La compra de las 358 casas de Añaza al Banco Santander despierta dudas jurídicas y presupuestarias
Las elecciones se acercan y traen consigo anuncios de promesas políticas. El pasado 18 de octubre se proclamaba una de esas iniciativas que a priori nadie tomó de mala fe ya que podía acabar con la situación de amenaza de desahucios que sufren varias familias del barrio de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife. El presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo (CC), anunciaba entonces que compraría al Banco Santander las 358 viviendas para acabar con esta situación. Días más tarde, la consejera de Vivienda, Cristina Valido, matizaba este anuncio y aseguraba que se estaba negociando la operación. Este miércoles, previo a la noche de los Difuntos, la Consejería pedía tiempo en un comunicado. La compra despierta ahora mismo dudas jurídicas y de presupuesto, que para esta materia sólo ha crecido en 2,5 millones de euros con respecto al año 2018.
Es cierto que uno de los mayores problemas que afronta ahora mismo Canarias y al que no se le está poniendo apenas solución es precisamente la vivienda. A la subida de los alquileres se suma la imposibilidad de afrontar una hipoteca, el alquiler vacacional y la paralización del parque público, que dan como resultado que, al menos, 13.400 personas, según datos del propio Gobierno, se encuentren demandando una vivienda. Sin embargo, a la hora de poner solución a este problema y proclamar medidas como la de comprar las casas de Añaza, es necesario tener en cuenta el marco jurídico y presupuestario en el que se mueve la comunidad autónoma. También no caer en una posible trampa del banco.
Según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, lo normal en estos casos es que si el Gobierno quiere comprar viviendas para ampliar su parque público y ponerlas luego en alquiler social, promueva primero un concurso público en el que se justifique esta necesidad social y se puedan presentar así distintas propuestas, ya que puede darse el caso de que haya ofertas mucho mejores que la que pueda hacer un determinado banco al Gobierno. Otra de las opciones que tiene el Ejecutivo regional para hacerse con viviendas es la cesión urbanística, para lo que necesita un título jurídico, que puede venir en la propia legislación del suelo. Sin embargo, si carece de título jurídico, tendría que iniciar un procedimiento expropiatorio, para lo que necesita una ley parlamentaria.
En el caso de las viviendas de Añaza, fueron construidas en régimen de VPO (Viviendas de Protección Oficial) y, según explicó la consejera de Políticas Sociales en una entrevista en el programa La Trinchera, de Mírame TV, el Gobierno tiene derecho de tanteo y retracto, por lo que el banco no puede vender hasta 2021 sin contar con el Ejecutivo Regional, que tiene prioridad en la compra. Ante este escenario aumentan las dudas de si de verdad alguna vez existió la idea del banco de vender estas casas a un fondo buitre, argumento que se utilizó para que el Gobierno anunciara que las compraría.
La posible compra de estos inmuebles puede traer consecuencias en el sentido de que otras que puedan estar en una situación similar empleen el mismo argumento para deshacerse de esos inmuebles. Según Valido, no tiene conocimiento de que existas otros edificios en esa situación y aclara que todas las viviendas que le ofrecen los bancos al Gobierno de Canarias o no están en buenas condiciones o se las venden a un precio que no puede pagar.
Ya se han producido reuniones entre el Gobierno regional y la entidad bancaria para desbloquear esta situación. De momento, el banco se ha comprometido por escrito a no desahuciar a ninguna familia, según informó este miércoles en un comunicado la consejería. La última novedad de la posible compra de los dos edificios es que se espera iniciar el proceso de tasación la próxima semana, para tener una cifra que se corresponda con la realidad y negociar con el banco.
En una reunión con los vecinos, Cristina Valido les explicó las gestiones realizadas hasta ahora y pidió “tiempo” para poder “realizar operaciones tan complejas como estas con la seguridad jurídica necesaria”. El banco asigna un valor a estas viviendas de 29 millones de euros en su balance patrimonial, pero, según el Gobierno canario, “en ningún momento” la entidad ha dicho que las venderá por ese precio. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por su parte, ha asegurado que “creará un dispositivo especial dedicado a tramitar, en el menor tiempo posible, una línea de ayudas para poder saldar los impagos por parte de los vecinos que estén en situación de vulnerabilidad”.
