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Santa Cruz de Tenerife estudiará recuperar la gestión pública de la piscina municipal Acidalio Lorenzo

Piscina Municipal Acidalio Lorenzo en Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife evaluará la recuperación de la gestión directa de la piscina municipal Acidalio Lorenzo, en un acuerdo unánime del pleno en respaldo a la iniciativa presentada por Unidas Podemos. El compromiso adoptado por todos los grupos consiste en estudiar los pros y contras de remunicipalizar este servicio, garantizando la subrogación del personal y mantener o mejorar sus condiciones laborales.

Ramón Trujillo, portavoz de Unidas Podemos (Podemos-Izquierda Unida-Equo) en el Consistorio celebra que todos los grupos municipales se hayan abierto a una posible recuperación de la gestión directa, tras lo que considera “nefasta” experiencia con la gestión privada de la piscina por parte de la empresa SOTEC, que lleva años de incumplimientos con su plantilla y ha provocado quejas en los usuarios de estas instalaciones deportivas públicas.

A través de un comunicado de prensa, Trujillo muestra su satisfacción por este acuerdo ya que permitirá evaluar si es más ventajoso para las arcas municipales asumir directamente el mantenimiento de la piscina que su privatización, un análisis que a menudo se pasa por alto para entregar a manos privadas servicios públicos sin

ningún tipo de justificación económica.

Para el portavoz de UP, las ventajas de la remunicipalización son tres. La primera, la garantía del respeto a los derechos laborales, que no ha ocurrido en el caso de SOTEC, cuya plantilla “ha sufrido largos años de conflictos laborales, incluso con algún despido declarado nulo”. La segunda sería la ventaja de mejorar la gestión, ya que la concesionaria la ha empeorado en cuestiones como la climatización de la piscina. Y en tercer lugar, la posibilidad de un ahorro de costes, pues el Ayuntamiento “se ahorraría el IGIC, el beneficio industrial y probablemente otros gastos que nunca se cuantifican, como los de asesoría jurídica, supervisión o auditorías externas, entre otros.”

Trujillo no dudó en tachar de “negligente” la gestión del servicio desde hace años, pues desde 2014 llegó a haber un preaviso de huelga desactivado con la promesa de que se pagarían en tiempo y forma los salarios, cosa que no ocurrió luego, pues en 2017 lo llegó a constatar la Inspección de Trabajo.

Recordó que en el mandato pasado, con CC y PP en el gobierno municipal, pidió que se abriera expediente por ellos a la empresa SOTEC y no se incoó, y tras nuevas quejas en 2018 y 2019, el resultado ahora es el de un aviso de huelga indefinida a partir del 1 de junio.

Como defendió Trujillo ante el pleno de la Corporación, “sólo son seis trabajadores y el Ayuntamiento podría abordar la gestión” de este servicio a partir de octubre próximo, cuando acaba la prórroga del contrato actual.

El portavoz de Unidas Podemos dejó claro que no tiene prejuicios sobre los modelos de gestión de servicios públicos, pero hizo notar que “cuando una empresa pública funcional mal, se utiliza de ejemplo para demonizar la gestión directa, y en cambio, cuando una empresa privada funciona mal, nadie la usa de ejemplo para defender la gestión directa”. En el caso de SOTEC, enfatizó, “se trata de una empresa privada especialmente nefasta para la piscina y su plantilla, lo que no quiere decir que todas las empresas privadas son así, porque sería falsear la realidad”.

En cualquier caso, observó que hay ayuntamientos, como el de Medina Sidonia (Cádiz), que han remunicipalizado servicios precisamente basándose en la Ley Montoro, en el ahorro de costes, es decir, con un criterio solo economicista, lo que desde su punto de vista demuestra que no es cierto que la gestión privada de servicios públicos implique necesariamente un ahorro económico para la ciudadanía.

Finalmente, puso de relieve que en España “no tenemos exceso de empresas públicas, sino que somos el país donde representan el menor valor del Producto Interior Bruto, menos del 2%, así que tenemos menos que en otros países de la UE y de la OCDE”, por lo que ese argumento en contra de remunicipalizar servicios tampoco lo ve plausible.

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Publicado el
2 de junio de 2020 - 20:22 h

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