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Los 'amigos' de Clavijo en Grúas Poli empiezan a desfilar por el juzgado

Los siete trabajadores que se hicieron con el servicio gracias al hoy presidente declararán como testigos pero están imputados en otro juzgado por desguazar y vender las piezas de los coches custodiados en el depósito

Entre ellos se encuentra Esteban Hernández, que compatibilizó la conducción de grúas con la empresa Sonotec Tejina, a la que solo en 2015 le cayeron más de 32.000 euros en contratos a dedo del Ayuntamiento de La Laguna

Juan Antonio Alonso, consejero delegado de la empresa pública GMR, SAU

Juan Antonio Alonso, exconcejal con Clavijo, hoy consejero delegado de Gestión del Medio Rural de Canarias. Uno de los que supuestamente presionó al dueño de Grúas Poli para que vendiera la empresa.

Ser amigo de Fernando Clavijo tenía muchas ventajas durante el tiempo que se dedicó a la política municipal en el Ayuntamiento de La Laguna. Lo podrán corroborar a partir de este mismo martes las siete personas que comparecerán en calidad de testigos ante la jueza Celia Blanco, que los ha llamado a declarar por indicaciones de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en relación al llamado caso Grúas. La titular de Instrucción 1 de La Laguna se ha visto obligada a reabrir una causa que cerró sin practicar diligencias y sin hacer caso a la denuncia que presentaron varios partidos de la oposición lagunera en cuyo vértice aparecía diáfana la figura del exalcalde Clavijo, hoy presidente de Canarias.

Los siete testigos de este martes comparecen teóricamente para explicar en qué consistió el proceso por el que una concesión de retirada de vehículos y su custodia en el depósito municipal reglamentariamente adjudicada a Autogrúas Poli acabó en manos de todos ellos después de unos azarosos sucesos en los que, según los denunciantes, pudieron cometerse varios delitos.

El propietario de Grúas Poli, José Padilla, declaró en su día ante la Guardia Civil que los siete testigos de este martes consiguieron su trabajo por presiones directas de Fernando Clavijo cuando todavía solo era el concejal de Seguridad. Padilla notó desde el principio el incómodo aliento de aquel concejal en el cogote y las presiones de todo tipo para que acabara vendiendo su empresa y cediendo la concesión a los siete presuntos amigos de Clavijo: el ayuntamiento le asfixió económicamente retrasándole los pagos de más de 72.000 euros al mes hasta acumular más de 200.000 de atrasos, mientras varios le aconsejaban de distintas y muy convincentes maneras que lo mejor era vender.

Los siete testigos de este martes tendrán que explicar a la jueza las ventajas de las que disfrutaron por parte del Ayuntamiento una vez se quedaron con la concesión, como consta en autos: de inmediato se abonaron los atrasos acumulados, se les concedió un crédito de 120.000 euros con dinero municipal y se prorrogó irregularmente la concesión por otros cinco años, todo ello con los informes contrarios del interventor del Ayuntamiento frente a los que Fernando Clavijo interpuso un decreto.

La jueza intentará comprobar si son ciertos los lazos de amistad entre el actual presidente de Canarias y los compradores de Autogrúas Poli aunque indicios no parecen faltarle. Los siete comunicaron en 2012 a un juzgado que la empresa de grúas que regentaban tenía su sede “a efectos de notificación” en el mismo edificio donde tiene su domicilio social la gestoría de Fernando Clavijo, Administración Ecológica, el edificio Parra, de La Laguna. Y algunos de los comparecientes era compañero de kárate en el gimnasio que frecuentaba el presidente.

Pero estos siete testigos ya son conocidos en los juzgados de La Laguna. En Instrucción 4 se sigue una causa promovida por la Guardia Civil tras descubrirse que durante la gestión del servicio de retirada de vehículos de la vía pública y su custodia en el depósito municipal se dedicaron presuntamente a desguazarlos para vender sus piezas por internet. Unos agentes del instituto armado se hicieron pasar por clientes y llegaron a tratar la compra de una caja de cambios.

El amigo Esteban

Entre estos siete investigados, este martes testigos, se encuentra uno de los más beneficiados por el Ayuntamiento de La Laguna. Se llama Esteban Jesús Hernández González, y según su propio perfil de Facebook llegó a compatibilizar su puesto de conductor de grúas municipales con la gerencia de una empresa dedicada a la prestación de servicios para sonorización de eventos, Sonotec Tejina.

Gracias a sus buenas relaciones con Juan Antonio Alonso, el concejal de Agricultura en la etapa de la alcaldía de Fernando Clavijo, Sonotec llegó a facturar solo entre los años 2014 y 2015 más de 35.500 euros (solo en 2015, más de 32.000) por pequeños servicios de sonorización de actos que fueron siempre adjudicados a dedo por el concejal Alonso, conocido también por Tototo, el mismo que, según el primer dueño de Autogrúas Poli, le presionó para que vendiera a sus siete trabajadores la empresa y la concesión.

Sonotec Tejina aparece en una detallada relación de gastos de la concejalía de Agricultura durante el mandato de Alonso cobrando facturas por actividades que nada tenían que ver con ese departamento, como la elección de romera de San Isidro, en Pico Bermejo, o la celebración del Día de Canarias en la plaza de Tejina y en Bajamar.

En el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife aparece Esteban Jesús Hernández González como administrador de Sonotec Tejina, fundada en 2007, con una facturación en 2016 de unos 150.000 euros y tan solo dos trabajadores.

Se da la circunstancia de que la gestoría que lleva a Sonotec Tejina la gestión fiscal y laboral es Tabor Asesores, fundada por el exconcejal Juan Antonio Alonso Barreto y hoy administrada oficialmente por su esposa, María del Carmen Rodríguez.

José Antonio Alonso sigue contando con la confianza de Fernando Clavijo, quien tras su paso por La Laguna se lo llevó al Gobierno para ponerlo al frente de la empresa pública Gestión del Medio Rural de Canarias. Y eso después de que a Alonso se le atribuya el comienzo del declive de la histórica Cooperativa de Cosecheros de Tejina, que acabó cerrando en 2016 tras 70 años de actividad.

Los trámites que este martes inicia la jueza Celia Blanco responden a un duro auto de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que otorgó más credibilidad que ella a la denuncia de la oposición lagunera. De estas diligencias dependerá la decisión de enviar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Canarias mediante una exposición razonada si la instructora encontrara indicios suficientes como para que Fernando Clavijo, aforado por su condición de miembro del Gobierno de Canarias, sea investigado.

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