Caso Mascarillas

El fiscal pide la retirada del pasaporte al empresario que cobró 4 millones al Gobierno canario por unas mascarillas inservibles

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este viernes al juez que instruye el llamado caso Mascarillas en Canarias que retire el pasaporte y obligue a comparecer una vez al mes en los Juzgados al administrador de la empresa RR7 United S.L., Rayco Rubén González, acusado de una presunta estafa de cuatro millones de euros al Servicio Canario de Salud.

Esa es la petición que el Ministerio Público ha hecho ante el juez de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, después de que este citara de nuevo a González para estudiar su situación, tras haberse acogido el empresario a su derecho a guardar silencio cuando lo convocó hace unos días para que explicara como imputado su participación en los hechos que se investigan.

La nueva comparecencia ante el juez de Rayco Rubén González, que se enfrenta a cargos por estafa agravada, ha durado en torno a media hora.

González es el administrador de RR7 United S.L., una empresa dedicada al sector de la automoción y sin experiencia en el ámbito sanitario que resultó adjudicataria en mayo de 2020 de un contrato de emergencia del Servicio Canario de Salud (SCS) para la adquisición, por cuatro millones de euros, de un millón de mascarillas FFP3 (a cuatro euros la unidad). El objetivo era proteger al personal sanitario de los hospitales de las Islas en los primeros meses de la pandemia de Covid-19, en un contexto de escasez de material y alta competencia en los mercados internacionales. El empresario recibió el importe total del contrato por anticipado en dos pagos, pero nunca entregó la mercancía comprometida. 

En mayo de 2021, el SCS resolvió el contrato con RR7 United por incumplimiento de las condiciones pactadas. Dos meses antes había llegado al aeropuerto de Gran Canaria una partida de algo más de 900.000 mascarillas que acabaron siendo destruidas después de que la empresa fabricante 3M informara a la Agencia Tributaria Española que era mercancía falsificada. Pese a la resolución del contrato, y sin haber recibido ni una sola unidades, el SCS concedió una segunda oportunidad a la empresa. Con el contrato ya extinguido, le permitió cambiar el modelo de mascarillas y mantener el precio, aunque incrementando un 20% el número de cubrebocas. Tampoco en esa ocasión llegó al Archipiélago el material.  

El magistrado Javier García García-Sotoca, titular del Juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria, también ha citado a declarar, en calidad de investigados, a tres familiares de Rayco Rubén González (su madre, su pareja y un primo) que figuran como administradores o apoderados de las sociedades que el empresario habría utilizado para ocultar el dinero presuntamente obtenido de manera ilícita y adquirir siete vehículos de lujo por un importe superior al millón de euros. 

Adoración Sánchez (madre de Rayco Rubén González), Belén María de los Ángeles Alemán (pareja) y Kilian Sánchez (primo) comparecerán ante el juez el 11 de noviembre, una semana después de que lo haga, por escrito y como testigo, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, para aclarar cuáles eran las competencias del actual director del Servicio Canario de Salud (SCS), el también investigado Conrado Domínguez, como coordinador del Comité de Emergencias Sanitarias durante la pandemia de COVID-19.