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Cárcel para padre e hijo por falsificar contratos de trabajo y cartas de despido para cobrar el paro

Los dos son condenados por un delito de falsedad en documento privado en concurso con delito de estafa procesal y deberán indemnizar al Fogasa en las cantidades que obtuvieron a cuenta de su despido simulado (8.600 el padre y 7.200 euros el hijo)

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Tribunal Supremo. EFE

La sala segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la condena impuesta por la Audiencia de Tenerife de 4 años de cárcel y 3 años y medio, respectivamente, a un padre y su hijo por falsificar contratos de trabajo y cartas de despido de una empresa para cobrar el paro e indemnizaciones.

Los dos son condenados por un delito de falsedad en documento privado en concurso con delito de estafa procesal y deberán indemnizar al Fogasa en las cantidades que obtuvieron a cuenta de su despido simulado (8.600 el padre y 7.200 euros el hijo), informa en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El padre, José Alfonso Martínez Mergal, era funcionario del cuerpo general auxiliar de la Administración del Estado con destino desde 2008 en la Agencia Estatal Tributaria (Aduanas del aeropuerto sur) y desempeñaba funciones externas de asesoría para la empresa Construcciones Viproten SL, de lo que se aprovechó para hacerse con el sello de dicha sociedad para confeccionar los documentos falsos.

Junto a su hijo, Javier Martínez Figueroa, quien había prestado en periodos no determinados, pero inferiores a un año, servicios laborales para la empresa en cuestión, elaboró sendos contratos de trabajo entre cada uno de ellos y la mencionada empresa,

En los contratos figuraba la firma del administrador único de la sociedad, quien desconocía estos hechos pues no se correspondían con la realidad.

En concreto, José Alfonso Martínez Mergal, en contrato simulado fechado el 11 de agosto de 2006, se atribuía los servicios de jefe de administración a tiempo completo, con jornada de 40 horas semanales de lunes a viernes y de duración indefinida, con un salario de 3.000 euros mensuales.

Asimismo Javier Martínez Figueroa figuraba en un contrato de 23 de noviembre de 2006, de duración determinada, como albañil de la construcción, hasta el 22 de noviembre de 2007.

El 31 de octubre de 2007 los acusados presentaron como auténticos en la Oficina del Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias los mencionados contratos de trabajo simulados.

El 23 de febrero y el 2 de marzo de 2009 con la finalidad de cobrar las prestaciones por desempleo y ulterior subsidio para hacer creer que habían sido despedidos presentaron ante el Inem (hoy SEPE) sendas solicitudes de prestación contributiva acompañadas de certificados de empresa, según los cuales habrían dejado de prestar servicios el 14 de febrero de dicho año.

El engaño de los acusados se descubrió con ocasión de la reclamación al Fogasa de los salarios de tramitación en virtud de insolvencia de la empresa Viproten SL, que daría lugar al expediente administrativo, pues se constató el doble pago efectuado a estas personas y se presentó una denuncia ante la Fiscalía.

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