Canarias espera unas 15.000 solicitudes de ayudas para el alquiler de vivienda

Los registros y la sede electrónica del Instituto Canario de la Vivienda (ICV), dependiente del Gobierno de Canarias, han recibido 10.649 solicitudes tras cerrarse el plazo establecido en la convocatoria de ayudas al alquiler

El ICV espera otras 4.000 o 5.000 más, las que se presentaron a través de la diversificación de sedes e instituciones, como Correos, los diferentes registros del Gobierno de Canarias, ayuntamientos, cabildos insulares, subdelegaciones del Gobierno y las direcciones insulares. Estas llegarán al instituto a través del sistema ORVE, “por lo que es más que posible que se alcancen las 15.000 solicitudes”, apuntó Francisco Candil.

Esos datos fueron facilitados por el viceconsejero de Políticas Sociales y Vivienda, Francisco Candil, y la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de Léon, en una convocatoria de prensa para explicar todo el proceso que se ha llevado a cabo en torno a la convocatoria bienal de ayudas al alquiler del Gobierno de Canarias.

“Se trata de una convocatoria con un crédito que asciende a 17,5 millones de euros, un presupuesto histórico que ayudará a miles de familias con escasos recursos en un momento en el que el mercado de alquiler está en alza”, explicó Candil.

Por islas, el recuento provisional de solicitudes es el siguiente: en Gran Canaria, 2.963; Tenerife, 2.844; Lanzarote, 662; Fuerteventura, 575, y La Palma, 435, que son las islas en las que el ICV tiene oficina. En cuanto a El Hierro y La Gomera, “habrá que esperar a que nos lleguen las solicitudes entregadas en los registros de las distintas administraciones habilitadas para ello”, explicó la directora.

También están contabilizadas las solicitudes realizadas a través de la sede electrónica, que se han incrementado el 350%, ascendiendo a 1.585, mientras que en la anterior convocatoria fueron tan solo 450.

A partir de ahora, comienza el procedimiento de análisis de todas las solicitudes por parte del personal del Instituto Canario de la Vivienda. “Se revisarán todas las solicitudes” -continuó explicando de León-, “y se requerirá a aquellas personas para que puedan subsanar, con un plazo de 10 días hábiles, los documentos que previamente no han aportado o que tienen algún tipo de problema y que el Instituto Canario de la Vivienda no haya podido recabar a través de las plataformas a las que está incorporado, siempre que el usuario firme la autorización”. Una vez acabado este proceso, se publica la resolución provisional con el listado de beneficiarios, lista de denegados, de desistidos y, en su caso, una lista de reserva.

“El trabajo va a ser muy arduo ya que hay que revisar las previsibles 15.000 solicitudes y la casuística es amplia; por ejemplo, algunas solicitudes vienen a nombre de una persona pero el contrato está a nombre de dos, contratos que no son anuales, analizar las unidades de convivencia que pueden haber sufrido variaciones, certificados de Hacienda, comprobación de datos económicos...”, explica de León.

Es importante señalar que las ayudas serán para el periodo que abarca desde el 1 de enero de 2018, con carácter retroactivo, hasta el 31 de diciembre de 2019 (dos años).

En relación con que el plazo de solicitudes fuese en agosto, Pino de León fue tajante: “El mes de agosto no es un mes inhábil y en el Instituto se trabaja”. Además, señaló que “las administraciones deben ser rigurosos y cumplir con la legalidad para no poner en peligro los créditos del Plan Estatal de Vivienda y para que las personas tengan garantizadas sus ayudas”.

En este sentido, De León recordó que los Presupuestos Generales del Estado se aprobaron el 3 de julio, el convenio bilateral para el Plan de Vivienda se firmó el 31 de julio y “en tan solo seis días ya teníamos publicadas las convocatorias de las ayudas en el BOC, por lo que se ha actuado de forma rápida y rigurosa a la vez”, expuso la directora del ICV.