Los incumplimientos en depuración de la comarca de Güímar costarán al erario local más de tres millones de euros

Con la Unión Europa (UE) no se juega y una prueba de que esto es así, de que en Bruselas (Consejo y Comisión) y Luxemburgo (Tribunal Europeo) no se andan con chiquitas, es lo que ya seguro saldrá la broma de no depurar las aguas residuales del Valle de Güímar (a lo que estaba obligado por ley) al erario local (a tres ayuntamientos involucrados, al Cabildo de Tenerife o bien una fórmula mixta de pago). Será, por ahora, más de tres millones de euros, y esto solo si los plazos actuales de construcción de infraestructura no sufren retrasos, que habrá que verlo.

Esa es la cifra de dinero público definida como castigo si todo se consigue solucionar en el primer trimestre de 2020, algo que está en los papeles, solo en parte, y que seguro será muy difícil de lograr, mucho más cuando no solo se trata de construir una planta de depuración tipo EDAR, ya licitada y en obras, sino cuando vinculada a ella hay que montar la red comarcal que conduzca todas las aguas residuales del Valle de Güímar (Arafo -CC-, Candelaria -PSOE- y Güímar -PP-) hacia ese recinto industrial. Esto, como ha reconocido el Consejo Insular de Aguas, adscrito al Cabildo de Tenerife (CC-PSOE), está en pañales y también habrá que hacerlo.

Cumplir con la sentencia firme del Tribunal Europeo de Justicia (de julio pasado) es hacer las dos cosas (planta y red), lo que puede llevar la cuantía de la multa, por la parte que se abona mientras se tarda en tener la tarea realizada de verdad, a cifras de las que estas administraciones locales por ahora prefieren ni hablar.

Así está el patio del saneamiento y la depuración en el Valle de Güímar, tras el municipio de La Laguna, inicialmente afectado por las viejas condiciones de su planta EDAR de Valle de Guerra, haber resuelto sus problemas a tiempo. Esto fue posible por la mano que echó la Consejería de Aguas del Gobierno de Canarias. Se puede decir que La Laguna escapó en los minutos de descuento.

Avisos y más avisos que no despiertan alarma

La sanción impuesta por sentencia firme de julio pasado del Tribunal de Justicia de la UE aún está pendiente de definir a quién corresponde pagar, si al Cabildo o a los tres ayuntamientos afectados: Güímar (su alcaldesa, Carmen Luisa Castro, se niega a pagar, pese a que son competencias municipales), Arafo y Candelaria (o un acuerdo entre todos). Esta consiste en una parte fija e inicial de 900.000 euros más otra móvil de 800.000 euros por semestre que transcurre sin hacer la tarea. El contador se puso en marcha en julio pasado. Con el plazo previsto para tener la EDAR, la cuantía ya supera los tres millones de euros, y queda por ver lo que pase con la red integral.

La decisión final de quién debe pagar la multa está pendiente del criterio del Ministerio de Medio Ambiente, según confirmó el Consejo Insular de Aguas, que tendrá que resolver en breve a quién corresponde el castigo. El Cabildo de Tenerife no descarta que el abono al final se realice a través de la definición de una fórmula mixta, con fondos de las cuatro administraciones públicas involucradas, las tres locales y la insular.

La depuradora de Güímar, tras el fiasco de la que construyó hace 20 años el Gobierno de Canarias en la misma zona (nunca entró en uso y terminó inutilizada), ya está licitada pero no se terminará, como muy pronto, hasta el primer trimestre de 2020. Es la última previsión que ha dado el Cabildo. Su puesta en uso luego dependerá, como advierte el Cabildo, de cumplir con la directiva en todos sus extremos, lo que significa tener la red de distribución que conduzca las aguas residuales a esa planta EDAR. Esta hoy no existe.

El Tribunal de Justicia de la UE condenó a España en 2011 por incumplir los artículos 3 y 4 de la directiva sobre saneamiento y depuración (de obligado cumplimiento en todos los Estados miembros) en 37 aglomeraciones urbanas. Más tarde, en 2013, cuando terminó el plazo para subsanar los problemas previamente detectados, quedaron 17 casos sin resolver, entre ellos los de Güímar y La Laguna.

Ya en julio pasado, el mismo Tribunal publicó la sentencia firme por ese incumplimiento que, en Tenerife, afecta al Valle de Güímar, tras escapar a última hora el municipio de La Laguna.