¿Por qué necesitamos una universidad… pública?

En los últimos tiempos se multiplican los titulares de prensa que cuestionan el papel de la universidad pública española. Se la acusa de ineficiente, burocrática o incapaz de adaptarse a los nuevos tiempos. Sin embargo, basta mirar a nuestro entorno para comprobar que estas afirmaciones no solo son exageradas, sino profundamente engañosas. Alemania, Dinamarca, Finlandia, Austria o Noruega —países que solemos poner como ejemplo de bienestar, competitividad y cohesión social— cuentan con sistemas universitarios esencialmente públicos, gratuitos y con una presencia marginal de instituciones privadas. Incluso en Portugal, donde la universidad privada tiene un peso mayor (alrededor del 35% del alumnado), o en Francia y España (en torno al 20%), el modelo dominante sigue siendo el público. Y en el caso francés, además, la mayor parte de la oferta privada se concentra en escuelas de negocios, no en universidades como ocurre en nuestro país.

La primera razón para defender la universidad pública es su papel como motor de equidad. La educación superior continúa siendo una de las vías más eficaces para acceder a empleos mejor remunerados y, por tanto, para garantizar igualdad de oportunidades. Desde los años 80, la expansión universitaria transformó el perfil social del estudiantado español: permitió que miles de jóvenes de familias sin tradición académica alcanzaran niveles de renta y cualificación superiores a los de sus padres. La evidencia es contundente. Estudios como los de José Manuel Pastor y Lorenzo Serrano muestran que la universidad pública ha sido “la palanca social por antonomasia” en España, un mecanismo que permitió el progreso económico de las clases menos favorecidas durante décadas. Aunque hoy el ascensor social muestra signos de desgaste —por la precariedad laboral, la desigualdad creciente o la dificultad de acceso a la vivienda—, la universidad pública sigue siendo uno de los pocos espacios donde el origen pesa menos que el mérito, y donde la financiación pública garantiza que el acceso no dependa de la renta familiar.

La segunda razón es su papel como espacio de investigación y creación de conocimiento. La economista Mariana Mazzucato lo ha explicado con claridad: el Estado no es un mero acompañante del sector privado, sino un actor imprescindible en la innovación. Las grandes transformaciones tecnológicas de las últimas décadas —desde internet hasta la biotecnología o las energías limpias— nacieron de inversiones públicas tempranas, arriesgadas y sostenidas, realizadas mucho antes de que existiera un mercado o un beneficio a la vista. Frente al tópico que presenta a lo público como torpe o burocrático, la universidad es el lugar donde se produce ciencia básica, donde se sostienen proyectos que requieren décadas de trabajo y donde se asumen riesgos que las empresas, guiadas por retornos rápidos, no están dispuestas a correr. Sin una universidad pública fuerte, la capacidad científica de un país se debilita, su autonomía tecnológica se reduce y su dependencia del exterior aumenta.

Cuando leo que la universidad pública española “está en crisis”, no puedo estar de acuerdo. La crisis la está generando el poder político, especialmente en Madrid y Andalucia, con los recortes económicos, que tienen dos efectos. El primero es abrir el mercado a la universidad privada y de paso debilitar un espacio de reflexión y autonomía

El tercer pilar es su capacidad para generar pensamiento crítico, una función esencial en cualquier democracia. La universidad pública combina condiciones institucionales, sociales y académicas que difícilmente se reproducen en el sector privado. Su misión está orientada al interés general y no a la lógica del cliente, lo que permite que el debate intelectual no quede condicionado por expectativas de mercado ni por la necesidad de satisfacer a un público concreto. Esa independencia se traduce en mayor libertad para cuestionar ideas dominantes, explorar enfoques incómodos y sostener investigaciones que no buscan rentabilidad inmediata. Además, la universidad pública reúne una diversidad social y cultural mucho más amplia, lo que expone a los estudiantes a realidades, trayectorias y perspectivas que desafían sus supuestos previos y enriquecen su capacidad de análisis. La mezcla de orígenes y experiencias es un motor natural de pensamiento crítico porque obliga a confrontar argumentos y a revisar prejuicios.

A ello se suma que el profesorado en la universidad pública suele contar con mayor protección institucional y libertad académica, lo que facilita abordar temas controvertidos sin temor a presiones económicas o reputacionales. Y la financiación pública permite sostener áreas de conocimiento que no son “rentables” pero sí esenciales para formar ciudadanos capaces de interpretar la complejidad del mundo: filosofía, historia, sociología, ciencias básicas. En conjunto, estas condiciones crean un espacio donde pensar no es un producto, sino un derecho y una responsabilidad colectiva.

Por eso, cuando leo que la universidad pública española “está en crisis”, no puedo estar de acuerdo. La crisis la está generando el poder político, especialmente en Madrid y Andalucia, con los recortes económicos, que tienen dos efectos. El primero es abrir el mercado a la universidad privada y de paso debilitar un espacio de reflexión y autonomía. Una sociedad democrática necesita una universidad pública fuerte, accesible, crítica y capaz de sostener el conocimiento que nos permite avanzar como país.