Zerolo, cada 30 de diciembre

Ya tienen ahí, para satisfacción de los que siguen creyendo en la Justicia y para frustración de sus acérrimos defensores, el auto de apertura del primer juicio oral al que se habrá de enfrentar el ex alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo. Su comportamiento en el caso García Cabrera (el viejo instituto del barrio de Ofra convertido en oficinas municipales previa inversión de más de 7 millones de euros sin la menor observancia de la legalidad vigente) es retratado de manera cruda por el magistrado del Supremo Luciano Varela, que lo manda a chupar banquillo junto a otros dos imputados (Guillermo Núñez y Joaquín Castro) para que respondan por el delito de prevaricación continuada. Por si alguno trata de alimentar alguna teoría extraña de la conspiración involucrando al magistrado en alguna operación contra Zerolo, sepan de antemano que se trata del mismo que instruyó hasta el empuramiento a Baltasar Garzón. Su intransigencia jurídica está más que probada y sus meticulosas instrucciones hasta el límite mismo de la filigrana terminan convirtiendo sus autos en piezas difícilmente refutables. A lo largo de los veintiún folios del auto de apertura de juicio oral se resume de manera muy pormenorizada cuál fue el comportamiento del hoy senador por la Comunidad Autónoma y los otros dos imputados; cómo fueron pasándose por el arco del triunfo todos los informes de reparos de la Intervención municipal, y cómo cada 30 de diciembre, como siempre sin tarjeta, se daban una prisa bárbara para aprobar las facturas de la empresa que ejecutó las obras para que pudiera cobrar. El magistrado apunta a la prevaricación administrativa (dictar a sabiendas una resolución injusta), pero la agrava precisamente con la continuidad con la que los imputados actuaron permanentemente durante años. El Código Penal no condena la prevaricación con penas de cárcel, sólo con la inhabilitación de los condenados. Pero en el caso que nos ocupa, de resultar la condena coincidente con la calificación que ha hecho el instructor, podrían caerle a los tres imputados una pena de hasta diez años de inhabilitación.

Firmeza e inhabilitación inmediatas

La decisión de Zerolo de hacerse senador por la Comunidad Autónoma, apoyada en 2011 por Coalición Canaria, elevó al Supremo todas las causas penales que tenía abiertas en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias: caso García Cabrera, Las Teresitas y Fórum Filatélico. Ese traslado ya está perjudicando notablemente a sus compañeros de imputación, que no sólo han de hacer frente a los gastos de defensa en Madrid, sino que habrán de conformarse sin derecho a recurso con la sentencia que se dicte en el alto tribunal español por tratarse de la última instancia, en este caso, única. Su hipotética condena conduciría a una nueva situación paradójica, muy acorde con el personaje: quedaría automáticamente inhabilitado para cargo público, perdería su condición de senador, por lo tanto de aforado, y los otros dos sumarios (Las Teresitas y Fórum Filatélico) habrían de regresar a los juzgados de instrucción de Santa Cruz de Tenerife, que elevarían la causa a juicio en los juzgados de lo penal de ese partido judicial. ¿Saben lo que es la dilación indebida? Pues vayan anotándola porque la van a exigir las partes seguro. Lo único que podría aplazar la ejecución de la sentencia, en caso de ser condenatoria, sería la suspensión por tramitación de un indulto, pero para ello debería informar el Supremo favorablemente, y el auto de Varela no es precisamente dubitativo. Resulta curioso observar cómo el mismo magistrado que echó a Garzón a los leones, manda a juicio a un senador que precisamente fue imputado por Garzón por un caso de prevaricación, el García Cabrera. Al magistrado expulsado de la carrera, precisamente por el mismo delito, le denegaron la suspensión y va camino de no tener indulto. Si el paralelismo se mantiene, Zerolo regresará pronto a Canarias viendo frustradas sus expectativas judiciales en la capital.

