbar, a los desproporcionados dividendos obtenidos se tiene que añadir el 4% del importe de la facturación de la sociedad, en torno a 1 millón de euros. De esta forma, en los dos ejercicios analizados ha obtenido unos ingresos superiores al doble del importe de la inversión realizada, es decir, en tan sólo dos ejercicios ha sido capaz de recuperar la inversión realizada (2.052.082 €) y además obtener unos ingresos adicionales ligeramente superiores a los 2.000.000 €. En tres ejercicios el beneficio generado duplicaría la inversión realizada, en cuatro ejercicios la triplicaría,...

En un contexto de profunda crisis económica y de una auténtica emergencia social en nuestro municipio, se ha utilizado la cobranza como precio público por los servicios municipales prestados a través de Teidagua para proceder a establecer unas tarifas muy por encima del coste real, interpretación que claramente constituye un fraude de ley en perjuicio de la ciudadanía lagunera y tacorontera, al mismo tiempo que se generaba un beneficio a un particular (Canaragua) con recursos públicos, por cuyos servicios, además, esa sociedad ya recibe un 4% del importe de la facturación total de Teidagua.

Tampoco se puede obviar otra situación, cuando menos curiosa, que se da en el seno de Teidagua, que contrata gran parte de su actividad a otras empresas privadas vinculadas a Aguas de Barcelona (Aqualogy Solutions, Aquagest Servicios, Pozos y Recursos del Teide, Aquadom,...), lo que conlleva falta de concurrencia pública, precios poco eficientes por los servicios prestados y al final un beneficio extra para la parte privada, en detrimento de la pública y, sobre todo, de la ciudadanía, que actúa como una clientela cautiva de una empresa que ejerce su actividad en régimen de monopolio.

Para rematar el ramo, Canaragua ostenta la gerencia de la empresa, algo que le garantiza casi un control absoluto sobre la gestión de Teidagua; ¡el regalo maravilloso que todo empresario le pediría a los Reyes Magos!

Además, en los años 2013 y 2014 se produce un “grave error” en el cálculo de la previsión de los resultados positivos del ejercicio y, por lo tanto, de los dividendos a distribuir, diferencias que en ambos ejercicios ascienden al 100% de su cuantía, es decir, el resultado del ejercicio finalmente obtenido es del doble del valor del incluido en el presupuesto. De esta situación se podría deducir que la forma de elaboración de los presupuestos de la sociedad ha sido muy deficiente o que al aprobarlos con beneficios reducidos se estaba intentando ocultar los objetivos empresariales a obtener.

Los datos que acabamos de poner de manifiesto nos permiten afirmar que los concejales y las concejalas que formaban parte del Consejo de Administración de Teidagua, S.A. en ese periodo, fueron conscientes y participes de esta situación irregular, tanto en el momento de diseñar los objetivos a conseguir por la empresa, aprobación del presupuesto, como en el momento de analizar y aprobar las cuentas anuales.

Todo esto sucede con un Consejo de Administración de Teidagua que se ha repartido unas dietas absolutamente desorbitadas ( 72.763,75 € en 2012, 83.837,59€ durante el ejercicio 2.013 y 73.528,66 € en 2014, más de 6.000€ de media por unas pocas horas de reunión al año), que nos lleva a que nos cuestionemos si no eran conscientes de que con sus decisiones estaban generando un enriquecimiento ilícito a los socios privados de la empresa y que lo hacían con fondos públicos.

En nuestra opinión esta situación irregular debería conllevar la devolución de las cantidades percibidas en concepto de dividendos por los tres socios a la sociedad Teidagua, S.A., para ser utilizadas en la mejora de los servicios municipales cuya prestación ha generado estos beneficios o procederse al reintegro a los usuarios de ambos municipios.

Asimismo, se deben exigir responsabilidades a los miembros del Consejo de Administración con nombramiento municipal que han promovido cobrar unos precios por los servicios municipales en los Ayuntamientos de La Laguna y Tacoronte por encima de los costes reales de los mismos y que han acordado la aprobación de estos presupuestos y los correspondientes repartos de dividendos producidos.

Todos los interrogantes que salen de los datos que aportamos fueron presentados por Unid@s se puede al alcalde de La Laguna en una comparecencia en el último Pleno del 14 de abril, recibiendo la callada por respuesta y un denso informe propagandístico sobre Teidagua, con vaguedades y obviedades, casi todas copiadas de la propia web de la empresa.

Javier Abreu, quien fuera máximo responsable político de Teidagua hasta hace poco, siendo concejal opositor,en noviembre de 2010, dijo que “en La Laguna el agua hace daño a la salud y al bolsillo y que al final te matan de una manera o de otra” y aunque con las extracción de agua del pozo de Las Mercedes y de Las Gavias, sin entrar en el debate sobre la sostenibilidad de esta medida, se ha conseguido mejorar la calidad del agua, en lo segundo no le faltaba ni pizca de razón.

Nos reafirmamos en decir que por mucho que se empeñe el alcalde de La Laguna, las aguas de Teidagua no son tan transparentes como quiere hacernos creer y que tal vez ha llegado la hora de empezar a hablar en serio de remunicipalización de servicios públicos.