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Miguel Ángel Ramírez anuncia acciones legales contra la fiscal que lo interrogó junto al juez Alba

"De 90 preguntas que me hizo, 85 se referían a mi relación con la pareja de Victoria Rosell, cuando no era el objeto del procedimiento”

El empresario revela por qué grabó a Alba y por qué entregó aquella grabación a la Justicia: “Fue una medida de autoprotección para dar fe de lo que allí iba a ocurrir” porque “yo no sabía lo que me iba a proponer”

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El empresario Miguel Ángel Ramírez junto a su abogado, José Antonio Choclán. (ALEJANDRO RAMOS)

El empresario Miguel Ángel Ramírez junto a su abogado, José Antonio Choclán. (ALEJANDRO RAMOS)

“Esto no va a acabar aquí”. El empresario canario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas y expropietario de Seguridad Integral Canaria, ha anunciado este miércoles que sus abogados están preparando acciones legales contra la fiscal de Delitos Económicos de Las Palmas, Evengalina Ríos, por su “conducta irregular” durante el tiempo en el que el juez Salvador Alba lo investigó en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria.

Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que condenó a seis años y medios de cárcel y 18 de inhabilitación al magistrado suspendido en sus funciones Salvador Alba, el empresario ha comenzado a ofrecer entrevistas explicando, entre otras cosas, por qué entregó a la Justicia la grabación que inicialmente lo incriminaba a él por escuchársele conspirando con el condenado para tratar de perjudicar a la magistrada en excedencia y diputada de Podemos Victoria Rosell.

“Jamás me hubiera podido permitir acabar con la vida profesional y política de una persona en base a mentiras”, declaró este miércoles en el programa El Espejo Canario. “Yo no podía ser cómplice, por mi conciencia, solo por intentar librarme de algo de lo que yo era inocente”, explicó en relación a la causa que aún continúa abierta contra él en el juzgado de Rosell por delito fiscal, contra la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores.

Pero “ahora entramos en otra fase”, anunció durante la entrevista con el periodista Francisco Javier Chavanel. Y en esa “otra fase” que piensa acometer “escalón a escalón”, el empresario apunta directamente a la fiscal de Delitos Económicos de Las Palmas, Evangelina Ríos, a la que acusa sin miramientos de haber tenido una “conducta irregular” en la causa abierta contra él, particularmente a partir del momento en el que entró en el juzgado Salvador Alba en sustitución de Victoria Rosell.

En concreto, Ramírez se refirió al interrogatorio al que fue sometido el 23 de marzo de 2016, una semana después de su reunión clandestina con el juez Alba en la que ambos pactaron que el empresario relataría relaciones mercantiles con la pareja de la jueza Rosell para atribuir a esta una causa de abstención. “Cuando entra en un interrogatorio y ve que se me está preguntando por algo que no tiene que ver con el procedimiento, la fiscal tenía que haber parado aquello”, dijo en relación a aquella declaración en la que casi todas las preguntas fueron referidas a lo pactado entre Alba y él.

“Pero ella no se opuso”, recordó Miguel Ángel Ramírez, sino que, muy al contrario, “de 90 preguntas que me hizo la señora Ríos, 85 fueron por mi relación con la pareja de Victoria Rosell, cuando eso no era objeto del procedimiento”.

“Primero teníamos que demostrar que Alba había hecho lo que había hecho, pero esto no va a acabar aquí”, resaltó el empresario al ser cuestionado por el momento elegido para poner en marcha esta nueva fase. Sus abogados, a cuyo frente se encuentra José Antonio Choclán, ya preparan acciones penales contra la fiscal Ríos.

La fianza de 35 millones, decisiva

Durante la entrevista de este miércoles, Miguel Ángel Ramírez explicó por qué grabó su reunión clandestina con el juez Alba, celebrada en el despacho de este en la Sudiencia Provincial de Las Palmas el 16 de marzo de 2016. “Fue una medida de autoprotección para dar fe de lo que allí iba a ocurrir” porque “yo no sabía lo que me iba a proponer”.

Hasta aquel despacho se condujo Ramírez, según su versión, coaccionado por la imposición por parte De Alba de una fianza de 35 millones de euros que -en sus propias palabras- acabó con la reputación de sus empresas, provocó la desconfianza de los bancos, supuso el cierre de sus negocios en Miami y desembocó, a la larga el el final de Seguridad Integral Canaria, que vendió poco después y que en estos momentos se desintegra en un concurso de acreedores.

Con la fianza, “Alba quería acorralarme, amedentrarme”, y con esa sensación accedió a reunirse con él pero portando una grabadora camuflada en un bolsillo de su americana.

La grabación que obtuvo la presentó ante el mismo Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria a los pocos días de que lo abandonara Alba y lo asumiera la magistrada Carla Vallejo quien, tras conocer el contenido de la reunión, elevó al TSJC una exposición razonada que ha acabado con una primera sentencia condenatoria al juez Alba. Miguel Ángel Ramírez fue exonerado de cualquier responsabilidad en esa conspiración durante la fase de instrucción precisamente por haberla denunciado dentro de los plazos que permite la ley.

Tanto el juez Alba como su víctima, Victoria Rosell, ya han anunciado la interposición de recursos de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia condenatoria, conocida el pasado día 10.

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