Un auto muy puñetero

A los amantes del Derecho les recomendamos la lectura del auto de Luciano Varela porque tiene todos los ingredientes de la minuciosidad. Por detenerse en detalles, el magistrado incluso ha repasado las actas de la junta de gobierno y los plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife hasta apreciar las erratas de sus redactores. Así, le llama la atención que la junta de gobierno del 26 de diciembre de 2006, al que fue el asunto García Cabrera tras una meteórica y defectuosa tramitación empezara “a las diez horas y treinta minutos” y terminara “a las diez horas y veinticinco minutos”, y del mismo día. Es decir, cinco minutos antes de comenzar. Y no fue una sesión cortita, como corrobora el mismo magistrado al consignar que el punto en cuestión fue el décimo séptimo de 36 y que el acta tiene 110 páginas. O sea, que hubo tela. Tampoco deja pasar por alto este magistrado del Supremo la condición de catedrático de Derecho Financiero y Tributario de Guillermo Núñez, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento; ni el currículo profesional del tercer imputado, Joaquín Castro, “funcionario del Ayuntamiento, licenciado en Derecho y que ha sido profesor y ponente en Cursos y Jornadas relacionadas con la contratación administrativa”. Sin caer en la grosería de Blesa este lunes en la Audiencia Nacional (“Un jubilado que cobra pensión no es un ignorante financiero”), Varela da valor a la formación y experiencia de estos dos imputados para reforzar su tesis de la prevaricación. Quizás por no haber ejercido nunca como abogado, no menciona la cualidad de licenciado en Derecho de Miguel Zerolo. Ha hecho bien porque ése sí puede alegar ignorancia en su defensa.

Silencio en los cenáculos políticos

Ni siquiera este auto de apertura de juicio oral por el que puede considerarse el más leve de los tres casos de presunta corrupción que Miguel Zerolo acumula en el Supremo, ha animado a los dirigentes de las tres principales fuerzas políticas de Canarias a manifestarse acerca de la continuidad del ex alcalde como senador en representación de la Comunidad Autónoma de Canarias. Tampoco la coincidencia de la noticia de su bajo rendimiento en la Cámara Alta, que lo ha situado en la cola de las señorías menos laboriosas, ha contribuido a una tímida petición de dimisión. Es evidente que Coalición Canaria no va a manifestarse en tal sentido. Ni la facción propensa a Paulino Rivero ni la que encabeza el sector Oramas-Clavijo en Tenerife que pide al relevo del presidente regional. Aquel porque, al fin y al cabo, Zerolo es hijo de sus siglas, y los segundos porque el ex alcalde de Santa Cruz es bien merecedor de gran protección por tratarse de un símbolo de esa ATI que se pretende recuperar para mayor gloria nivariense. Desde el PSOE, combativo como ninguno con Zerolo por sus trapacerías en el Ayuntamiento hasta el punto de denunciarlo penalmente, sólo se escuchan las voces de los denunciantes, verbigracia José Ángel Martín y su reducido equipo de fieles. La Ejecutiva Regional se desentiende, primero porque es un asunto que limita a las fronteras de Tenerife, y segundo porque no se trata ahora de incordiar al socio nacionalista. ¿Y el PP? ¿Cómo es posible que Soria no aproveche esta magnífica circunstancia para poner a Coalición Canaria en un brete? Muy sencillo, porque Su Excelencia sabe que a los perjudicados de una anatema a Zerolo serían los adversarios internos de Paulino Rivero, y hasta ahí podríamos llegar. Descarten que el PP se abstenga por coherencia con los casos de corrupción que cada día tiene que tapar, porque está científicamente probado que esos se las trae literalmente al pairo. Es más, están seguros de que estar acusados por corrupción les da más votos. Y así nos va. Todos ellos, por supuesto, se ahorrarán con este silencio cómplice con la corrupción salir en El Día como enemigos de Tenerife con petición de ahorcamiento o expulsión de la inminente República Nivariense de Canarias.