El cierre tras sentencia judicial del geriátrico tinerfeño El Drago del Marqués deja a 36 mayores sin opción de realojo
El cierre tras sentencia judicial firme del geriátrico tinerfeño El Drago del Marqués, sito en Ifara, municipio de Santa Cruz de Tenerife, deja por ahora a 36 mayores sin opción de realojo. Así ha sido confirmado por el Ayuntamiento y por el propio centro, cuya dirección, de la empresa Residencias Atlántida, SA, ha decidido, en teoría en cumplimiento del fallo judicial, echar el cierre definitivo el 28 de marzo.
De los 176 ancianos que atendía ese geriátrico privado, por ahora son 36 los que no han podido ser reubicados, en parte por la escasez de recursos económicos de estos y de sus familias. Este lunes, los empleados del centro sociosanitario tinerfeño protestaron por fuera de las instalaciones en defensa de sus derechos laborales.
A la clausura del centro sociosanitario decretada por la dirección de la empresa para este 28 de marzo, se refirió este martes en Radio Club Tenerife el concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife (PP). Tarife aseguró que “no comparte el cierre de la empresa” pues entiende que la sentencia judicial “no obliga” a la clausura.
Tarife también insistió en que hay un expediente de restablecimiento de la legalidad en curso y que este, indicó, se prevé que abra “la posibilidad de legalización”, algo que no comparten los abogados de la parte denunciante.
La residencia de ancianos El Drago del Marqués, ubicada en la lujosa urbanización de Ifara, tiene hasta cuatro plantas más de las permitidas por el Plan General de Ordenación (PGO), según se recoge en la sentencia ya firme de los tribunales.
Esa irregularidad no se puede legalizar con la revisión de las licencias que, entre 2003 y 2009, ampararon de forma ilícita el proyecto de construcción, pues lo único legalizable, en tal caso, sería el uso sociosanitario de la parcela, que estaba prevista para club deportivo y guardería.
Así lo dejó claro una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), dictada hace un año, tras un contencioso administrativo planteado por vecinos de Ifara. La sentencia ya es firme, después de que el pasado día 10 de enero el Tribunal Supremo no haya admitido a trámite el recurso presentado por la empresa Residencias Atlántica, SA.
Tras conocerse ese fallo, la sociedad mercantil anunció que tendría que cerrar sus puertas y trasladar a otros centros asistenciales a 176 ancianos, algo que el Ayuntamiento no comparte y aún entiende que se podía haber evitado.
