Las empresas de 'timesharing' del Grupo Anfi entran en concurso de acreedores

El magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil 1 de Las Palmas de Gran Canaria, Alberto López Villarrubia, ha declarado el concurso necesario de acreedores de dos de las sociedades del principal operador en Europa del negocio turístico de las vacaciones por semanas o a tiempo compartido -timesharing- , el Grupo Anfi, radicado en el sur de Gran Canaria. En un auto dictado el pasado 20 de septiembre, el juez estima la solicitud de la empresa Isla Marina, filial de la cadena hotelera Lopesan, y dictamina que Anfi Sales y Anfi Resorts, sociedades que hasta 2020 acumulaban una deudas de 56,6 millones, se encuentran en una situación de insolvencia.

Este litigio judicial había puesto de manifiesto la pugna entre los dos socios de Anfi. Por un lado, el Grupo Santana Cazorla, que no solo posee el 50% de las acciones de la empresa, sino que, además, dispone de una posición preferente, ya que el voto de sus representantes en el Consejo de Administración vale el doble en los asuntos de mayor relevancia, como la aprobación de las cuentas o la designación del director general. La otra mitad pertenece al grupo Lopesan, que adquirió en 2016, a través de la cadena hotelera IFA, las participaciones que tenían los herederos de Bjorn Lyng, el empresario noruego que fundó la compañía en los años ochenta e implantó el modelo de la venta por semanas de inmuebles de uso turístico. 

Isla Marina, la empresa que solicitó el concurso necesario de acreedores de Anfi, es una filial de Lopesan. Reclamaba una deuda de 30 millones de euros que tiene su origen en el impago de tres cuotas de un préstamo sindicado (suscrito con varias entidades financieras) de tipo bullet. Esta modalidad de crédito se utiliza en el ámbito empresarial para financiar operaciones y dotar de liquidez inmediata a las compañías, que pueden devolverlo en cuotas semestrales de reducido importe hasta la última, la de vencimiento, que es la más elevada. En este caso, correspondía al 25% del capital. Es decir, 23 millones. Tampoco había pagado las dos anteriores, que sumaban 7 millones. Isla Marina se convirtió en acreedor de las sociedades del Grupo Anfi cuando decidió comprar el préstamo que había originado la deuda con los bancos. Es decir, los derechos de cobro de esas cantidades impagadas. 

Anfi Sales y Anfi Resorts se habían opuesto a esa petición de concurso de acreedores por decisión de su presidente, Manuel Santana Cazorla, que se había arrogado la representación de esas compañías y había designado a los letrados para llevar este procedimiento. Argumentaban en síntesis, que se trataba de una maniobra de sus socios para hacerse con el control de la compañía. El magistrado rechaza en el auto que se produjera un “abuso de derecho” por parte del Grupo Lopesan en este procedimiento judicial, como sostenía la parte contraria.

Durante la vista celebrada a finales de julio, los peritos de parte dibujaron realidades opuestas de la situación económica del Grupo Anfi. Santana Cazorla presentó un informe elaborado por José Manuel Arias, un auditor y profesor de Economía en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) que llegó a calificar la salud financiera de la compañía de “sueño para los bancos”, pese a que las entidades financieras se habían negado a refinanciar la deuda generada a raíz de los impagos de las tres últimas cuotas del préstamo bullet.

Además, defendía que las sociedades disponían de un vasto patrimonio inmobiliario que podía servir para resolver las deudas que mantiene no solo con Isla Marina, sino también con los clientes que reclaman las cantidades a las que tanto Anfi Sales como Anfi Resorts han sido condenadas a pagar como consecuencia de las múltiples sentencias que han recaído en su contra por irregularidades en la comercialización de productos de vacaciones por semana a tiempo compartido, el principal negocio del grupo. 

