CASO MASCARILLAS CANARIAS

El juez cita como investigados a tres familiares del empresario imputado por estafa en el caso Mascarillas

El empresario Rayco Rubén González. (EFE)

Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria —

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El magistrado Javier García García-Sotoca, que instruye el denominado caso Mascarillas del Servicio Canario de Salud (SCS), ha citado a declarar como investigadas a tres personas del entorno de Rayco Rubén González, administrador de RR7 United S.L., la adjudicataria del contrato de emergencia para la compra, durante la pandemia, de un millón de mascarillas FFP3 que tenían como destino los hospitales públicos de las Islas y que nunca fueron servidas pese a que Sanidad pagó por adelantado cuatro millones de euros. 

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Se trata de Adoración Sánchez, Belén María de los Ángeles Alemán y Kevin Sánchez. Son, respectivamente, madre, pareja y primo del empresario. Todos ellos guardan relación con las dos empresas que, según el fiscal Anticorrupción Javier Ródenas, habría utilizado Rayco Rubén González para ocultar más de un millón de euros presuntamente defraudados a las arcas públicas y adquirir con ese dinero coches de lujo. Los tres han sido citados a declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción 7 de la capital grancanaria el 11 de noviembre.  

Una de esas sociedades es Berabemar 2017, que tiene a Adoración Sánchez, madre de Rayco Rubén González, como administradora única desde agosto de 2015 y a Belén María de los Ángeles Alemán, madre de los hijos del empresario, como apoderada desde 2014. En su querella, el fiscal sostiene que el investigado por estafa y blanqueo de capitales simuló operaciones de préstamo entre empresas que estaban “bajo su dominio de hecho” para ocultar “la ilícita procedencia” del dinero público obtenido e impedir que la Agencia Tributaria Canaria pudiera recuperar, por la vía de apremio, los cuatro millones de euros que el SCS pagó por esas mascarillas que nunca llegaron a su destino. 

Una vez cobrado el dinero público y sin haber entregado ni una sola mascarilla al SCS, Rayco Rubén González ordenó transferencias desde la cuenta de la adjudicataria, RR7 United, a Berabemar 2017 por un importe total de 272.000 euros. Con parte de esos fondos, adquirió un Porsche 911 GT3 (100.000 euros) y un Audi RS6 Avant (83.800 euros). 

También bajo el concepto de “préstamos”, el empresario traspasó desde mediados de diciembre de 2020 un total de 811.841,36 euros a Yimbo 7 Inversiones S.L., una empresa que había creado dos meses antes y que desde enero de 2021 tiene como administrador único a Kevin Sánchez, primo del querellado. Esta sociedad compró dos Lamborghini Urus, cada uno por valor de 140.000 euros; un Lamborghini Aventador S por 280.000; un Bentley Bentayga por 102.000 y un Mercedes Benz AMG GT C Roadster por 80.000.

Aparte de la citación como investigados de los tres familiares del empresario querellado por la presunta estafa y blanqueo de capitales, el juez instructor ha solicitado informe a la Audiencia de Cuentas, que ya detectó indicios de responsabilidad contable en la tramitación de este expediente en el Servicio Canario de Salud, así como el informe sobre los hechos acaecidos en el aeropuerto de Gran Canaria en marzo de 2021, cuando se destruyeron algo más de 900.000 euros que habían llegado procedentes de Etiopía después de que la fabricante 3M alertara de que se trataba de mercancía falsificada. 

Este miércoles se conocía, además, que el juez ha citado a declarar como testigo para el 2 de noviembre al presidente del Gobierno de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres, para qué aclare cuáles eran las competencias del actual director del Servicio Canario de Salud, el investigado Conrado Domínguez, en el Comité de Emergencias Sanitarias que durante la pandemia de Covid-19 asesoraba al Ejecutivo regional en la toma de decisiones. Torres podrá hacer esta declaración por escrito. 

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