La depuradora y el límite de la paciencia

Esta semana hemos conocido un nuevo anuncio acerca de la ampliación y remodelación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Santa Cruz de Tenerife, una infraestructura de vital importancia no solo para los vecinos de nuestra capital, sino también para el conjunto de los habitantes del área metropolitana.

Porque conviene recordar que los 23.000 metros cúbicos de aguas fecales tratados a diario en esta instalación proceden también de los municipios de La Laguna y El Rosario, por más que la integridad de las cargas recaiga en exclusiva sobre esta capital. Por ejemplo, con el vertido al litoral santacrucero del 70 por ciento de ese caudal, sin un tratamiento adecuado, como consecuencia de las carencias de la estación.

Ahora, según ha informado en el Parlamento el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, existe un compromiso del Gobierno del Estado para financiar la ejecución de la obra.

En concreto, parece ser que la Dirección General del Agua acepta llevar a cabo el proyecto, por más que siga sin contar con financiación dentro del convenio de obras hidráulicas suscrito en su día por ambas administraciones.

Su propósito es obtener los 21 millones de euros, que es el montante necesario para acometer los trabajos, de fondos de inversión del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Para ello, necesariamente, el Ejecutivo canario ha de remitir cuanto antes la documentación ambiental del proyecto, necesaria para su tramitación y posterior licitación y adjudicación.

Con una antigüedad de 37 años –fue construida por el Estado en 1977–, la estación se retocó con cargo al convenio vigente en 1997. Sin embargo, su capacidad real de depuración, apenas el 50% del caudal afluente, resulta de una insuficiencia manifiesta a todas luces. De ahí que hayamos venido insistiendo hasta la saciedad que se requiere de una actuación decidida por parte de todas las administraciones públicas implicadas. Aunque originalmente no fue incorporada en el anexo II del convenio Canarias-Estado (2008-2012), la comisión de seguimiento del mismo acordó después su inclusión, como primer paso para obtener la cobertura financiera necesaria, al tiempo que se recordaba su condición como obra de interés general del Estado. Aunque no lo parezca.

De otra parte, la Unión Europea ha realizado un seguimiento de los incumplimientos del Estado por la insuficiencia o carencia de estaciones de este tipo, conculcando la directiva Marco del Agua (DMA) o la de tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Tanto es así que el inicio de expedientes sancionadores ha acabado con la imposición de importantes multas económicas, cuando no han derivado en otros procedimientos jurídicos –en Santa Cruz de Tenerife, sin ir más lejos–, por culpa del retraso en la ejecución del proyecto.

En el colmo del sinsentido, la situación ha afectado a representantes del propio Ayuntamiento, que no solo han visto desatendida su exigencia para que actúen las administraciones competentes, sino que cargan con las denuncias presentadas por terceros por un presunto delito medioambiental.

Por todo ello, nuestra ciudad no puede esperar más. Por necesidad imperiosa, la ampliación y remodelación de la depuradora exige del Gobierno de España la declaración de urgencia o emergencia.

La ilegalidad de los vertidos al mar, con todas sus consecuencias, no puede prolongarse en el tiempo. De la misma manera, el Gobierno de Canarias ha de remitir a Madrid, sin más dilación, la documentación ambiental necesaria para que el órgano estatal proceda a emitir el informe de impacto correspondiente y licitar las obras de una vez por todas. Como señalamos con ocasión del proyecto de defensa marítima de San Andrés, hasta que logramos su desbloqueo, no caben más demoras. La paciencia tiene un límite.