Frente a ese mapa trazado por Arias, la representación de Isla Marina aportó un contrainforme firmado por el auditor y economista Enrique Faura que sostenía que la empresa era insolvente y no podía cubrir sus obligaciones de pago con los inmuebles. En su declaración en la vista de julio, Faura remarcó que la actividad de la empresa generaba unos ingresos de 1,7 millones de euros al año, un flujo “insuficiente” para saldar sus deudas tanto con la filial de Lopesan (30 millones) como con antiguos clientes de timesharing (unos 40 millones). Según sus cálculos, el Grupo Anfi tardaría alrededor de 50 años en poder finiquitar esas deudas. Con respecto a los inmuebles, recordó que si los bienes “no son realizables”, no se pueden convertir en flujo de caja de manera inmediata, la sociedad sigue estando en una situación de insolvencia. 

Además de constatar la situación de bloqueo en el Consejo de Administración de Anfi por las pugnas entre los dos socios, el auto que ha resuelto en primera instancia este pleito (la resolución se puede recurrir ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, pero no causa efectos suspensivos sobre la declaración del concurso) admite la tesis del perito contratado por Isla Marina, cifra en 56,6 millones de euros la deuda que las dos empresas de timesharing del Grupo Anfi acumulaban en febrero de 2020, fecha en la que se presentó la solicitud de concurso necesario de acreedores, y confirma que son incapaces de acceder a financiación para saldarlas y que tampoco disponen de tesorería suficiente.

Medios “excepcionales” para saldar las deudas

A partir de la prueba practicada, el juez concluye que las obligaciones contraídas por esas dos sociedades no pueden ser atendidas con los ingresos regulares de la empresa, sino acudiendo a “medios excepcionales”, como la designación de bienes en los procesos de ejecución y embargos, ofreciendo patrimonio inmobiliario. Un hecho que, a su juicio, demuestra la falta de solvencia.

La resolución rechaza otros dos argumentos esgrimidos por la empresa para tratar de esquivar el concurso. Los representantes del Grupo Santana Cazorla negaban que Anfi Sales y Anfi Resorts tuvieran “una pluralidad de acreedores” y defendían que la deuda originada por el préstamo sindicado “ni era general ni era irreversible”. Sobre la primera aseveración, el juez recuerda que, aparte de las obligaciones con Isla Marina por un importe cercano a los 30 millones de euros, las empresas turísticas de tiempo compartido sumaban, en la fecha de presentación de la la solicitud de concurso, más de 1.700 reclamaciones de clientes que solicitaban la nulidad de sus contratos, de las cuales cerca de 1.400 contaban ya con sentencia condenatoria para el operador de timesharing. Con respecto al préstamo sindicado, el auto remarca la negativa de los bancos a refinanciar la deuda e incide en que, para poder saldarla, solo ofrece medios “extraordinarios”, no recursos regulares.

Según las cuentas anuales, Anfi Sales y Anfi Resorts apenas disponían de 600.000 euros de tesorería, una cantidad insuficiente para afrontar las deudas, incluso aunque se computaran los importes de las cuentas pendientes de cobro de clientes, que ascendían a 10,3 millones.

El auto apunta que, salvo tres inmuebles, todas las propiedades de esas dos sociedades del Grupo Anfi han sido designadas en los procesos de ejecución judicial de cara a un posible embargo. A excepción de cuatro, todas están gravadas con una hipoteca, por lo que su valor de realización, la posibilidad de obtener liquidez inmediata con su venta, se reducen. A pesar de ello, “parece que el valor de tasación (de esos inmuebles) es superior al saldo vivo de las hipotecas que lo gravan”, por lo que en este punto sí que reconoce a la deudora que los embargos “no afectan de manera generalizada al patrimonio de la sociedad”.

El Grupo Santana Cazorla ya no podrá administrar ni disponer del patrimonio de las empresas Anfi Sales y Anfi Resorts, que quedan en manos de un administrador concursal que ordenará los pagos a los acreedores y tratará de garantizar la continuidad de las sociedades.