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Santiago Pérez, tras las acusaciones de un imputado del caso Reparos: "Las campañas de desprestigio son el precio a pagar por denunciar ilegalidades"

Santiago Pérez, concejal de Urbanismo de La Laguna.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, ha publicado este sábado en las redes sociales de su actual formación política, Avante, un vídeo en el que diserta durante diez minutos sobre el caso Reparos, del que es denunciante, después las acusaciones vertidas por uno de los imputados en la causa, el exconcejal socialista Javier Abreu, que en su comparecencia ante la jueza instructora el pasado afirmó haberse sentido amenazado por el entorno de Pérez para declarar en contra de otros dos investigados, los exalcaldes Fernando Clavijo y José Alberto Díez, ambos de Coalición Canaria. 

Santiago Pérez contestará las “acusaciones infundadas” del exconcejal Javier Abreu si es llamado a declarar

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En este vídeo, Pérez sostiene que cuando asumió el "compromiso político, cívico y vital" de denunciar el "sistema de contratación ilegal establecido desde 2013 y con continuidad hasta mediados de 2019" por los nacionalistas canarios en el municipio sabía que "el precio mínimo a pagar es el desencadenamiento de campañas de desprestigio, de tergiversación". "Y esto está volviendo a ocurrir. Ocurrió con el caso de Las Teresitas (del que también fue denunciante) y todo el mundo sabe cómo terminó el caso de Las Teresitas, con los protagonistas en prisión, cosa que yo no pretendía, pero con el pueblo de Santa Cruz de Tenerife recuperando los 100 millones de euros que le fueron defraudados". 

El concejal de gobierno en La Laguna defiende que su actuación obedece a "la defensa de la legalidad democrática, de los intereses públicos y de los intereses de los contribuyentes" de un municipio que ha tenido que asumir "la bancarrota que dejó como herencia abandonada" la exalcadesa Ana Oramas, hoy diputada de CC en el Congreso. 

Pérez ha señalado que ya en 2016 advirtió a los dirigentes municipales que había que "erradicar" la práctica de levantar por decreto los reparos formulados con advertencia de ilegalidad por el interventor municipal para prorrogar contratos vencidos, en ocasiones millonarios, a las mismas empresas por la prestación de determinados servicios. El concejal de Urbanismo llevó el caso a los tribunales en 2018, entregando al juzgado la relación completa de todos los decretos que seguían este patrón. "No podía sacar alguno de ellos porque hubiera dado la imagen de que actuaba de forma discriminatoria y los argumentos iban a perder fuerza jurídica y autoridad moral. Por eso se presentaron todos". Tres de esas resoluciones estaban firmadas por Javier Abreu, que actuaba en sustitución del alcalde, lo que ha motivado que permanezca en la causa en calidad de investigado a pesar de no haber sido denunciado por Pérez. 

"Es evidente que aquellas prácticas estaban inspiradas desde las alcaldías de Fernando Clavijo y de José Alberto Díez, que dictaron decenas y decenas de esas resoluciones ilegales, favoreciendo siempre a esas mismas empresas. Yo me preguntaba a cambio de qué", asegura en el vídeo el exdirigente socialista, que afirma que cada uno de las más de 140 resoluciones que figuran en el procedimiento del caso Reparos "puede ser, en sí misma, delictiva". Sin embargo, "puede haber causas de justificación en aquellos casos donde una autoridad municipal haya firmado uno solo o pocos decretos y eso hay que apreciarlo, pero no podía retirar de aquella relación de decretos ninguno de ellos, porque todos compartían la misma ilegalidad". Es decir, habían sido dictados "al margen" de la Ley de Contratos del Sector Público y "en contra de las advertencias formuladas por aquellos funcionarios cuya misión es el control previo de legalidad de cualquier acto que pueda implicar consecuencias económicas para la hacienda municipal de La Laguna". 

El edil de Avante incide en que no son contratos menores, "de pequeña significación y alcance económico", sino de contratos que suponían para las empresas beneficiarias "facturaciones millonarias". "Cuando se favorece a algunas empresas de esta manera ilegal y tan descarada, tenemos que preguntarnos a cambio de qué. Todos saben que la corrupción entra por abajo, por las entidades locales, y particularmente por las prácticas ilegales en materia de contratación pública. En esto consiste el caso Reparos". 

Pérez sostiene que, al denunciar, "cumplió el deber legal" que le impone la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la de poner en conocimiento de la justicia "hechos que puedan ser constitutivos de delito". "Que el caso Reparos está formado por una serie casi infinita de delitos de prevaricación no solo lo pienso yo. Lo ha argumentado la Fiscalía Anticorrupción cuando tomó cartas en el asunto después de un largo año de pasividad por parte del juzgado de instrucción y de la fiscalía ordinaria", ha aseverado. 

Santiago Pérez señala que advirtió "muchas veces" a los concejales del PSOE, "porque yo era y sigo siendo del PSOE", que los pactos con CC "tienen muchos riesgos". El primero, "el desdibujamiento del perfil del PSOE y la frustración" de las expectativas depositadas en el partido por los ciudadanos que lo han votado. Pero, sobre todo, "el riesgo inminente, cierto, de que poquito a poco CC vaya asociando a los representantes del PSOE a sus prácticas ilegales y luego los ponga como escudo". "Esto no es una ensoñación mía, es el fruto de una larga experiencia, de ver cómo se manejan en las instituciones los representantes de lo que he llamado muchos años el régimen, un sistema de poder en el que en nuestra isla se juntaron desde 1987 los principales resortes del poder económico y el gobierno de las principales instituciones políticas", el Cabildo de Tenerife y los ayuntamientos de los dos grandes municipios de la isla, Santa Cruz y La Laguna. 

"Frente a esa concentración de poder a una escala como la nuestra, la libertad padece, la legalidad padece y la representación de los intereses generales también. Las instituciones acaban subordinadas a los grandes poderes empresariales que, en el marco de una isla, son casi irresistibles. El poder institucional tiene que servir, precisamente, de contrapeso, al servicio de los intereses generales y de los más débiles", concluye.  

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7 de noviembre de 2020 - 22:27 h

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