El Consultivo carga contra el Gobierno de Canarias por allanar el camino a los polémicos proyectos de interés insular

El Consejo Consultivo de Canarias ha cargado contra el Gobierno autonómico, formado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), por allanar el camino a la polémica figura de los proyectos de interés insular en la modificación de la Ley del Suelo, aprobada esta semana por el Consejo de Gobierno y que ahora se remitirá al Parlamento.

En un dictamen preceptivo, pero no vinculante, el órgano asesor ha reprochado al Ejecutivo regional la eliminación de algunos de los requisitos que justifican la declaración de iniciativas de interés insular, una herramienta que funciona como llave de paso para autorizar actuaciones sobre cualquier clase de suelo sin modificar el planeamiento y por la que se han colado proyectos muy controvertidos en las Islas, como ‘Underwater Garden’, en Guía de Isora (Tenerife), finalmente rechazado tras las movilizaciones sociales, o la ciudad del cine ‘Dreamland’, tanto cuando fue proyectada en Fuerteventura como ahora en Gran Canaria.

La Ley del Suelo de 2017, aprobada durante la primera legislatura de Fernando Clavijo (CC), permite este tipo de propuestas, ya sean públicas o privadas, siempre y cuando sean de carácter “estratégico” y traten de atender “necesidades sobrevenidas o actuaciones urgentes”. Es una figura que busca acelerar plazos e ignorar los tiempos de adaptación de los planes generales de ordenación (PGO) municipales, que suelen tardar años en acometer modificaciones.

Sin embargo, la nueva Ley del Suelo de Canarias, cuya modificación ha sido liderada por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, dirigida por Manuel Miranda (CC), elimina los condicionantes que exigían que estos proyectos tuvieran carácter estratégico y respondieran a necesidades sobrevenidas o actuaciones urgentes. Un cambio que, según el dictamen del Consultivo, afecta directamente a la naturaleza excepcional de esta herramienta.

El texto recuerda que el Tribunal Constitucional (TC) avaló en 2019 la figura de los proyectos de interés insular precisamente por su “excepcionalidad”. Esta se justificaba por “el carácter estratégico de su objeto (…); su justificación, pues han de responder a necesidades sobrevenidas o urgentes”, y, por último, “el carácter público de la iniciativa cuando puedan afectar a suelo rústico de protección ambiental”.

El TC respaldó la norma tras un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamento de Unidos Podemos. La controversia giraba en torno al “urbanismo de proyecto” que la norma introducía por este mecanismo frente al “urbanismo de plan” convencional. También preocupaba que el interés insular se convirtiera en una especie de cheque en blanco o vía de escape para ejecutar actuaciones en suelo rústico sin necesidad de una reclasificación, ya que “la estimación de qué sea interés insular o interés autonómico queda al albur de los cabildos insulares y la comunidad autónoma respectivamente”.

El Constitucional avaló la herramienta. Pero lo hizo sobre la base de un precepto, su excepcionalidad, al que ahora “no se ajusta” la reforma planteada por el Gobierno de Canarias.

Otra disposición cuestionada por el órgano asesor de la Comunidad Autónoma es la que permitiría que una ordenanza provisional (una norma municipal de carácter temporal que se aprueba para atender una situación de urgencia o necesidad) pueda reclasificar suelo rústico como urbano cuando se limite a “reconocer la fuerza normativa de lo fáctico”. Es decir, dar validez legal a hechos consumados o a terrenos ya alterados de facto. Esta previsión podría abrir la puerta a reclasificar de golpe suelo rústico como urbano cuando ya se hayan ejecutado edificaciones o urbanizaciones de forma irregular.

El Consultivo remarca que esta “fuerza normativa de lo fáctico”, un concepto que, recuerda, data de principios del siglo XX, “no puede invalidar a priori la legalidad”. O lo que es lo mismo: la realidad, por muy alterada que esté, no prevalece sobre el planeamiento.

El último artículo cuestionado por el órgano asesor es el 172, que regula la evaluación de planes y proyectos que afecten a espacios protegidos europeos de la Red Natura 2000. Esta disposición elimina la intervención del órgano ambiental competente y atribuye al órgano gestor del espacio protegido la potestad de determinar si un plan o proyecto requiere o no evaluación ambiental.

El Consejo Consultivo, no obstante, recuerda que la Ley de Evaluación Ambiental, de 2013, obliga a separar ambas funciones: el órgano gestor del espacio protegido emite un informe sectorial, mientras que corresponde al órgano ambiental determinar si la iniciativa debe someterse a evaluación ambiental.

Estos tres artículos (el de los proyectos de interés insular, el que permite la reclasificación de suelo a través de ordenanzas provisionales y el relativo a la evaluación de propuestas que afecten a espacios de la Red Natura 2000) “no se ajustan a la legislación básica del Estado”, concluye el Consultivo. El resto, sí.

La modificación de la Ley del Suelo de Canarias ha llegado esta semana al Parlamento tras un “amplio proceso de participación que duró más de un año y en el que intervinieron 700 profesionales en un total de 17 foros”, según ha defendido el Gobierno de Canarias en una nota de prensa.

El comunicado apunta que se trata de una reforma “clave” para que el Archipiélago “pueda enfrentarse a buena parte de los retos que tiene frente a sí”. El consejero Manuel Miranda también ha defendido que la propuesta tiene como objetivo “continuar con la filosofía” de la Ley del Suelo aprobada en 2017, una norma que ha calificado como “buena” y que, según ha dicho, ha permitido impulsar más de 250 modificaciones del planeamiento. Sin embargo, considera que debía “adaptarse a la nueva realidad” de las Islas.

Miranda ha señalado asimismo que el texto ha sido mejorado por el Consejo Consultivo, sobre todo para dotarlo de “mayor claridad y precisión respecto a las condiciones de la evaluación ambiental, los proyectos de interés insular o autonómico y los nuevos planes de renovación de suelos industriales”, aunque no ha detallado en qué se concretan esas mejoras.

En la página de transparencia del Ejecutivo regional, de hecho, sigue figurando el primer borrador de la reforma, que recoge textualmente que esta “revisa la regulación de los proyectos de interés insular y autonómico, convirtiéndolos en una figura ordinaria, no excepcional”.